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Por Ethel Arredondo
Entre 2020 y 2022 la pobreza en Coahuila disminuyó de 25.6% a 18.2%; es decir, el número de pobres en la entidad bajo de 812 mil a 597 mil, de acuerdo con el reporte Pobreza multidimensional por Estados, elaborado por el Coneval con datos de 2022, los cuales fueron analizados por el Observatorio de La Laguna.
Ese mismo reporte señala que en 2022, sin embargo, 42.2% de los coahuilenses -prácticamente la mitad de los habitantes del estado- vivía con alguna carencia social.
También precisa: 431 mil personas padecían carencias en alimentación, 440 mil enfrentaban rezagos educativos y 644 mil no tenían servicios de salud. De hecho, 24.4 % de la población coahuilense se reportaba sin seguridad social.
Será éste un problema que deberá enfrentar el gobierno entrante de Manolo Jiménez, cuyo sexenio arranca este 1 de diciembre.
Pero no es el único:
El Índice de Competitividad Estatal (ICE), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), arroja luz sobre otros retos puntuales que heredará la administración entrante, entre ellos: la inequidad de género que sufren las mujeres de la entidad que laboran en el sector informal, la pérdida de 1.3% del territorio arbolado -el mayor porcentaje comparado con otros estados-, y los saldos negativos de la deuda pública. De hecho, en este aspecto, Coahuila ocupó el último lugar en el ranking del ICE.
Nearshoring, el desafío
El nearshoring -la relocalización de empresas- es una oportunidad única para potenciar el crecimiento sostenible de los estados. El ICE realizado por el IMCO es una herramienta para identificar las fortalezas y debilidades de las entidades y permite evaluar qué tan atractivas son para el talento y la inversión a partir de las condiciones de vida y de empleo en ellas.
En 2023 Coahuila aparece en la cuarta posición en el ICE. Pese a que se mantiene dentro del rango de “competitividad alta”, bajó un lugar respecto del Índice del año pasado.
Para medir esto, el ICE evalúa tanto las capacidades estructurales como coyunturales de las 32 entidades vía 72 indicadores categorizados en 10 subíndices que evalúan distintas dimensiones y condiciones que constituyen la base del crecimiento.
Para cada uno de ellos se agrupan las 32 entidades federativas en seis diferentes categorías de competitividad. Estas identifican grupos de estados con base en la posición que ocupan alrededor de la calificación media de cada subíndice. Las categorías son las siguientes: Derecho, Medio ambiente, Sociedad, Sistema Político, Gobiernos, Mercado de Trabajo, Economía, Infraestructura, Apertura Internacional e Innovación.
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Los estados del centro y norte del país tienen mejores condiciones para atraer inversiones relacionadas con el nearshoring, lo cual se explica por su despliegue de infraestructura logística y energética, una población con mejor acceso a la educación y a la salud, y una mayor integración de la industria manufacturera con el exterior.
En la categoría o subíndice de Medio Ambiente, Coahuila fue la entidad que presentó el mayor porcentaje de pérdida de superficie cubierta de árboles, con una reducción de 1.3%, mientras que Aguascalientes y Baja California Sur no presentaron pérdida este año. Este índice es importante, pues una pérdida de superficie cubierta por árboles impacta en la tasa de incidencia de asma e infecciones respiratorias agudas, lo que está directamente relacionado con la calidad del aire.
El ICE asienta que Coahuila quedó entre las últimas posiciones -la 30- en cuanto a la diferencia entre mujeres y hombres que trabajan en la informalidad. Es entonces la equidad de género en la informalidad laboral un reto para la siguiente administración estatal.
La informalidad laboral se refiere a aquellos trabajadores que no están cubiertos por las leyes laborales y no cuentan con protección social adecuada, como seguridad social, vacaciones pagadas, y otros beneficios. La diferencia de informalidad laboral entre mujeres y hombres puede ser el resultado de diversas razones y factores sociales, económicos y culturales. Uno de ellos: las mujeres a menudo enfrentan discriminación en el ámbito laboral, lo que las empuja a ocupar empleos informales o precarios.
La mega deuda, un lastre
El subíndice Economía mide las principales características de las economías estatales, así como la situación de acceso al crédito para empresas y familias. Dentro de este subíndice se incluyen indicadores que describen la distribución del Producto Interno Bruto (PIB), el dinamismo de la economía, el nivel de deuda, así como distribución del ingreso y la diversificación económica. Los estados que presentan una economía estable, así como mercados crediticios grandes, atraen más talento e inversión y son, por lo tanto, propensos a una mayor generación de empleo y riqueza.
El reporte del IMCO indica que los ingresos por participaciones federales de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Quintana Roo fueron menores a los respectivos saldos de sus deudas. Coahuila está en la posición número 32 de 32 lugares en este indicador.
El pasado 23 junio el Congreso del Estado de Coahuila autorizó refinanciar la deuda pública de la entidad por un nuevo periodo de 25 años. En esa fecha el monto total de la deuda ascendía a 36 mil 269 millones de pesos.
El sector exportador abre la oportunidad para un crecimiento dinámico de las economías estatales. En Baja California, Chihuahua y Coahuila las exportaciones representan más de 100% del Producto Interno Bruto (PIB) de cada estado.
De avanzar en los indicadores donde se obtuvieron los más bajos resultados, la entidad podría mejorar aún más su atractivo a la inversión.
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Algunos otros temas importantes que se analizan en el índice para que las entidades sean más atractivas y estén más preparadas son: innovación para crear y atraer conocimiento con el propósito de ser más eficientes y generar valor, capital humano listo para adaptarse a los próximos desafíos, economías dinámicas y diversas que generen mejores condiciones para el desarrollo, la apertura internacional que facilite el acceso a nuevos mercados y Estado de derecho para garantizar la seguridad de las personas y la certidumbre a la inversión.
El IMCO propone identificar, desde los órdenes estatal y municipal, las necesidades en materia de infraestructura e insumos para la producción, y promover la coordinación entre las entidades federativas de la región y la administración pública federal en materia de energía y políticas hídricas.
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