Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
La equivocada tipificación de la Ley Vicaria en el Código Penal de Coahuila deriva en que las mujeres víctimas de este tipo de violencia no puedan utilizar a su favor dicha ley que aprobó el Congreso del Estado a finales de octubre.
Issa Ruiz, de 28 años, y su hija Fernanda, de 9 años, han sido víctimas de violencia vicaria; su caso es el primero que se concreta en una denuncia de este tipo de violencia en Coahuila.
A los 18 años, y luego de dejar su casa por “falta de apoyo económico y emocional”, Issa conoció a Mario, entonces de 22 años, y seis meses después decidieron vivir juntos.
Issa explica que durante el primer año y medio la relación era “bastante normal”, ambos se consideraban afines en cuanto a carácter, gustos y opiniones.
En 2014 Issa quedó embarazada de su hija Fernanda y la relación con Mario cambió. Ella cuenta que durante la gravidez, él le hacía de manera constante “comentarios extraños”; entre ellos, negaba que Fernanda fuera su hija y aseguraba que la niña era de uno de sus amigos.
“Incluso su mamá empezó a hacerme comentarios también. Me decía: ‘No vas a poder amamantarla’, y cuando nació la niña me la quitaba y me hacía comentarios como: ‘hazte tú para allá, dame a la niña y quítate’ (…) Yo me quedaba en shock en esos momentos”, relata Issa.
Ella pasó los comentarios por alto, pero la violencia psicológica e incluso física incrementaron cuando nació Fernanda.
“Él es cocinero y entraba a la 1:20 de la madrugada a trabajar y salía a las 12 de la tarde, por lo que empezó a tener horarios irregulares de sueño, y su rutina no le permitía cumplir efectivamente con su paternidad (…) A veces ni lo veíamos en la casa, y nos salíamos porque su actitud comenzó a tornarse muy agresiva derivado de los cambios de horario”, explica.
Una madrugada, durante una discusión, Mario tomó del cabello a Issa y la arrastró del cuarto en el que dormían hasta la cocina. Estaba molesto porque Issa y Fernanda, en ese entonces 4 años, “no lo dejaban descansar”.
Issa levantó un acta ante el Centro de Empoderamiento a la Mujer, y decidió terminar la relación con Mario en “buenos términos”.
Posterior a los hechos y a la ruptura de la relación, Mario se fue a Estados Unidos durante seis meses. Enviaba entre 400 y 600 pesos a la semana a Issa para la manutención de su hija con el fin de cumplir con sus obligaciones como padre.
Mientras tanto, para mantener a Fernanda y su hogar, Issa se dedicaba a vender fulares y artesanías que ella misma hacía pues desde pequeña aprendió a coser.
Issa relata que cuando Mario regresó de Estados Unidos, empezó a condicionarle la pensión de Fernanda a cambio de favores sexuales, e incluso en una ocasión le intentó dar estupefacientes para que los vendiera y “de ahí sacara para la manutención” de la menor.
“Me pedía que siguiéramos teniendo intimidad, me decía: ‘ándale, si sí aceptas hasta te doy más’, aunque yo ya tenía novio y él también ya tenía pareja”.
En 2019 Mario sustrajo a la menor de su hogar y se la llevó por una semana y media, más del tiempo de convivencia previamente acordado con Issa. Sin permiso de la madre, en ese lapso inscribió a Fernanda en un kínder diferente del que ya estaba registrada.
Issa recuperó a la pequeña mediante la emisión de una orden de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif). Y a través del área de Medios Alternos de la Procuraduría, los padres de Fernanda acordaron de manera judicial que a Mario le correspondía dar 400 pesos de pensión alimenticia a la semana y convivencia libre con la menor.
A principios de 2020 y con la llegada de la pandemia por el covid-19, Mario dejó de cumplir con la pensión alimenticia y “ya ni los 400 pesos daba”, por lo que Issa “cargaba con toda la responsabilidad”, comparte.
Ella consiguió trabajos fijos de jornadas de 10 horas para mantener a Fernanda. Mario aseguraba a la pequeña que su madre trabajaba mucho “porque no la quería ver”.
En 2020 Issa denunció a Mario por violencia familiar derivado de su incumplimiento, la sustracción de la menor y porque en varias ocasiones su hija le confesó que ya no quería convivir con él, pues cuando va de visita a casa de Mario las peleas de su padre con su esposa son constantes, lo que le atemoriza.
“Ella se siente desprotegida porque me dice: ‘mamá, ya no quiero ir’, pues cada vez que va con su papá siempre va supernerviosa e incluso le dan ataques de pánico”, platica.
Sin embargo, Issa explica que “se desanimó con denunciar”, pues Mario la amenazó en diversas ocasiones con revivir y exponer un caso del 2019 en el que él denunció ante la Pronnif a uno de los tíos de Issa por abuso sexual en contra de Fernanda; sin embargo, el caso se desechó pues un médico legista determinó que no había señales de dicho abuso en la menor y no se comprobó el delito.
“Cada que le pedía la pensión y no tenía, o cuando le aseguraba que la niña no quería convivir con él, me amenazaba con publicar lo que él había declarado sobre mi tío ante Pronnif”.
En mayo de 2023, y gracias a información que le brindó su madre, Issa se dio cuenta que era víctima de violencia vicaria, además de violencia económica y psicológica.
Issa presentó la denuncia en julio de 2023 en contra de Mario por violencia vicaria ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar en Saltillo.
