Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
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Algo no cuadra en la versión oficial del famoso impuesto verde de Nuevo León. Resulta que cuando se pregunta cuánto se ha recaudado y, sobre todo, en qué se ha gastado, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, responde que esa es tarea exclusiva de la Tesorería estatal. Puede ser. Pero entonces surge una duda elemental: si la Secretaría de Medio Ambiente no sabe dónde termina el dinero recaudado en nombre del medio ambiente, ¿quién está verificando que realmente se use para mejorar el aire, el agua o los ecosistemas del estado? Porque una cosa es no administrar los recursos y otra muy distinta desentenderse de ellos.
Y es que el impuesto verde nació con la promesa de desincentivar la contaminación y financiar proyectos sustentables. Sin embargo, a casi cinco años de distancia, la discusión pública sigue girando más alrededor de cuánto dinero recauda que de qué beneficios ambientales concretos ha generado. De hecho, cuando se le pidió explicar el destino de esos recursos, el propio Lozano terminó citando proyectos como las Líneas 4 y 6 del Metro o la compra de camiones de gas natural, sin precisar cuánto del impuesto verde ha sido destinado realmente a esas obras.
Por si fuera poco, el gravamen ha sido el detonante de una guerra abierta entre el Gobierno estatal y la industria de las pedreras. Los empresarios aseguran que han sido sometidos a auditorías, clausuras y presiones para realizar aportaciones millonarias relacionadas con proyectos rumbo al Mundial de 2026, mientras que la administración estatal sostiene que simplemente está cobrando adeudos fiscales acumulados por más de 450 millones de pesos. Cada quien tiene su versión, pero lo cierto es que el impuesto verde se ha convertido en uno de los instrumentos más polémicos de la actual administración.
Lo que también llama la atención es la aparente contradicción en el discurso oficial. Por un lado, Raúl Lozano insiste en que la recaudación del impuesto verde corresponde exclusivamente a la Tesorería. Pero, por otro, ha sido precisamente la Secretaría de Medio Ambiente la que ha encabezado clausuras y suspensiones contra empresas que mantienen litigios relacionados con ese gravamen o que han sufrido auditorías exhaustivas o supervisiones. En el sector privado se recuerda particularmente el caso de Matrimar, cuya operación permaneció detenida mientras se desarrollaban negociaciones paralelas que, según versiones de los propios afectados, involucraban la solicitud de un pago de 50 millones de pesos, solicitud presuntamente gestionada desde el propio Baltazar Martínez, presidente local de Movimiento Ciudadano.
Porque al final del día el asunto no es quién recauda ni quién firma los cheques. El verdadero tema es que los nuevoleoneses siguen sin conocer con precisión cuánto dinero ha entrado por concepto del impuesto verde, qué proyectos específicos se han financiado con él y cuáles han sido sus resultados medibles. Si el gravamen fue creado para proteger el medio ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente debería ser la primera en exigir esa información. De lo contrario, el impuesto seguirá siendo muy verde… pero de transparencia, nada.
Ojo con las placas
El proceso de licitación para la fabricación de las nuevas matrículas vehiculares en el Estado de México dejó serias dudas debido a cambios drásticos de última hora en las bases y un calendario exprés que limitó la libre competencia. El ojo público se centra ahora en la empresa ganadora, Placas y Señalamientos Mexicanos, S.A. DE C.V., un proveedor que ha recibido inconformidades en Veracruz, Puebla y Querétaro por entregar láminas defectuosas que sufrieron un desgaste prematuro y terminaron despintadas. Ante este escenario, las autoridades locales tendrán que estar muy pendientes y actuar ante cualquier incumplimiento en la ejecución del contrato por 548 millones de pesos. Revisar la calidad de los materiales antes de su entrega será fundamental si quiere evitar un perjuicio para el contribuyente.
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