Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
El 20 de junio una niña de 11 años fue reportada desaparecida en el ejido 20 de Noviembre en Matamoros, Coahuila. La noche del día 21 fue encontrada con una grave crisis emocional e indicios de agresión física y sexual. La retuvieron, la atacaron y violaron entre cinco hombres.
Su familia la llevó al Hospital General de Francisco I. Madero y, posteriormente, la trasladaron al Hospital General de Torreón, en donde fue “valorada”.
La pequeña señaló a cinco agresores, pero hasta el momento solo hay un detenido y la fiscalía aún continúa el proceso de investigación,aunque sólo con dos imputados.
El caso fue abordado en la edición Número 2 de El Coahuilense, por Valeria López Luévanos. En su artículo, la autora expuso los diferentes aspectos de revictimización inclusive a escala social.
Hay más: La Fiscalía General de Justicia de Coahuila (FGJ) informó a El Coahuilense que el asunto se sigue substanciando bajo la Causa Penal 1212/2022. En la carpeta de investigación figura un individuo de nombre Juan, de 26 años de edad, con cargos de violación equiparada en menor de 15 años. El otro, identificado como Joel, aparece en la carpeta con el cargo de abuso sexual a menor de 15 años.
Juan está ya vinculado a proceso, luego de que el 28 de junio se diera su audiencia inicial y el 3 de julio la audiencia de vinculación en la que se le dictaron tres meses en prisión preventiva de oficio por la gravedad del delito y mientras se realiza la investigación complementaria. En tanto,Joel tiene orden de aprehensión vigente pero sigue prófugo. Los otros tres señalados por la pequeña no fueron tomados en cuenta en la indagación de la FGJ.
Testimonios recogidos en la comunidad, permiten saber que en la plaza pública se siguen reuniendo los otros tres señalados, consumiendo alcohol y drogas por lo que han sido exhibidos en videos colocados en redes sociales.
Y es que la indignación social por el caso ha salido a las calles, muy a pesar del divisionismo que se patenta en la comunidad. Por ejemplo, el 25 de junio, decenas de personas del ejido “20 de Noviembre” cerraron la carretera Torreón-San Pedro por varias horas en exigencia de justicia.
Fue hasta el día siguiente cuando un juez liberó únicamente dos órdenes de aprehensión y hasta el 27,casi una semana después de los hechos, que lograron ubicar y detener sólo a uno de los agresores, identificado como Juan.
NEGLIGENCIA HOSPITALARIA Y MINISTERIAL
Ariadne Lamont, vocera del Colectivo Activistas Feministas de la Laguna, quien ha dado seguimiento al caso y acompañado a la familia, menciona que el médico no atendió a la menor debidamente, pues no le suministraron todos los medicamentos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 064 de violencia familiar, sexual y contra mujeres.
Dicha norma hace obligatoria la administración de medicamentos especializados para que la víctima no contraiga ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual, incluyendo también medicamentos profilácticos para evitar posibles embarazos.
El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes no se presentó en el hospital y dio atención al caso cinco días después, cuando la familia asistió a las instalaciones para levantar la denuncia y tomar su declaración.
La información de Lamont, en efecto, es corroborada por la propia FGJ en la respuesta al pedimiento de información que esta reportera hizo a la Coordinación de Comunicación Social. La fiscalía establece como fecha de denuncia ante el agente investigador del ministerio público del ejido Coyote, el 22 de junio, es decir, un día después de que la pequeña fue localizada.
Sin embargo, el caso fue remitido al ministerio público especializado en menores hasta el 24 de junio, de manera que, en efecto, transcurrieron casi cinco días desde que la niña desapareció.
Ariadne Lamont destaca que la última actualización que tuvo respecto a la atención de la salud mental de la menor fue que se le canalizó al Centro de Salud Mental, en donde las listas son de un prolongado tiempo de espera debido a la saturación de pacientes.
“A más de un mes del hecho aún no se han mostrado avances en el caso, y es evidente que el estado no ha hecho lo suficiente ni lo necesario para proteger la salud física y mental de la niña, pues las instituciones son lentas a pesar de que tienen los recursos públicos suficientes para abordar el caso; es notorio que hay diversas negligencias”, advierte.
PRONNIF, ELEFANTE BLANCO
La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) no tomó este caso con sentido de urgencia, ni le ha dado a la víctima el trato especializado que requiere, pues se trata de una instancia en la que no hay gente capacitada.
Entre las principales funciones de la Pronnif, con base en la información que se encuentra en su sitio web destaca el brindar apoyo, asistencia y orientación jurídica a niños, niñas y adolescentes, además de atender a todo reporte de riesgo, amenaza, afectación o situación extraordinaria.
Además de la evidente inacción en el caso, la Pronnif es una institución en la que campea la opacidad; la información en sus obligaciones mínimas de transparencia y las estadísticas que presentan en el portal Coahuila Transparente son opacas y se encuentran desactualizadas, pues mayoritariamente corresponde a datos de 2019.
La titular de la Pronnif es María Leticia Sánchez Campos, hija de Melchor Sánchez, ex alcalde de Monclova, Coahuila, y quien ha ocupado diversos cargos públicos, aunque no relacionados con protección de las infancias.
La funcionaria no ha fijado una postura respecto al caso. El Coahuilense le solicitó una entrevista para conocer su posición respecto a la inacción y el tortuguismo en la atención del asunto, alguna actuación o al menos algún diagnóstico de la situación, pero no accedió a tomar la llamada.
VÍCTIMAS DEL SISTEMA
De acuerdo con el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez, la investigación de casos como el de la pequeña del ejido “20 de Noviembre” le corresponde a la FGJ. En las fiscalías, afirma, las omisiones y los procesos de negligencia son muy comunes.
“En términos de prevención, el caso le corresponde a la Pronnif e implica atender las alertas de manera rápida y eficiente. En las procuradurías suele haber fallas recurrentes, principalmente, por la saturación de casos sin atender, y porque no hay suficiente personal calificado y especializado”, explica.
“Las autoridades actúan o simulan actuar únicamente cuando los casos se viralizan en las redes sociales y se sienten presionados por la sociedad, trayendo como consecuencia que no inviertan tiempo en investigar o dar seguimiento a casos similares que no son visibles y que queden abandonados”, añade.
La inacción en los casos y la desigualdad llevan a que la familia recurra a los medios de comunicación y las redes sociales para ser escuchados, sostiene.
Además, las carpetas de investigación son frágiles por los fallos de la fiscalía a la hora de investigar, pues hacen omisiones en el caso y, al momento de llegar al poder judicial, es frecuente que los culpables sean liberados e incluso que no sean detenidos.
Por lo anterior, explica, la Fiscalía y la Pronnif revictimizan a la menor, pues además de ya ser víctima de hechos criminales vuelve a convertirse en víctima al no tener acceso a la justicia.
Juan Martín Pérez, quien coordina Redim en todo el país, explica que la tarea de las autoridades va desde la prevención y la investigación apropiada para garantizar que los culpables sean detenidos y reciban la sentencia correspondiente.
Sin embargo, dice, es notoria la desigualdad en la solución de los casos en la práctica, a pesar de que por ley es obligatorio que, a cualquier víctima, sin importar su condición, se le dé el mismo trato e importancia.
“En la necropolítica que actualmente rige al país, funcionarios, funcionarias y diversas autoridades han encontrado en cifras de feminicidios, homicidios y violencia sexual una herramienta para aparentar resolver casos y maquillar cifras para pretender que hay una disminución y tratar de demostrar que son eficientes”, concluye.
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