Acusan a José Luis Moyá de intentar obtener trato preferencial en prisión

septiembre 15, 2025
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Tras casi un año de su detención por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, José Luis Moyá Moyá, el autollamado zar de las solicitudes de información, estaría buscando obtener un trato privilegiado en el prisión.

Fuentes del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la Ciudad de México, señalan que Moyá ha manifestado su temor por su vida, alegando amenazas, agresiones y la falta de atención médica, con el fin de presionar a las autoridades.

Según las fuentes, las quejas de Moyá buscan conseguir beneficios como un cambio de celda, así como la garantía de su integridad física y acceso a servicios médicos. Sin embargo, estas peticiones son vistas como un intento de obtener un trato preferencial.

La detención de Moyá en octubre de 2024 se dio luego de una investigación por presunta extorsión. Un video en YouTube, que supuestamente documenta irregularidades financieras, señala que su madre, Rosa María Moyá, habría manejado millones de pesos sin una actividad empresarial conocida.

A pesar de su imagen pública como defensor de la transparencia, Moyá ha sido acusado por diversas fuentes de utilizar la información obtenida para extorsionar a empresarios y funcionarios.

En 2006, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, lo denunció por extorsión y difamación.

Moyá incluso admitió en 2014 que empresarios lo contrataban para presentar denuncias y solicitudes de información con el fin de intervenir en licitaciones públicas.

“Hay empresarios que me contratan cuando detectan que una licitación está dirigida a determinada empresa. Yo hago la solicitud de información y la denuncia. Si un empresario lo hace directamente, automáticamente lo vetan”, declaró.

Un juez lo vinculó a proceso y ordenó la inmovilización de sus cuentas bancarias, ratificando la medida de prisión preventiva mientras se resuelve su situación legal.

Además, se ordenó la inmovilización de sus cuentas bancarias, con el fin de impedir movimientos de recursos presuntamente ilícitos.

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