Diez años de impunidad en delitos contra el medio ambiente

octubre 25, 2024
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MACROBASURERO
EL COAHUILENSE

Por Jesús González Schmal 

El año que entra se cumplirán diez años del inicio de operaciones del llamado Cimari (Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales) de la Noria de las Sabinas, General Cepeda Coahuila. 

La denominación Cimari se tuvo que suprimir porque ya la tenía en uso el Confinamiento de Ramos Arizpe (carretera 57). Además era engañoso porque el de General Cepeda no es de manejo de residuos, sino fundamentalmente de confinamiento, porque el término “manejo” supone un alto porcentaje de reciclamiento y sólo marginalmente se guarda o entierra; lo que, por el contrario al de General Cepeda, si acaso, se procesa en parte para neutralización, pero en mayor proporción se acumula, ya sea compactándolo en la superficie (que frecuentemente se incendia) u oculto en el subsuelo.

La respuesta de la ciudadanía de General Cepeda fue inmediata. Después de haber oído que el basurero de residuos altamente tóxicos no podría ubicarse en el municipio porque el alcalde de entonces, Rodolfo Zamora (Chopa I), había jurado y perjurado que el cabildo no autorizaría “jamás” el cambio de uso de suelo, pronto cayó en la cuenta de que era mentira.  

Daniel Calvert (SEMNSA-ECOLIMPIO) mediante su personero Javier Calderón ya se había colado y consiguió ser avecindado en el ejido. Desde ahí ofreció a los ejidatarios que se proponía instalar una planta maquiladora y naves para producción avícola. Necesitaba comprarles 650 hectáreas, aunque sólo utilizaría 36, ofreciéndoles que podría dar empleo a 50 jefes de familia y jóvenes. 

José Luis García Valero, Juan Carlos Gamboa y otros advirtieron lo que había detrás, se organizaron para defender el patrimonio natural creando “Sí a la Vida” y, en conjunción con el obispo Raúl Vera y su equipo de defensa de Derechos Humanos, emprendieron la lucha contra la omisión o complicidad del gobierno del estado y su secretaria del Medio Ambiente. 

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Fue manifiesta ya la colusión de Zamora con Calvert y Calderón. “Sí a la Vida” y diversos ciudadanos realizaron manifestaciones de protesta, interpusieron denuncias populares, juicios de nacionalidad, amparos y cuantos recursos legales pudieron. 

En todos ellos les han dado la razón, la autorización que obtuvo SEMNSA es ilícita porque no cumple con las normas vigentes para operar el confinamiento. Todas las instancias y acciones de clausuras se han ido acumulando, pero, hasta ahora, el cierre total no se ha logrado pese a lo evidente de su extensiva depredación ecológica. 

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Cuando la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa) había concluido y agotado instancias para la clausura definitiva, Calvert interpuso un amparo notoriamente improcedente porque argüía que “era poco clara la sentencia de nulidad de la MIA (manifestación de impacto ambiental) con el que operaba el confinamiento”. 

Repentinamente las autoridades se empezaron a replegar y a suspender acciones defensivas, entre otras la de vía penal por el rompimiento de sellos de clausura que habían fijado en la entrada del basurero. 

Al indagar las causas de la parálisis nos enteramos que había una orden “superior” para no proceder hasta que se terminara de levantar el suelo donde se ampliaría la IV Sección del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, dado que en él existió la fábrica de pólvora del Campo Militar número 1-F que se tenía que sanear porque se encontraba gravemente contaminado y se requeriría depositar en algún lugar lejano que fue determinado en General Cepeda y Ramos Arizpe, Coahuila, y Mina, Nuevo León.

Toda la información fue reservada. Había que trasladar lo correspondiente a 31 hectáreas con concentraciones relevantes de mercurio, plomo y cromo acumulado durante décadas. Igualmente, en otra área se requería eliminar 23 mil 822 metros cúbicos de arsénico, plomo, antimonio y vanadio. 

Por meses miles de tráileres con góndolas recorrieron los casi dos mil kilómetros de ida y vuelta para cumplir su cometido. 

La operación final tenía que concluirse antes del fin de sexenio para no aplazar la inauguración de la nueva sección de Chapultepec que ocurrió el pasado 24 de septiembre. 

Esta maniobra ecocida ya la había denunciado Arturo Rodríguez en marzo de 2023 en la revista Proceso; ahora con información fidedigna se confirma. Lejos quedarían los tiempos del 12 de agosto de 2019 en los que con motivo de la visita que Andrés Manuel López Obrador hizo a Ramos Arizpe, los cepedenses desplegaron una manta “Di no al Basurero Toxico” y le recordaron que desde su campaña había ofrecido no autorizarlo. A la fecha no lo ha cumplido.

La década ha tenido en tensión e intoxicación a los ciudadanos de General Cepeda y Parras. Los resultados han sido fructíferos en cuanto a la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: es terminante que el confinamiento de Calvert opera clandestinamente y los daños ecológicos son irreversibles y acumulativos. 

Por lo que respecta del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha podido actuar o ejecutar la sentencia, se ha sometido al recurso dilatorio sin reparar el atentado en ese tiempo a la ecología del estado de Coahuila. 

La hoy dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, alguna vez siendo diputada pidió a la Semarnat cerrar el basurero clandestino; ya se olvidó de ello, el exceso de notoriedad crea amnesia, por lo menos (en la Secretaría de Gobernación se borró la memoria). 

Las sanciones penales y la obligación de resarcimiento de daños son ya costosísimas y lo impagable será siempre la deuda con las nuevas generaciones si es que en la Noria de la Sabina podrán sobrevivir más tiempo. ¿Habrá esperanza de que la nueva titular de la Semarnat, Alicia Bárcenas, actúe con responsabilidad patriótica, o se someta a las influencias políticas del grupo SEMSA?.

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