Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- «Ya no se cuenta con oficio que soporte jurídicamente alguna medida de protección», se lee en un mensaje de texto enviado a la familia de Mariana Lima Buendía, quienes evidencian la escueta protección que el sistema del estado de México les ha brindado y preocupa la situación de vulnerabilidad y peligro que corren, esencialmente, la madre de Mariana, Irinea Buendía quien ha desempeñado una lucha por más de una década en contra del sistema judicial mexiquense.
Según les advirtieron, este movimiento por quitarles toda medida de protección obedece a órdenes de superiores jerárquicos, pues las personas encargadas de velar por su seguridad han sido conferidas a otra comisión y con ello, resultaba imposible continuar alineándose a las órdenes del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de DDHH que exigía blindar a la familia Lima Buendía.
Asimismo, se debe señalar que 2016 a la fecha, la familia ha sido víctima, al menos, de 10 atentados y las amenazas han sido reiteradas, tanto, que les ha resultando insostenible continuar habitando su domicilio viéndose forzados a abandonar su hogar.
Uno de los atentados que se perpetraron fue en 2020 contra Guadalupe Michel, hermana de Mariana y una de las principales testigos en el caso. Por otra parte, en agosto del año 2017, otro hijo de Irinea, Aurelio Michel Buendía, fue agredido por personas desconocidas cuando regresaba a su casa.
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Ante esto, la colectiva de la familia Justicia y Justicia para Mariana Lima Buendía exige al estado de México bajo la batuta de Delfina Gómez, a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Consejería Jurídica del Estado de México restituir de forma inmediata los mecanismos de protección, pues denuncian, han sido eliminados de forma arbitraria y sin previo aviso; las autoridades mexiquenses simplemente decidieron quitarlas a pesar de que esta acción corresponda a uno de sus deberes esenciales: La seguridad y el cuidado.
«El Estado debe proteger y garantizar la seguridad de quienes ejercen legítimamente el derecho de exigir justicia y justicia para sus hijas, cuando no lo hace, se vuelve cómplice de cualquier situación que les pueda suceder» (Justicia y Justicia para Mariana Lima Buendía)
Mariana Lima Buendía: Una lucha de 14 años y 120 audiencias
Desde el feminicidio de Mariana Lima Buendía, su madre, Irinea Buendía ha encarado al pacto patriarcal, la violencia estructural y un total de 120 reprogramaciones de audiencia por feminicidios junto con nueve cambios de jueces; lo que rodea el caso de Mariana es la evidencia contundente del deficiente sistema y la colusión judicial mexiquense.
Mariana Lima Buendía tenía 29 años cuando el 28 de junio de 2010 fue asesinada por Julio “N”, con quien se encontraba casada. El feminicida, quien trabajaba como policía ministerial de la -entonces- Procuraduría General de Justicia del Estado de México, aseguró que Mariana se había quitado la vida, pese a que las pruebas indicaban que él la agredía física, sexual y emocionalmente.
La palabra de Julio «N» se convirtió en una ley inamovible y por años, las autoridades investigadoras le dieron el respaldo absoluto al agresor, en contracara, para la familia, sólo hubieron omisiones, revictimización y negligencias. Ante un claro pacto entre el expolicía ministerial y las autoridades de investigación, la familia Lima Buendía se preparó para emprender una lucha en contra del sistema mexiquense y tocar las puertas del máximo tribunal del país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, un 25 de marzo del 2015, la familia Lima Buendía logró que la SCJN lograra una sentencia histórica llamada Mariana Lima Buen día; la sentencia ordenó investigar todas las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, reconocerlas como feminicidio y por supuesto: Abrir nuevamente el caso de Mariana.
Un año después de esta importante sentencia nacional, Julio «N» fue aprehendido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl-Bordo de Xochiaca. Sin embargo, esto sería apenas la mitad de la batalla para lograr la justicia.
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Cimacnoticias recopiló el dato de que a la familia se le reprogramó 120 veces la audiencia, enfrentaron al menos una decena de amenazas y la presentación de 30 testigos que daban fe de que Mariana Lima no se suicidó; fueron años de lucha hasta que en marzo del 2023 se logró una sentencia condenatoria de 70 años en contra de Julio N.
