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“Lo grave es que Cienfuegos inexplicablemente no ha sido llamado a declarar no sólo ante la FGR, sino ante la Covaj”.
Por Álvaro Delgado Gómez
En México prevalece aún la vieja consigna del periodismo servil y corrupto según la cual no debe criticarse al Presidente, al Ejército y a la Virgen de Guadalupe, pero en un régimen democrático todos estamos sujetos a riguroso escrutinio, incluyendo las Fuerzas Armadas y su larga lista de abusos en el pasado, en el presente y en todo momento, porque jamás nadie —ni políticos ni policías ni militares— debe ser impune.
También es vicio habitual en el periodismo, la política y en las conversaciones públicas las generalizaciones que exoneran o condenan, a menudo con base en expresiones estridentes o sin contexto, que se asimilan hasta por pereza de allegarse más información o por mera consigna ideológica.
Eso ha ocurrido con el diploma que el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, como exdirector del Colegio Militar y la defensa que de él hizo sobre las acusaciones de narcotráfico del gobierno de Estados Unidos y su participación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace nueve años.
“No hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos”, dijo el Presidente de México, el jueves 12, en respuesta a las reacciones que concitó la ceremonia, un día antes, por el 200 aniversario del Colegio Militar y la entrega de la presea como exdirectores a los generales Cienfuegos y Enrique Cervantes Aguirre y al actual, Jorge Antonio Maldonado Guevara.
Y, en efecto, en la investigación penal de la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) no existe, hasta ahora, una imputación “de manera directa” contra Cienfuegos por la detención, desaparición y asesinato de los 43 normalistas.
Pero sí existe un señalamiento inequívoco contra Cienfuegos en el Segundo Informe de la Covaj, que preside el subsecretario Alejandro Encinas, por su participación en la construcción de la “verdad histórica”, como se denomina a la hipótesis del gobierno de Peña de que los 43 fueron víctimas de policías y criminales que los incineraron todos juntos en el basurero de Cocula.
Y este es un asunto de enorme relevancia en el esclarecimiento pleno del caso, porque Cienfuegos participó, como titular de la Sedena, en las reuniones de la “Junta de Autoridades” en la residencia oficial de Los Pinos, encabezadas por Peña, para validar la hipótesis del procurador Jesús Murillo Karam, actualmente preso, y el jefe policiaco Tomás Zerón, fugitivo en Israel.
Lo grave es que Cienfuegos inexplicablemente no ha sido llamado a declarar no sólo ante la FGR, sino ante la Covaj. Este militar debe rendir su testimonio sobre lo que se definió en las reuniones de la “Junta de Autoridades”, pero también cuándo se enteró como titular de la Sedena de los hechos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, y qué instrucciones dio.
No es que se le esté imputando nada, pero es su obligación testimoniar ante las autoridades para el debido esclarecimiento de los hechos, sobre todo ahora que hay dos generales presos acusados de desaparición forzada y de estar vinculados a los criminales que desaparecieron a los jóvenes.
En las investigaciones del caso hay también un señalamiento de que las autoridades militares fueron omisas ante la violencia en la noche de Iguala, tanto que dejaron que uno de los suyos, infiltrado entre los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, fuera desaparecido y asesinado, pese a que enviaba información a sus superiores en tiempo real.
No: Cienfuegos no puede ser exonerado, porque en la cadena de mando del Ejército Mexicano era el responsable máximo, sólo debajo del Presidente de la República, Peña Nieto, que tampoco se entiende por qué no ha declarado nada aún, ni en este ni en cualquier otro caso.
Cienfuegos es clave en el esclarecimiento de responsabilidades de la desaparición de los 43, incluyendo si, como han declarado testigos, un grupo de jóvenes fueron detenidos por soldados al mando del capitán José Martínez Crespo, interrogados en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y entregados luego a los sicarios de Guerreros Unidos.
Cuando López Obrador dijo que no hay en la investigación nada que acuse de manera directa a Cienfuegos, también emplazó a que se dé a conocer otra información sobre el militar, y ahí está: En el Segundo Informe de la Covaj, que él como Presidente de México ordenó crear.
Cienfuegos lleva, sin duda, a Peña Nieto. Y no es que el general y el entonces Presidente de México hayan ordenado la desaparición y el asesinato de los normalistas, pero sí en la construcción de un montaje con fines políticos que incluyó la tortura. Eso no puede quedar impune.
Y aquí no hay generalizaciones, como no las debe haber en la larga biografía de abusos y violaciones graves de los derechos humanos por parte de las fuerzas castrenses en el periodo de 1965 a 1990 que está llevando a cabo, por su parte, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEHJ), creada también por decreto del presidente López Obrador.
En los dos casos es indispensable el esclarecimiento pleno precisamente para que no vuelvan a ocurrir hechos que llenan de vergüenza a los mexicanos y a los propios militares.
Sí: Cienfuegos lleva a Peña Nieto y el presidente López Obrador no puede proteger a uno ni a otro, a riesgo de manchar su paso a la historia…
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