Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- César Duarte Jáquez parece estar cada vez más lejos de enfrentar a la justicia por el desvío de recursos que se le imputó y por el cual enfrenta un proceso en libertad. El exgobernador de Chihuahua ha sido captado en festejos y en restaurantes departiendo, mientras que incondicionales suyos ocupan puestos clave en el poder y, según han denunciado activistas políticos, desempeñan roles cruciales en mantener la estructura de protección que permite a Duarte y sus colaboradores operar con relativa impunidad.
Duarte fue captado, por ejemplo, o en el festejo Enrique “Kike” Valles, un expriista que fue síndico municipal y que acaba de ser candidato, pero ahora por Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Chihuahua en la elección pasada. En esa fiesta, Duarte también apareció junto al exauditor Jesús Manuel Esparza, quien es señalado por actos de corrupción durante la etapa “duartista” (2010-2016).
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Aunado a ello, en semanas anteriores el exgobernador también fue captado en un restaurante del centro de la ciudad, cerca del Palacio de Justicia y otras instituciones gubernamentales, cuya fotografía causó polémica y revuelo, junto con la reciente designación de Graciela Ortiz, una excolaboradora suya, como presidenta interina del PRI.
Jaime García Chávez, activista y fundador de Unión Ciudadana, quien ha sido una voz crítica y una figura clave en la denuncia de los excesos de Duarte, deja claro que, aunque César Duarte ha sido juzgado y encarcelado, su red de influencias y lealtades sigue viva. “Duarte en realidad no se ha ido, Duarte sigue siendo un factor político en Chihuahua”, señaló Chávez en entrevista con SinEmbargo.
Lo cierto es que desde la liberación de Duarte en junio pasado, los eventos parecen favorecer al exmandatario. El pasado 8 de julio, el Gobierno de Chihuahua perdió una demanda en Estados Unidos para recuperar propiedades que Duarte adquirió en Texas, Nuevo México y Florida. De acuerdo con la información publicada por Excélsior, el Gobierno estatal de Chihuahua, encabezado en su momento por Javier Corral, había contratado una firma de abogados para recuperar al menos 50 propiedades del exgobernador en Estados Unidos, pero el estado no logró recuperar esos bienes.
Además, el pasado 20 de junio, el reportero Jesús Esquivel reveló que el exgobernador y su familia han continuado comprando propiedades en Estados Unidos. Según la nota publicada en Proceso, Duarte, liberado el 7 de junio, comenzó a adquirir nuevas viviendas para sus hijos en El Paso, Texas, con un valor total superior a los 881 mil dólares.
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La reaparición de César Duarte y su grupo ha sido notoria y ha generado expectativas e interrogantes, entre las cuales se ha planteado cuestionamientos sobre si podría regresar a las filas del Revolucionario Institucional (PRI), partido ahora debilitado y en un proceso de resquebrajamiento bajo la búsqueda de reelección de Alejandro Moreno. La designación de Ortiz, quien tuvo vínculos estrechos con Duarte al ser su secretaria de Gobierno durante su sexenio, refuerza la percepción de que el grupo duartista sigue siendo relevante en la política del estado.
Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI en Chihuahua, fue cuestionado al respecto y comentó en entrevistas con medios chihuahuenses que la decisión de reincorporarse al PRI dependería de Duarte. Además de tratarse de una decisión que no solo depende de él, sino de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, el mismo órgano del partido que determinó su expulsión.
“Él sufrió un proceso de expulsión que se litigó por parte de él y, bueno, (su regreso) es un proceso que él tendría que seguir ante la Comisión de Justicia Partidaria y no ante el comité estatal en caso de que él quisiera, pero no sé si esté en su agenda regresar o no, y no se trata de que yo quiera recibirlo o no, es un tema que hay que tratar ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que es la que inició el proceso para su expulsión”, especificó el líder estatal.
