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Rosa María Salazar Rivera, directora de la Fundación Luz y Esperanza, advirtió que la falta de personal capacitado para proteger y asistir a mujeres víctimas de violencia está obstaculizando la aplicación oportuna de medidas cautelares.
En el Centro de Justicia y Empoderamiento, solo cuentan con aproximadamente cinco elementos asignados ante el Ministerio Público para notificar e investigar casos de violencia de género.
Salazar Rivera resaltó la importancia de aumentar el número de elementos, especialmente en el área de policías investigadoras, y destacó que esta responsabilidad recae en la Fiscalía General, ya que las denuncias de mujeres violentadas se presentan ante el Ministerio Público, que debe dictar medidas de protección.
A pesar de que estas medidas deben aplicarse de inmediato, la falta de suficientes notificadores provoca retrasos en su ejecución. Salazar enfatizó que la Fiscalía debe abordar este problema, ya que se trata de garantizar la debida diligencia y notificar rápidamente a los agresores de mujeres.
El Centro de Justicia y Empoderamiento es el lugar donde las mujeres afectadas deben presentar sus denuncias contra sus agresores, y la Fundación Luz y Esperanza se compromete a garantizar que tengan acceso a la justicia.
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