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Ciudad de México.– En los últimos cuatro años, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado concretar sentencias contra funcionarios públicos en casos como la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados, la trama de corrupción Odebrecht, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa o el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, además de la investigación que mantiene en contra de Juan Collado, abogado de exfuncionarios priistas y a quien acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El mes pasado un Juez federal suspendió el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el caso Agronitrogenados, donde se le acusaba por operaciones con recursos de procedencia ilícita, también se libró de pagar un acuerdo reparatorio. Hasta el momento sólo el empresario Alonso Ancira Elizondo, empresario acusado de sobornar a Lozoya, está obligado a pagar 216.6 millones de dólares a la petrolera de los cuales, hasta inicios de este año, ya había entregado 104 millones.
Aunque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Presidente y la propia FGR criticaron la decisión, las irregularidades no sólo recaen en el juzgador Genaro Alarcón López, también en las fallas cometidas por la Fiscalía, que abrió la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio pese a ser un tema de interés público, como ha destacado la organización de litigio estratégico Tojil.
Ancira Elizondo concretó en abril de 2021 un acuerdo reparatorio con Pemex. Emilio Lozoya buscó sin éxito un acuerdo similar, pero el 31 de agosto sus abogados pidieron suspender el proceso porque el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA) ya se encontraba reparando el daño, esto lo justificaron con la tesis aislada publicada días antes en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 2027042, y el argumento fue aceptado por el Juez Alarcón López.
Organizaciones han cuestionado el que la FGR accediera a buscar un acuerdo reparatorio. Las mismas críticas pesan contra las autoridades por la otra investigación que mantiene a Lozoya Austin detenido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, la relacionada con la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, donde el exfuncionario busca un criterio de oportunidad pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales plantea que esta figura legal no puede aplicarse en casos de interés público.
“Este criterio se aplicó erróneamente porque se le olvidó al Juez una cosa muy importante: que el acuerdo reparatorio no procedía en este caso [Agronitrogenados] porque no hay solamente el interés de la víctima directa, sino que hay un interés más allá de que ese esclarezcan los hechos y es que el hecho no quede impune, que haya garantías de no repetición”, destacó la abogada Adriana Greaves, cofundadora de Tojil.
A esto se suma el revés que la FGR recibió en la investigación por Odebrecht, donde acusa al exfuncionario en el Gobierno de Enrique Peña Nieto de recibir sobornos, esto porque el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México rechazó información bancaria obtenida por la dependencia, clave para demostrar los sobornos por 10.5 millones de dólares que Lozoya Austin y sus familiares habrían recibido de la constructora brasileña a través de una red de empresas fachada radicadas en Suiza. Con ello, el exfuncionario buscará anular el proceso, incluso su abogado Miguel Ontiveros pronóstico esta semana en entrevista con Carmen Aristegui que “se va a caer el caso”.
“La FGR ha demostrado que hace acusaciones a la ligera, con el objetivo nada más de dar la apariencia de que se está haciendo algo, pero no es así, es muy fácil para la Fiscalía presentar acusaciones sin soporte probatorio para que los jueces no tengan fundamentos y luego echarles la culpa, pero en realidad las investigaciones no están bien hechas”, criticó Susana Camacho, consultora en temas de justicia penal y una de las encargadas de elaborar junto a organizaciones civiles el balance ciudadano de los dos primeros años de gestión del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
EL CASO AYOTZINAPA
El otro gran pendiente de la dependencia son las sanciones penales a funcionarios relacionados con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014, tema para el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió justicia desde antes de iniciar su sexenio.
Este 27 de septiembre la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa reveló en un informe que la mal llamada “verdad histórica” sobre lo que le ocurrió a los normalistas fue una construcción que llevó a cabo el Gobierno de Enrique Peña Nieto y en la que participaron, además del expresidente, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el exprocurador Jesús Murillo Karam, el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Marina Vidal Francisco Soberón, el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño; el director del Cisen, Eugenio Imaz; el encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Jorge Hugo Ruiz Reynaud; y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AICM), Tomás Zerón de Lucio.
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