Ciudad de México.- High Tech Services S.A. de C.V. y Operación y Mantenimiento de Edificios inteligentes S.A. de C.V. (OMEI), fueron la nota principal del pasado 13 de julio de 2023. El Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en su mañanera la lista de contratos que ambas empresas, que son de Xóchitl Gálvez, habían ganado de 2015 hasta 2023.
Desde entonces y hasta luego del Primer Debate Presidencial, las dudas respecto a sus empresas se acumulan, ya que el deslinde con las dos empresas ha sido constante aunque a la par sirven para que la candidata del PRI-PAN-PRD hable de su experiencia como empresaria exitosa.
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El pasado 7 de abril, Claudia Sheinbaum dijo que Xóchitl Gálvez no declaró sus empresas cuando fue funcionaria pública. Ella respondió que OMEI no era de ella, “sino la empresa de mi esposo”, lo que revive toda la serie de dudas al respecto, ya que de entrada, ella es la apodera de dicha empresa, de acuerdo con los datos del Registro Público de Comercio y sus múltiples declaraciones patrimoniales.
Pero no es lo único.
SinEmbargo tiene documentado cómo la candidata de la oposición no ha declarado a sus empresas como conflictos de interés a pesar de trabajar en el servicio público y cómo hay irregularidades sobre las acciones que pertenecen a ella pero que asegura, son ya de su hija mayor, Diana.
El último dato, dado a conocer por Morena, es que la empresa, en conjunto con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) –con quien ha celebrado acuerdos por 17 millones de pesos– simularon una contratación restringida.
EL ABC DE HIGH TECH Y OMEI
A la par que Xóchitl Gálvez iniciaba su carrera en la política se desarrolló su actividad empresarial enfocada al mismo giro: consultoría, ingeniería y servicios integrales en edificios.
Y las dos son empresas familiares. Están inmiscuidos diversos integrantes de los Gálvez, su esposo Rubén Sánchez y los dos hijos de la candidata presidencial, Diana y Juan Pablo.
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La primera empresa que creó Gálvez fue High Tech Services. En el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, quedó asentado que el 23 de febrero de 2011 los accionistas de la empresa eran Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, Sidronio Gálvez Juárez y Francisco Llamas de la Fuente, quien en 1988 registró por segunda vez a la hija de Gálvez –actual representante legal de esa empresa–.
Esta empresa, de 2015 a 2023, tuvo ingresos por mil 65 millones 286 mil 968 pesos con dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Consejo de la Judicatura Federal y Banobras.
Gálvez, siendo Alcaldesa de Miguel Hidalgo, declaró ser parte de la empresa High Tech; cuando fue Senadora la empresa desapareció, pero antes quedó asentado en los documentos que ella tuvo ingresos de su empresa cuando estaba en funciones en la Miguel Hidalgo.
La primera declaración patrimonial es la que presentó el 30 de octubre de 2015 cuando inició su periodo como Delegada. En el apartado de las inversiones, ella informa de sus actividades High Tech Services.
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En la siguiente declaración, del 20 de mayo de 2016, informó que recibió un pago por “Conferencias y Servicios Profesionales” provenientes de sus dos empresas; del municipio Uriangato y de Target Marketing Asesores S.C., empresa que se dedica a dar cursos. En conjunto por actividades que no indicó, ganó 1 millón 619 mil 828 pesos.
Para la declaración del 12 de mayo de 2017, de nuevo, siendo Delegada, brindó servicios por 173 mil 291 pesos.
Ante el éxito de High Tech Services, decide fundar OMEI. De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México OMEI es fundada en 199, la empresa no fue en ese momento negocio de su pareja, Rubén Sánchez.
La sociedad fue conformada por ambos, con 140 mil acciones para Gálvez y 60 mil para Sánchez. La empresa queda a cargo de ella con cargos de administradora y apoderada. Para 2014, en una asamblea de la empresa, ella todavía figuró como apoderada.
Pero en sus declaraciones patrimoniales y en sus declaraciones públicas, lo vende como un negocio de su esposo.
Gálvez se ha deslindado de OMEI y en sus seis declaraciones patrimoniales públicas no aparece a pesar de tener una actividad considerable: la empresa, de 2015 a 2023 ha celebrado 36 contratos con dependencias públicas por un monto de 406 millones 896 mil 535 pesos, la mayoría obtenidos en la actual administración.
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Pero oficialmente es negocio de su cónyuge, a quien pone como “accionista de la empresa OMEI”. En el apartado de las inversiones, de nueva cuenta aparece que su esposo es el “accionista en OMEI”, ella únicamente en High Tech Services.
En la declaración del 20 de mayo de 2016 informó de ingresos anuales de su esposo, por su participación en OMEI, por 2 millones 407 mil 127 pesos.
Y en ninguno de estos los cuatro documentos de esa categoría declaró tener conflicto de interés con OMEI.
La historia se repitió en las declaraciones que presentó como Senadora. La del 19 de mayo de 2021 señaló que su esposo era Socio y Director General de OMEI, puesto que ha ocupado desde el 6 de mayo de 1998.
LAS EMPRESAS EN EL DEBATE
En el primer debate presidencial, Claudia Sheinbaum hizo comentarios sobre las dos empresas de Xóchitl. Habló sobre la ausencia de éstas en sus declaraciones patrimoniales y de irregularidades en los contratos.
En el caso del INAI, los contratos que ya son públicos, se celebraron para dar servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del Instituto. Los seis contratos otorgados a OMEI son por 17 millones 019 mil 331 pesos, de acuerdo con los contratos ubicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Aunado a eso el INAI informó que tiene registro de otro contrato pero con High Tech Services durante 2012, sin embargo este contrato no es público.
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dio a conocer –posterior al debate– que OMEI y High Tech Services compitieron entre sí, en dos ocasiones, para obtener contratos gubernamentales.
OMEI ganó en junio de 2017 un contrato por 1 millón 118 mil pesos a High Tech Services para dar servicios al Senasica, mientras que en agosto de ese mismo año, esta última ganó a OMEI un contrato con el hoy extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por 1 millón 566 mil pesos.
Delgado citó el Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su fracción VII, que establece que las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno a aquellas empresas “que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común”.
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