Redacción El Coahuilense
Este lunes 16 de diciembre se llevó a cabo una reunión clave entre autoridades federales y los gobernadores de los estados del norte del país para fortalecer las estrategias de atención migratoria bajo un enfoque humanitario.
El encuentro fue liderado por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, con la participación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y del Instituto Nacional de Migración (INM).
Los gobernadores presentes incluyeron a Marina del Pilar Ávila de Baja California; María Eugenia Campos, de Chihuahua; Alfonso Durazo, de Sonora y Américo Villarreal, en Tamaulipas.
Durante la reunión, se destacó la necesidad de adoptar una política integral que permita enfrentar los retos migratorios de manera coordinada y respetuosa de los derechos humanos.
Esta mañana, junto con el subsecretario @arturomedinap y el @INAMI_mx, dialogamos con @MarinadelPilar, @MaruCampos_G, @AlfonsoDurazo y @Dr_AVillarreal, gobernadores de la zona fronteriza del norte del país, con quienes trabajamos de forma coordinada en materia migratoria en… pic.twitter.com/LW9NVHv0Fk
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) December 16, 2024
“Iniciamos la semana junto a la secretaria de Gobernación y mis compañeros gobernadores para abordar el tema de la migración. Coincidimos en la importancia de mantener una política migratoria integral, humana y coordinada”, expresó Marina del Pilar Ávila.
Por su lado, Alfonso Durazo reiteró el compromiso de su administración para sumar esfuerzos con la Federación: “Trabajamos de forma coordinada en materia migratoria en beneficio de nuestros connacionales”, afirmó.
Este diálogo forma parte de los esfuerzos continuos de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), que en octubre definió acciones como la implementación de un Modelo Humanitario de Movilidad y la formación de un equipo especializado para atender las necesidades migratorias actuales.
El objetivo principal de estas medidas es garantizar la colaboración efectiva entre los niveles estatal y federal, además de asegurar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes que cruzan por México.
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