Redacción El Coahuilense
Cancún, Quintana Roo.- En una operación de cooperación internacional, Ramón Hernández Cordero, alto ejecutivo hotelero acusado de múltiples violaciones en la Riviera Maya, fue detenido en España. La captura se realizó después de varias semanas de evasión, durante las cuales el acusado se desplazó por varios países. La alerta internacional, emitida mediante una ficha roja, permitió localizarlo en territorio español.
Hernández Cordero, de origen español, enfrenta una orden de aprehensión dictada por los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo. Antes de su detención, trabajaba como director general del grupo hotelero «Faranda Hotels & Resort», donde había sido contratado desde diciembre pasado.
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Faranda Hotels & Resort, según información disponible en internet, cuenta con 34 hoteles que suman más de 1,700 habitaciones en países como España, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Venezuela y México.
El ejecutivo enfrenta cargos penales por presuntamente abusar sexualmente de varias empleadas, a quienes previamente había reclutado para trabajar en un hotel de la Riviera Maya. Las víctimas presentaron sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que tras una investigación decidió llevar el caso ante un Juez de Control en la entidad.
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Hernández Cordero huyó del país con destino presunto a Sudamérica, lo que motivó la emisión de una orden de localización y aprehensión. La alerta migratoria fue formalizada a través de una solicitud de ficha roja, gestionada por la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades españolas informaron que el directivo ingresó a territorio español procedente de los Estados Unidos a principios de mayo pasado. Tras cumplir con las formalidades legales, se autorizó la extradición de Cordero, en la que participó el área de asuntos internacionales de la FGR, para posteriormente ponerlo a disposición de las autoridades estatales.
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