Redacción El CoahuilensePor Valeria Camün
Denuncias por acoso, levantamiento de actas administrativas, exhibiciones anónimas en tendederos feministas y hasta actas de rescisión laboral aparentemente injustificadas son algunas de las prácticas que han sido expuestas por trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), y que se incrementan en tiempos de elecciones, sobre todo a alguna Dirección.
Las acusaciones son directas: instancias de la máxima casa de estudios son utilizadas para el golpeteo político.
Docentes y administrativos aseguran que el ambiente al interior es tenso, que las disputas entre grupos antagónicos han subido de tono y que a las hostilidades en las áreas comunes ahora se le suman procedimientos ante el Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género, quejas en el Sindicato de Trabajadores de la universidad (STUAC), y actas levantadas en Oficialía Mayor.
El caso Nahayeli
En septiembre de 2024 la maestra Nahayeli Gómez Aguilera, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Unidad Laguna, denunció ante el Tribunal Universitario, a cargo de Nadia Salas Carrillo, ser víctima de violencia de género al recibir amenazas, gritos, insultos, extorsión y acoso laboral por parte del director Ricardo Jurado, del secretario académico Ricardo Rodríguez y del secretario administrativo Jair Morales.
Presentó como pruebas audios, oficios y testimonios de algunos colegas, quienes dijeron ser testigos del abuso de autoridad que se ejercía sobre ella desde la Dirección.
En octubre del mismo año se lanzó la convocatoria para elegir director y Nahayeli buscó registrarse. Sin embargo, no pudo hacerlo debido a que no tenía la titularidad de su materia.
El director Ricardo Jurado obtuvo la reelección.
“En ese periodo empezaron a mandar a su gente para seguir acosándome, persiguiéndome, inclusive hasta en el baño, y difundiendo rumores falsos sobre mí. Incluso empezaron a emitir oficios contra mí sin fundamento. Me dirigí a la Defensoría de Derechos Humanos, que siempre atendió mis solicitudes, y denuncié ante el Tribunal Universitario mientras corría el tiempo del proceso (a dirección)”, explica la docente.
El 11 de noviembre de 2024 el Tribunal Universitario determinó que los hechos denunciados por Nahayeli “no son constitutivos de violencia de género, motivo por el cual esta instancia universitaria no tiene competencia para conocer y resolver sobre el fondo del asunto”.
Además, determinó la “no responsabilidad” de los tres docentes acusados, “por no actualizar ninguna de las conductas establecidas en el apartado VII del Protocolo de Actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género al interior de la Universidad Autónoma de Coahuila”.
Después de la resolución, la catedrática asegura que la violencia fue en aumento. Señala que, pese a solicitar medidas de protección, sólo le sugirieron “hacer contacto cero” con los agresores y “no caer en provocaciones”.
Un año después, el 7 de octubre de 2025, la Dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Unidad Laguna levantó un acta administrativa contra la docente por organizar un viaje a la Ciudad de México con alumnos sin pedir autorización al director, por acumular más de tres faltas en un mes, por solicitar dinero a nombre de la universidad y por ostentarse con un cargo que no existe en la UAdeC.
Después de explicar y exponer sus razones sobre el viaje, 15 días después, el 22 de octubre, Nahayeli Gómez recibió un oficio firmado por Josué Elí Garza, oficial mayor: “Hago de su conocimiento que a partir de esta fecha queda rescindida la relación de trabajo que le une con la Universidad Autónoma de Coahuila”.
La maestra, que en julio de 2025 fue elegida Coordinadora de la Red Nacional de Observatorios de Medios del Consejo Nacional para la Enseñanza de Investigación en Ciencias de la Comunicación (CONEICC), afirma que su despido es grave en materia de persecución a la comunidad científica de la que forma parte, y por la violencia de género.
“El dictamen del Tribunal deja en indefensión a la víctima de violencia de género y protege a los agresores por no añadir medidas de protección ni ofrecer una entidad que continúe con el proceso”, afirma.
Resoluciones incómodas
Por cuestión de confidencialidad, Nadia Salas Carrillo, titular del Tribunal Universitario, no puede hablar específicamente sobre un proceso, pero asegura que, en sus cinco años de existencia, esta institución siempre ha procurado la resolución de cada caso de manera objetiva, imparcial y, sobre todo, con perspectiva de género y perspectiva victimológica.
“Pero, si una persona está inconforme con la resolución emitida por el Tribunal, tiene acceso a una segunda instancia, que es la Comisión Ordinaria de Género del Consejo Universitario, que vuelve a revisar y analizar todas las constancias que integran los expedientes, y determina una revocación de la resolución del Tribunal, una modificación o confirma la resolución”, afirma.
Salas Carrillo descarta que el Tribunal se preste a golpeteos políticos, ya sea por acusaciones infundadas o resoluciones parciales, pero reconoce que los dictámenes siempre dejan inconforme a alguien.
“Hemos sido muy cuidadosos en el Tribunal para quedarnos al margen de la política en relación con las unidades académicas de la universidad, para que eso no obstaculice la objetividad con la que se tiene que resolver. Y te lo puedo decir porque hemos sancionado a autoridades universitarias, hemos sancionado a docentes con más de 40 años de antigüedad, porque hay que dejar al margen quién es, sino más bien (establecer) qué hizo.
“Yo puedo decir y darte certeza de que el Tribunal no responde a ningún interés político”, subraya Salas Carrillo.
Mientras tanto, la catedrática Nahayeli Gómez, asesorada por su abogado, busca apoyo en otras instancias para que la restituyan en la máxima casa de estudios.
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