“DUARTE LE DABA DE ‘COMER’ A TODOS”
La historia política de César Duarte no solo se centra en su figura, sino en un grupo consolidado que ha mantenido una presencia significativa en Chihuahua, incluso tras su caída.
La carrera política de César Duarte, quien empezó vendiendo autos usados, comenzó bajo la influencia de políticos como Heladio Ramírez López en Oaxaca, ascendió rápidamente en la política nacional y local, ocupando puestos clave como Diputado local, Diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados, con el respaldo de figuras influyentes como Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón.
Duarte Jáquez frecuentaba a Beltrones desde 2008 cuando eran el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el coordinador de Senadores del PRI, respectivamente. Luego, Beltrones lo apoyó en 2010 en su campaña para la gubernatura de Chihuahua. Como mandatario estatal, formó parte de la llamada “nueva generación” del PRI junto a otros exgobernadores como Javier Duarte y Roberto Borge, quienes también enfrentaron procesos por corrupción.
Durante su tiempo como Gobernador de Chihuahua, consolidó un grupo leal, compuesto por funcionarios y aliados estratégicos, que ocuparon posiciones influyentes en su administración. Además, compró ranchos, casas, animales exóticos, y trató de formar un banco con recursos públicos. Su gestión estuvo marcada por los señalamientos y acusaciones por enriquecimiento ilícito, acumulando un patrimonio que incluía acciones en el banco Unión Progreso.
“César Duarte le daba de comer a todos los partidos políticos, llámese PRI, PAN, PRD en aquel entonces, los diputados ninguno levantaba la mano, ni Congreso, la Auditoría estaba totalmente controlada por gente y compadres de César Duarte. Parecía que en Chihuahua las antiguas insurgencias electorales y luchas sociales hubieran entrado en una etapa de letargo”, narró García Chávez.
En septiembre de 2014, Unión Ciudadana presentó una denuncia ante la entonces PGR, donde lo acusó de enriquecimiento ilícito por la cantidad de 65 millones de pesos que, se presume, fueron empleados para crear un banco del exgobernador, es decir, el caso del banco Unión Progreso de Chihuahua; expediente penal que hasta el momento sigue estancado en la FGR, según recalca García Chávez. El activista destacó que dicha denuncia fue el inicio de su caída.
Durante el sexenio del panista Javier Corral, se emprendió una investigación contra los bienes y la gestión de Duarte, tras la cual se giraron 21 órdenes de aprehensión en su contra por diversos cargos de corrupción, como presuntamente haber malversado, en suma, al menos mil millones de pesos de fondos públicos. El exmandatario huyó a Estados Unidos al concluir su mandato en 2015, quedando prófugo de la justicia por cinco años, hasta que fue detenido en Miami en julio de 2020 y extraditado por Estados Unidos a México el 2 de junio de 2022; no obstante, debido al Tratado Internacional de Extradición, de las 21 órdenes de aprehensión, el mandatario fue procesado solo por una de ellas, por el delito de cohecho por el desvío de recursos por 96.6 millones 665 mil pesos del erario que fueron destinados a causas particulares, en complicidad con funcionarios de su gobierno entre 2011 y 2014.
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Para García Chávez, este monto es mínimo en comparación con el daño económico causado por su administración, que incluye presuntas malversaciones de miles de millones de pesos. “Pero si se confronta esa acusación de solo 65 millones de pesos con los miles de millones que se robó y que ahora incluso está reclamando que se le regresen, es una acusación mínima”, destaca el activista.
Durante la administración del exgobernador Javier Corral, aunque se esperaba una purga significativa de los duartistas, esta no se materializó en la magnitud esperada. Corral fue criticado por algunos sectores por no avanzar suficientemente en las investigaciones y acciones legales contra el grupo, lo que permitió su continuidad en la sombra.