“Sale el recurso en junio en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y en julio hice mi demanda por violencia vicaria, que es la primera en todo Coahuila”, asegura Issa.
Por el momento la demanda no ha procedido, pues Mario está escondido y el juzgado no han logrado notificarlo.
La letra chiquita de la ley
Durante 2023 en Coahuila se registraron 3 mil 795 denuncias de delitos por violencia familiar ante la Fiscalía de Justicia, mientras que en Torreón se denunciaron 2 mil 180, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los datos respecto de las víctimas de violencia vicaria en el estado son inexistentes debido a la reciente tipificación de este tipo de violencia, pues hasta el 24 de octubre en sesión del Congreso del Estado se aprobaron diversas reformas y adiciones al Código Penal de Coahuila y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila en materia de Violencia Vicaria.
Dichas iniciativas fueron presentadas por los diputados del PRI Luz Elena Morales y Eduardo Olmos Castro, y la diputada de Morena Lizbeth Ogazón.
Se reformó el artículo 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se adicionó la fracción VI; se agregó también el inciso i) a la fracción III del artículo 10 de la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar.
En ambas reformas y adiciones se establece que “comete violencia vicaria quien, por medio de cualquier acto u omisión, utilice como víctima directa de violencia a las hijas o los hijos, familiares, personas adultas con discapacidad, en situación de dependencia, mascotas, para causarle algún tipo de daño a la víctima, generando una consecuente afectación psicoemocional o física”.
La reforma del artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia vicaria como: “aquella acción u omisión que se ejerce con la intención de causar daño psicológico, emocional o de ejercer manipulación, control o dominio sobre la mujer, al ejercer violencia física, psicológica, patrimonial o económica en una tercera persona que mantiene un vínculo por consanguinidad o por afinidad con ella, o que está sujeta a su tutela, guarda y custodia, realizada por quien tiene o haya tenido una relación de pareja o, de hecho, con o sin convivencia”.
Mientras tanto la adición de la fracción VIII al artículo 252 del Código Penal define a la violencia vicaria de la misma manera que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero toma en cuenta que la violencia vicaria puede ejercerse en contra de ambos sexos y no únicamente en contra de la mujer.
Con la reforma al primer párrafo del artículo 251 del Código Penal del Estado, la ley determina que quien ejerza la violencia vicaria, violencia contra los derechos reproductivos, o violencia física, psicológica, patrimonial, económica y sexual en contra del cónyuge o excónyuge, concubina o exconcubina, concubinario o exconcubinario, compañera o excompañera civil, compañero o excompañero civil, o pariente consanguíneo puede alcanzar una pena de seis meses hasta seis años de prisión, y establece que la persona agresora debe someterse a tratamiento psicológico especializado.
Revictimización
En entrevista con El Coahuilense, miembros del colectivo Frente Coahuilense Contra la Violencia Vicaria en Coahuila denuncian que en el estado es difícil utilizar el recurso de la Ley Vicaria, pues cuando quieren llevar a cabo una denuncia por este tipo de violencia los legistas les aseguran que no está bien tipificada o que no aún no se encuentra en el Código Penal del Estado.
“Tenemos una cifra negra de casos porque no está bien tipificada la ley, y hay casos de violencia vicaria con el nombre de violencia familiar”, asegura Moni, miembro del Frente Coahuilense Contra la Violencia Vicaria.
Diversas integrantes del Frente exponen que han sido revictimizadas por el juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, Jesús Enrique González Muñoz, y durante las audiencias les hace comentarios a las víctimas, entre ellos: “Usted lo acogió así (a la expareja)” “Ya sabía cómo era él como papá, es su culpa” “Si no se ponen de acuerdo voy a enviar a la menor a una Casa Rosa”.
El colectivo solicita el apoyo del Poder Judicial de Coahuila para el cumplimiento cabal de los procedimientos judiciales que se llevan a cabo dentro de los juzgados, y solicitan el apoyo del magistrado Miguel Mery Ayup para revisar la participación de los juzgadores.
A la par, exigen al Congreso del Estado de Coahuila la correcta tipificación de la Ley Contra la Violencia Vicaria en el estado, y hacen un llamado al gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas para que verifique el cumplimiento de las leyes del estado, así como el correcto proceder de los servidores públicos en la Pronnif, los Centros de Atención e Integración Familia (CAIF), la Unidad de Integración Familiar (Unif) y el Centro de Empoderamiento de la Mujer.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), explica que con mayor frecuencia son los hombres quienes generan dolor y agresión a su expareja a través de sus hijos o hijas mediante expresiones que van desde hablar mal del padre o madre, impedir la convivencia y causar daño o lesiones físicas o emocionales a niños y niñas.
Destaca que “hay una afectación hacia los niños y niñas durante el conflicto parental en cualquier tipo de pareja o relación,” y si el cierre de la relación no es el adecuado “puede ocurrir un conflicto parental que se traduce en violencia hacia niños y niñas”.
“Cuando aparece el conflicto parental, los intereses, derechos y las necesidades de los niños y niñas se eliminan, lo que los convierte en las principales víctimas”, expresa.
Asegura que la escucha de niños y niñas es muy rara durante los juicios, se da en las peores condiciones y no siempre se toma en cuenta.
Por ello, Juan Martín Pérez destaca la importancia de que los tribunales cuenten con espacios de escucha apropiados para los menores durante este tipo de procesos y la intervención efectiva de las autoridades para evitar el daño a los menores.
