Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Durante la actual administración se sancionó a 176 servidores públicos por irregularidades administrativas y a 30 empresas privadas, así indicó la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas Teresa Guajardo Berlanga durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, en el marco del Sexto Informe de Gobierno del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
En 2023 se iniciaron mil 793 expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas y 124 procedimientos de responsabilidad administrativa, lo que derivó en 56 servidores públicos sancionados.
De ellos, 31 funcionarios fueron sancionados con amonestación pública, 29 con suspensión y la inhabilitación de 11 servidores públicos.
La secretaria de la SEFIRC aseveró que las acciones se ven reflejadas en diversos indicadores en los que “Coahuila es referente nacional”.
Destacó que Coahuila ocupa el cuarto lugar en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO, y el quinto lugar en el subíndice Gobiernos; además, el INEGI sitúa al estado como el tercer lugar en donde hay un menor porcentaje de la población que considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción, y el 4to lugar en confianza ciudadana hacia el Gobierno del Estado.
Durante la comparecencia, el diputado Rodolfo Walss cuestionó a la secretaria de la SEFIRC respecto al daño patrimonial al estado, que ha provocado el retraso en las obras del Metrobús de La Laguna y el aumento en la deuda de 500 millones de pesos más en 2018.
A ello, la secretaria respondió que “la obra concluyó en su momento y fue fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación y actualmente existe un convenio modificatorio para que entre en funciones a partir de enero del 2025”.
Más adelante aseveró que durante la revisión que realizó la Auditoría Superior de la Federación del contrato y la inversión pública de la obra del Metrobús en 2019 y 2020 hubo funcionarios públicos sancionados.
En respuesta, el diputado puntualizó que únicamente un contrato fue fiscalizado, y los demás no fueron fiscalizados por la Auditoría Superior.
En cuanto a la deuda, comentó que “no cuentan información de cómo se hace el procedimiento, pero si tengo información de que los fondos, programas y recurso es fiscalizado por los órganos competentes”.
Respecto a las acciones que se llevaron a cabo por el robo de 3 mil 500 millones del fondo de pensiones y sobre quiénes han sido los sancionados comentó que “existen procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de diferentes servidores públicos relacionados con el tema (…) a nosotros como secretaría de fiscalización nos remiten únicamente las faltas consideradas como no graves”.
Por otra parte, la secretaria resaltó que durante el primer año de la administración las faltas no graves disminuyeron un 50% y este último año un 99%.
Esto la atribuye a la actualización en la base de datos documental que consiste en tener completos los manuales de procedimientos, así como los manuales de organización, lo que incide en que cada funcionario conozca sus facultades y procedimientos que se llevan a cabo para realizar su trabajo.
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