Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
Algo se está moviendo, y muy fuerte, alrededor del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mejor conocido como ISSEMyM. En el tablero político-financiero el organismo ya no es solo un problema local, éste comienza a escalar a instancias federales y hasta al escritorio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En círculos cercanos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se comenta que existe una preocupación creciente por el manejo administrativo y financiero del instituto, particularmente en su Coordinación de Administración y Finanzas.
La inquietud no es menor, pues incluso trasciende que la Auditoría Superior de la Federación ha puesto bajo revisión puntual diversos contratos vinculados a esa área.
El dato corre con rapidez en los pasillos de Palacio Nacional, donde los funcionarios aseguran que pocas veces un organismo estatal de salud y pensiones había concentrado tal nivel de atención. No es un tema técnico aislado, es un asunto de gobernabilidad financiera.
Los números dicen que éste trae un gasto en pensiones para 2026 por 26 mil millones de pesos, cuando la liquidez disponible en caja es de solo de 86 millones, y la deuda a corto plazo es de 2 mil 700 millones de pesos.
El adeudo de municipios es de 8 mil millones, y lo que debe al ISSEMyM el Cusaem son otros 5 mil millones. La razón de activos contra jubilados es de 4 a 1 y los sobrecostos por contratos irregulares se cuentan también en cientos de millones de pesos.
En este contexto, dentro del gobierno que encabeza Delfina Gómez comienza a tomar forma la necesidad de un ajuste de fondo. La discusión ya no solo gira en torno a si debe haber cambios en la estructura del organismo, sino respecto a qué perfil puede sostenerlo sin abrir nuevos frentes políticos.
La semana pasada, quien se desempeñaba como director general del Instituto, Ignacio Salgado Garcia, presentó su renuncia voluntaria e irrevocable por motivos personales; su salida se produce en el contexto de tres intentos previos de dimisión desde 2024, contratos de laboratorio cuestionados ante la Contraloría del Estado y la Fiscalía, y una gestión sin balance público rendido a la ciudadanía.
Se busca entonces ahora para encabezar el ISSEMyM un personaje técnico, con experiencia en finanzas públicas y capacidad probada de negociación con legisladores y sindicatos. Un perfil que no solo contenga la presión inmediata, sino que articule una salida estructural.
Es claro que en el ISSEMyM el margen de error ya se agotó. La reestructura del ISSEMyM es el reto político y financiero más urgente del sexenio de Delfina Gómez. Es la gobernadora quien debe responder directamente ante los 837 mil derechohabientes y garantizar la viabilidad del organismo; pues un déficit financiero que supera los 27 mil millones de pesos y un modelo solidario de pensiones inviable amenazan con colapsar el proyecto para 2030 si no se interviene de fondo.
El costo de la opacidad
Las compras públicas encuentran su mayor vulnerabilidad cuando la opacidad sustituye a la planeación. En este espacio abordamos el caso del IMSS Michoacán, en donde la adquisición de tóner para la impresión de cientos de recetas, expedientes y trámites administrativos, revela un patrón preocupante: requisitos técnicos que no responden a necesidades reales y procesos que dificultan la participación abierta de proveedores.
Y es que, la ausencia de datos claros sobre volúmenes de compra distorsiona cualquier intento de competencia. Sin esa información, las empresas proveedoras no pueden ajustar precios de manera lógica, lo que favorece esquemas donde el costo final parece alinearse más con presupuestos disponibles que con condiciones de mercado. Esta práctica genera sospechas sobre la existencia de acuerdos previos o ventajas indebidas.
A ello se suma la incertidumbre sobre la validez de la documentación presentada por algunas empresas. Cuando los requisitos no se verifican con rigor, el proceso pierde credibilidad y pone en duda la integridad de un sistema que debería garantizar transparencia en el uso de recursos públicos.
