Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
En ruta de colisión con el proteccionismo de la administración Trump, el gobierno mexicano cuenta con una baraja limitada.
Un estudio reciente del Transactional Institute y del Institute for Policy Studies publicado en septiembre de 2024 señala que el actual régimen de protección de inversiones extranjeras en México es muy costoso y, sobre todo, injusto e inequitativo.
En 2023, México fue el país con más demandas recibidas a nivel global bajo tratados de inversión. Las pérdidas multimillonarias para el Estado mexicano tienen un responsable: la corrupción imperante en el Poder Judicial.
La desconfianza a los jueces mexicanos, la determinante. Durante la renegociación del TLCAN, Estados Unidos abogó por preservar el espíritu de protección de inversiones y resolución de controversias a través del mecanismo inversionista-Estado (ISDS por su sigla en inglés).
Bajo la jurisdicción de paneles internacionales, desde 1997 el Estado mexicano ha sido condenado a pagar más de 341 millones de dólares a inversionistas foráneos. Sin embargo, las demandas pendientes suman 13,635 millones de dólares y podrían ser más.
Luis Jardón, académico del CIDE, analizó el caso Lion Mexico Consolidated versus Estados Unidos Mexicanos por el que se obligó a pagar 47 millones de dólares por denegación de justicia o, en otras palabras, por la falta de cuidado en las notificaciones a las partes, el exceso de formalismos procesales, la falta de capacidad y la insensibilidad del personal judicial. Todos, problemas estructurales que generan una cultura judicial procesalista, que se traduce en serias deficiencias en la administración de justicia y el debido proceso.
Baker Mackenzie acaba de publicar su previsión de litigios globales para 2025, basada en una encuesta respondida por 600 abogados de alto nivel. La transformación digital —incluida la rápida integración de la IA en los procesos empresariales— suscita nuevas preocupaciones. La ciberseguridad y la privacidad de los datos son las principales preocupaciones, impulsadas por la proliferación de violaciones de datos y un panorama normativo que evoluciona rápidamente.
Ese reporte es rotundo: los impuestos indirectos y los precios de transferencia también son áreas clave en los litigios fiscales a nivel global. Tanto en materia comercial y contractual, como en materia impositiva.
Efectos secundarios
REALIDADES. HR Media presentó su informe anual sobre los programas con mayor rating en la televisión abierta. En el rubro de noticieros, la data es contundente y acaba con la especulación desatada en días pasados por la directora de noticias de Canal Once, Luisa Cantú, quien se aventó la puntada de decir que su espacio noticioso de la noche ya está a la par que las emisiones de las empresas privadas. Pero, la realidad es que esto no es así. En Punto, el informativo que Enrique Acevedo presenta en N+ obtuvo, cada noche, 4 millones de personas, mientras que Hechos (Javier Alatorre, TV Azteca) promedió, 2.5 millones de personas en el 2024, mientras que Punto de Referencia, ocupa el último lugar en términos de audiencia.
AVANCES. Mientras un amplio grupo de proveedores esperan que Petróleos Mexicanos cubra adeudos del sexenio anterior, emerge un nuevo grupo de contratistas. Entre ellos, Comercializadora Maya, una empresa tabasqueña que acaba de ganar la licitación del contrato para limpiar los sistemas de drenajes aceitosos en las instalaciones de producción de la Región Sur. La propuesta de la empresa tabasqueña estaba 60 millones de pesos por encima de 2 de sus competidoras. Maraco Construcciones de Javier Cruz, que ofertó por 371 millones 130,000 pesos y Comunicaciones y Electrónica Industrial/WP Soluciones Integrales que ofertó por 412 millones 59,000 pesos.
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