A pesar de su caída, el grupo de Duarte no ha desaparecido y la influencia “duartista” persiste en la política de Chihuahua, con figuras clave ocupando posiciones importantes, una de ellas la actual Gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos, quien incluso tuvo un proceso penal abierto en su contra al ser acusada directamente por el exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera, de haber recibido 10 millones de pesos cuando era diputada federal.
Jaime García Chávez es uno de los activistas y críticos del gobierno que sostiene que el duartismo nunca se alejó realmente del escenario político en Chihuahua, sino que más bien se ha transformado en lo que él denomina el “Maru-duartismo”.
“Hubo un contubernio, una alianza de impunidad entre María Eugenia Campos, César Jáuregui (actual Fiscal General de Chihuahua) y otros actores del PAN para que María Eugenia Campos asumiera el Gobierno y se cocinara la salida que se le pudiera dar a César Duarte. Desde que Duarte estaba en la cárcel, estuvo amenazando y reclamando a María Eugenia Campos que le pagara la libertad que se había pactado a cambio del apoyo que recibió para que ella asumiera la gubernatura del estado; apoyo que, sin duda, aunque es acuerdo desde luego secreto, es evidente por una presunción humana muy fácil de extraer y que se demuestra con esa coalición PAN-PRI”, explicó Chávez.
De acuerdo con el activista, a pesar de su extradición y el breve tiempo en prisión, Duarte ha conseguido salir libre gracias a una serie de maniobras políticas y legales en contubernio con la mandataria panista, las cuales incluyen la prolongación de las audiencias judiciales más allá del límite legal de dos años en prisión preventiva sin juicio, lo que le permitió obtener su libertad.
“Duarte está en un arreglo, complicado no difícil de operar, pero está en un arreglo con María Eugenia Campos. ¿Qué hizo María Eugenia Campos? Un par de cosas: en primer lugar, no complementar, dentro de los márgenes que el Tratado de Extradición, las razones por las cuales César Duarte debía ser enjuiciado aquí en Chihuahua. Pero lo más grave es que dejó pasar los dos años que se establecen para estar en prisión preventiva sin juicio; Maru dejó pasar el tiempo para ponerlo libre en automático. ¿Cómo lo hizo? Prorrogando una tras otra las audiencias que se celebraban hasta que transcurrieron los 2 años, y hoy hay un cambio de medida cautelar que le ha permitido a Duarte ser excarcelado”, abundó.
Cuatro meses antes de que el exgobernador fuera entregado en extradición por EU a las autoridades mexicanas, el Gobierno de Maru Campos oficializó la cancelación de tres adeudos fiscales a la empresa Hidroponia de Parral, que fundó su esposa y donde el exmandatario se desempeñó como consejero, de acuerdo con una investigación realizada por el medio La Verdad de Juárez.
Para el 2 de junio de 2022, cuando Duarte fue entregado por Estados Unidos a las autoridades mexicanas –y posteriormente ingresado al penal de Aquiles Serdán en Chihuahua, donde ha estado desde entonces–, ya estaba consumada la cancelación de los adeudos de la empresa en la que se desempeñó como consejero a partir de 2005, un año después de que fuera fundada por su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
LA RED QUE SIGUE EN EL PODER
La estructura del grupo de Duarte se distingue por la distribución de influencias en diversas instituciones, como el Congreso local, el Tribunal Superior de Justicia y otras entidades gubernamentales. Entre los nombres asociados con este grupo se encuentran:
César Jáuregui Morena, actual Fiscal General de Justicia de Chihuahua. Jáuregui, quien fue coordinador de los diputados del PAN durante el gobierno de Duarte, fue señalado como parte de la nómina secreta del exgobernador. En 2019, Jáuregui admitió que Duarte entregaba dinero al grupo parlamentario del PAN, del que él era coordinador. En su declaración ministerial durante la investigación sobre la red de sobornos de Duarte, publicada por El País el 18 de enero de 2023, Jáuregui mencionó que Maru Campos, entonces diputada local y vicecoordinadora del PAN en el Congreso de Chihuahua, era la encargada de recoger el dinero.
