Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Faltaba un mes para el primer aniversario de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México cuando ocurrió el temporal que anegó un importante sector de Chalco. A la sorpresa, los funcionarios de la administración morenista impusieron una pasividad que pudo manchar los últimos días del sexenio lopezobradorista.
Pasaron tres semanas y la inundación no menguaba. El huracán John comenzaba a formarse en las costas del Pacífico y el gobierno federal volcó su atención a Guerrero. En el oriente del Estado de México —suponían— la situación estaba bajo control. Todo lo contrario.
Los tiempos de la Cuarta Transformación están confrontando a los políticos con los técnicos financieros, bajo los mismos supuestos del pasado reciente. Hace tres lustros, por ejemplo, una camada de gobernadores —Javier Duarte y Roberto Borge, entre los más conspicuos— llegó al poder gracias al abuso de las declaratorias de desastre natural que abrían la llave de los recursos del Fonden, en el calderonismo.
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Ya con Enrique Peña, el control de esos recursos recayó en mandos civiles cercanos a las Fuerzas Armadas. Y con AMLO, los recursos para reconstruir las poblaciones damnificadas quedó a cargo del mando castrense, mientras que se modificaron los lineamientos para solicitar las declaratorias de emergencia, de desastre natural y de corroboración de fenómenos naturales perturbadores ante la Comisión de Protección Civil, readscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ante el secuestro del Fonden en el periodo de Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, los gobiernos estatales tomaron sus previsiones. Y en noviembre del 2017 —justo antes de que arrancara la elección presidencial— el entonces gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, autorizó constituir un fideicomiso para la atención de desastres naturales y siniestros ambientales. Banco del Bajío quedó como fiduciario.
A mediados del sexenio lopezobradorista hubo una reforma a la Ley General de Protección Civil que obligó a las entidades federativas a homologar sus normativas, para contemplar una perspectiva de “gestión de riesgos”. Además, la administración delmacista dispuso una aportación de 100 millones de pesos al FIDESAAEM para el ejercicio fiscal del 2023.
Las autoridades chalquenses acreditaron los daños severos ante las instancias locales, que dependen directamente del secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares. Pero la entonces titular de las finanzas estatales, Paulina Moreno, no accedió a disponer de los recursos. La declaratoria de desastre natural nunca llegó. Allí comenzó la ruta de salida de la exsecretaria de Finanzas, quien hace un mes quedó al margen, mientras el exoficial mayor de la SEP, Óscar Flores, asumía el control.
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Esos recursos apenas eran la punta del iceberg de una sórdida disputa por el control de un presupuesto que excedió los 377,935 millones en el primer año de la administración morenista y que la exsecretaria Moreno deja sin deudas… pero con una enorme molestia entre proveedores y contratistas por las restricciones en el gasto corriente.
La gestión de esta crisis hídrica golpeó la imagen de la gobernadora. Y pudo costar el cargo a otros mandos superiores de la administración morenista, como los secretarios de Movilidad, Daniel Sibaja, y del Agua, Pedro Moctezuma Barragán, quien exigió la dimisión del titular de la CAEM, Armando Alonso Beltrán… ¡dos meses después!
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