Redacción El CoahuilenseLa historia no la escriben los que se acomodan, sino los que se incomodan: Veloz
La defensa constitucional ante la Ley Bonilla y la traición de Morena
Por Jaime Cleofas Martínez Veloz
Durante años, creí que la congruencia era posible dentro de los partidos. Mi generación debatió si el camino para transformar al país era la vía política o la armada. Yo siempre defendí la vía política. Porque el hombre o la mujer con las armas en la mano muchas veces se convierte en una cosa rara: habla en nombre de principios que no existen, los interpreta de forma unilateral y facciosa, y llega incluso a ejecutar compañeros que sin deberla ni temerla fueron acusados y condenados en nombre de una revolución que nadie definió con claridad. ¿De cuál revolución, me pregunto?
Creí en la posibilidad de que la legalidad podía sostenerse desde la militancia. Que los principios fundacionales de Morena —honestidad, justicia, democracia— podían resistir la tentación del poder. Pero en 2019, esa convicción fue puesta a prueba. Las acciones y complicidades de Andrés Manuel López Obrador dieron al traste con los sueños y anhelos de transformación. Tijuana, que con AMLO prometía ser la ciudad de la esperanza, se convirtió en una versión más criminal que el Chicago de los años veinte. Afloró la relación entre el presidente y los intereses de bandas de narcotraficantes, a las cuales Jaime Bonilla —su operador en Baja California— les prestó servicios como lavador de dinero proveniente de actividades ilícitas. Al Capone se quedó corto frente a las atrocidades que se incubaron bajo el manto de la impunidad.
Todo comenzó con una convocatoria clara: el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) estableció que la gubernatura sería por un periodo de dos años, del 1º de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. Esa decisión respondía a la necesidad de homologar los calendarios electorales con el proceso federal de 2024. Era legal, legítima y pública.
Pero el 24 de febrero, Blanca Estela Fabela Dávalos —precandidata y posteriormente directora del DIF estatal— interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral local para impugnar el plazo. El tribunal, con los votos de los magistrados Loaiza y Vargas, resolvió modificar el periodo a cinco años. La magistrada Jiménez votó en contra. El TEPJF revocó esa decisión por extemporánea, pero el intento ya estaba en marcha.
El 11 de junio, el IEEBC declaró la validez de la elección y a Jaime Bonilla como gobernador electo. La constancia de mayoría reafirmaba el mandato de dos años. Incluso el tribunal estatal y el federal confirmaron esa declaratoria. Pero el 8 de julio, el Congreso saliente —con 21 de 25 diputados locales— aprobó la llamada “Ley Bonilla”, ampliando el mandato a cinco años. La iniciativa fue presentada por el diputado de Morena Víctor Morán, esposo de Blanca Estela Fabela. Todo quedaba en familia.
Ese mismo año, me encontraba participando en el proceso interno de Morena para la candidatura a la presidencia municipal de Tijuana. Las irregularidades fueron evidentes. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) emitió dos resoluciones:
* El 18 de marzo, invalidó la encuesta realizada por la casa encuestadora privada PLURAL.MX, que nunca fue publicada ni verificada.
* El 23 de mayo, sancionó al delegado Leonel Godoy Rangel por violar mi derecho de petición al negarse a entregar información clave.
Las encuestas serias —Gabinete de Comunicación Estratégica, Buendía & Laredo— me colocaban en primer lugar. Pero la única encuesta que me desfavorecía fue la que nunca apareció.
En lugar de garantizar legalidad, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, me descalificó públicamente, acusando la presencia de “sabandijas” y “traidores” en el partido. Yo no pedí privilegios. Solo pedí información. Y eso bastó para que me señalaran como enemigo interno. Años después, Polevnsky se cambió de partido y hoy es legisladora por el PT. Pero en ese momento, su furia —y ahora su incongruencia— fueron públicas.
Fue entonces cuando recordé una frase que escuché al subcomandante Marcos durante el proceso de pacificación en Chiapas: “En tiempos de crisis no hay matices.”
Y decidí actuar. La información que me llegaba sobre Bonilla era alarmante: vínculos con financieros ligados a los Arellano Félix, su papel como informante del FBI, su registro como ciudadano estadounidense para participar electoralmente en San Diego mientras era diputado federal en México. Todo eso, junto a la negativa del delegado de Morena de acatar el fallo de la CNHJ, me llevó a establecer una definición pública.
No debatí con Godoy. No negocié. Declaré que aceptaba la resolución de la CNHJ para reponer el procedimiento en Tijuana, pero con una condición ética: que Bonilla no fuera el candidato a la gubernatura. Sabía lo que esa decisión implicaba. Sabía que incomodaría. Pero también sabía que la congruencia no se negocia. Y jamás me arrepentiré de haberlo hecho.
Competí por la gubernatura bajo las siglas del PRD, con el compromiso de que la dirigencia nacional interpusiera un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. La Consejería Jurídica de la Presidencia, por órdenes de López Obrador, guardó silencio. Pero el 11 de mayo de 2020, la SCJN echó abajo la Ley Bonilla por unanimidad.
Dos años y ni un minuto más.
A las nuevas generaciones
A quienes hoy se preguntan si vale la pena luchar cuando todo parece adverso, les digo:
Sí, vale la pena.
Aunque las condiciones sean duras, aunque las instituciones fallen, aunque los poderosos se repartan el tablero, nunca dejen de pelear por lo justo.
La historia no la escriben los que se acomodan, sino los que se incomodan. Y cada paso que damos, aunque parezca pequeño, puede contener un abuso, encender una conciencia, o abrir una puerta que otros creían cerrada.
No se trata de ganar siempre.
Se trata de no rendirse nunca.