Luis Pável Aguilar Raynal, exdirigente del PRD y actual subsecretario de coordinación general de gabinete de María Eugenia Campos. Aguilar, quien recibió 10.8 millones de pesos de fondos públicos, fue identificado por el periódico Reforma, que tuvo acceso a las investigaciones de la FGE.
Graciela Ortiz, presidenta interina del PRI y antigua Secretaria General de Gobierno durante el sexenio de Duarte.
Armando Cabada Alvídrez, actual Diputado federal por Morena y exalcalde de Juárez, pagó 4.3 millones de pesos como parte de los acuerdos reparatorios tras recibir esa cantidad de dinero de Duarte en un esquema considerado ilícito por la FGE.
Alejandro Domínguez, actual dirigente del PRI en Chihuahua y próximo Diputado Federal. Domínguez ha reconocido recientemente en rueda de prensa su amistad con Duarte.
“Yo no lo voy a negar, hubo una relación cercana (con Duarte) cuando fui Diputado local, Diputado federal y presidente del partido, ahí está en los medios. Lamento mucho que esté viviendo este proceso, que al final de cuentas él tendrá que asumir. Una cosa es la relación personal y otra la relación política”, dijo en días pasados, lo cual, quedó consignado por medios de comunicación.
Myriam Victoria Hernández Acosta, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura en Chihuahua. Hernández Acosta, originaria de Parral, ha sido vinculada con la red de protección de Duarte. Durante el juicio de extradición, presentó una declaración jurada ante el Tribunal de Miami, Florida, afirmando que Duarte es un perseguido político. Es conocida por haber sido parte de los 13 magistrados “oxigenadores” que Duarte promovió en noviembre de 2014, la mayoría militantes del PRI o del PAN.
Además, figuras clave en el poder judicial como Gabriel Sepúlveda y Luis Villegas Montes mantienen posiciones estratégicas que aseguran protección para Duarte y sus allegados. Ambos fueron colocados en el poder judicial por Duarte durante su mandato.
La influencia del grupo de Duarte trasciende un solo partido político. Una de las características más destacadas de este grupo es su habilidad para tejer redes de poder que cruzan líneas partidarias. Entre sus aliados actuales se encuentran miembros de Morena, como la Presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, y el Alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.
Cruz Pérez Cuéllar también está vinculado con la red de Duarte, ya que fue implicado en la “nómina secreta” del exgobernador y enfrentó solicitudes de desafuero por parte de la Fiscalía General de Chihuahua debido a su presunta participación en el desvío de fondos durante su campaña a la gubernatura por Movimiento Ciudadano en 2016.
El retorno de Duarte a la vida pública, respaldado por esta red de aliados en posiciones de poder, se percibe como un claro indicio de que las estructuras de poder que él construyó siguen operando con eficacia.
“Duarte ha salido con renovado ímpetu. A pesar de que durante su encarcelamiento se decía que estaba enfermo cardíaco y con problemas en la columna vertebral, al salir ha mostrado un estado de salud robusto, visitando cafés, tiendas y restaurantes de lujo. Su actitud desafiante envía el mensaje de ‘Aquí estoy de regreso.’ Esto sugiere que la impunidad en Chihuahua podría ser endémica, que el Gobierno de María Eugenia Campos es profundamente corrupto, dedicado a negocios, y ha fracasado. Lo que podemos esperar es que, tarde o temprano, recibamos la noticia de que César Duarte es absuelto de las acusaciones que enfrenta, e incluso podría iniciar acciones para recuperar todos los bienes que le fueron incautados,” destacó.
Finalmente, García Chávez hace un llamado a la ciudadanía para reactivar movimientos como Unión Ciudadana, que en el pasado han servido como plataformas para denunciar la corrupción y exigir justicia.
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