AgenciaMonclova, Coahuila.- Representantes de trabajadores y un grupo de acreedores de Altos Hornos de México (AHMSA) pidieron a la autoridad judicial verificar el origen y la capacidad financiera de Lance Internacional, empresa propiedad de Ángel Efraín Rodríguez Ortiz, que figura como interesada en participar en la subasta de la siderúrgica.
El líder del Grupo de Defensa Laboral, Julián Torres Ávalos, solicitó a la jueza que compruebe que Rodríguez Ortiz no actúe como prestanombres de Alonso Ancira. Torres Ávalos señaló que, al revisar la documentación, la empresa no acreditó una dirección formal, lo que generó inquietud entre los trabajadores sobre su solvencia para adquirir una compañía del tamaño de AHMSA.
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En la misma línea, Héctor Manuel Garza Martínez, representante legal de un bloque de acreedores de AHMSA y su filial Minera del Norte (MINOSA), afirmó que la empresa vinculada al supuesto consorcio Metal Mex no cumple con los requisitos mínimos para participar en la subasta de la siderúrgica.
Torres Ávalos añadió que, por voces, conocen a Rodríguez Ortiz como un empresario del sector carbonero, dato que aumenta la desconfianza entre los afectados. Recordó que empresas dedicadas a la extracción de carbón en Coahuila han estado implicadas en malas acciones y hasta lavado de dinero, según versiones locales que atribuye a su entorno.
“Analizando las cosas bien, no sabemos quién es Ángel Efraín Rodríguez Ortiz, puede ser un prestanombres de Alonso Ancira, por eso pedimos a la jueza que se haga una investigación a fondo de él y su patrimonio”, explicó Torres Ávalos. La cita se mantiene en los términos presentados por el entrevistado.
Hasta el momento no se tiene registro público de que la jueza haya ordenado indagatorias puntuales sobre Lance Internacional o su propietario. Tampoco hay manifestación oficial de Metal Mex en respuesta a las observaciones planteadas por trabajadores y acreedores.
El proceso de subasta de AHMSA continúa bajo la supervisión de autoridades competentes y con la atención de distintos actores económicos y sociales, entre ellos empleados, acreedores y posibles postores, que reclaman transparencia en la verificación de los aspirantes.
Con información de Zócalo
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