En entrevista con Cimacnoticias, Ana Yeli Pérez Garrido, abogada, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y acompañante legal en el caso, aseguró que -aún tardía- esta sentencia cumple con lo solicitado por la defensa y la familia de Mariana Lima.
Asimismo, hay que recordar que una de las coartadas que presentó el agresor fue que no se encontraba en Chimalhuacán, -lugar de los hechos-, la noche en que Mariana Lima perdió la vida. Sin embargo, el trabajo de investigación del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio permitió desmentir esta versión y demostrar a través de un análisis de telefonía que el celular de Julio N estaba en el mismo radio que el de Mariana, esto permitió acreditar su presencia durante las horas del deceso de la joven.
A pesar de haber consagrado la sentencia más alta, la reparación de los hechos es incalculable; el calvario de 12 años no tiene sotura y no hay valor económico que la familia Buendía Lima pueda nombrar. Sin embargo, la señora Irinea Buendía ha referido que poco importa si se le daban otros 70 años al feminicida, pues esto no devolvería a Mariana, sin embargo, la paz aparece cuando recuerda que ninguna mujer volverá a encontrarse con Julio N.
Ley Mariana Lima: Aún pendiente
Irinea Buendía recorrió un total de 34 mil kilómetros por toda la República, su objetivo era conversar con las y los diputados sobre la sentencia de la SCJN, pedirles incorporar la «Mariana Lima» y con ello, incorporar la perspectiva de género en los casos de muertes violentas de mujeres.
Algunos Congresos se mostraron renuentes con Irinea y no fue recibida como en Baja California o Aguascalientes. En total, visitó 16 entidades del país y sólo 2 (San Luis Potosí y Durango) le permitieron discutir sobre su caso y explicarles a las personas juzgadoras la importancia de la sentencia que lleva el nombre de su hija.
“Voy a solicitar a Diputados y al Senado que se haga la ley Mariana Lima Buendía, para que esa perspectiva de género realmente se lleve a cabo en las 32 fiscalías de los 32 estados, que toda muerte violenta de mujeres de todas las edades se investigue con perspectiva de género y debida diligencia para poder acreditar que se trata de un feminicidio. Que se contemple la sanción a funcionarios públicos y reparación del daño”, señaló Irinea Buendía.
Tras una travesía por todo el país, Irinea Buendía concluyó que existen las mismas falencias, vacíos y misoginia dentro del sistema judicial de nuestro país, por ello decidió elaborar una iniciativa con la que busca poner fin a la “simulación peligrosa” que presume la reducción de casos de feminicidio, sin embargo, “la realidad es que no son investigadas con perspectiva de género” todas las muertes violentas de mujeres, lo que provoca que sean catalogadas bajo otros delitos, como homicidio doloso o incluso suicidio, sentenció.
Así, desde hace un año se espera la aprobación de la iniciativa Mariana Lima Buendía, una ley que iniciaría en el estado de México y que busca incorporar al Código Penal de la entidad el delito de «Negación de la Justicia por Razones de Género«, añadiendo el siguiente párrafo al artículo 153 bis:
«Comete este delito el servidor público de los órganos de procuración y administración de justicia que, estando obligado a investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, obstruya la investigación y obstruya la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y las reparaciones.
A los responsables de este delito se les impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa y será destituido e inhabilitado por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta.
Además, se proyectó desde julio del año pasado incorporar esta iniciativa a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, algo que obligaría a la Fiscalía General de la República a encuadrarse a estas responsabilidades en materia de muertes violentas de mujeres.
Así, la lucha de la familia Lima Buendía se mantiene vigente desde hace 14 años; el caso no se detuvo con la aprehensión del responsable, sino más bien, acrecienta la necesidad de evidenciar el actuar del sistema judicial a nivel federal que ha fallado y entorpecido el acceso de justicia de miles de familias mexicanas.
El activismo de Irinea Buendía y sus hijos son pieza clave en la lucha sistémica contra la revictimización y el feminicidio en nuestro país; la desprotección y vulnerabilidad a su seguridad, convierte al estado de México en responsable y cómplice.
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