AgenciaMonclova, Coahuila.- Ricardo López Campos, magistrado del Tercer Tribunal de Distrito con sede en Monclova, reveló que financieras y agiotistas han instrumentalizado una dependencia del Poder Judicial del Estado para forzar el pago de créditos.
La estrategia consistía en amenazar a los deudores con encarcelarlos si no se presentaban a la Oficina de Solución de Conflictos Internos por Medios Alternos.
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Según la investigación interna, detectaron que estas empresas otorgaban préstamos a residentes de diversas colonias con el único fin de iniciar después un proceso de cobranza a través de la oficina judicial.
López Campos fue contundente: “Pero ya paramos el disque servicio, porque estaban utilizando el estado para dar satisfacción a sus intereses”.
El magistrado expuso el mecanismo tras escuchar a ciudadanos afectados. Estos relataron que los cobradores, “con artimañas y engaños”, los conducían a la oficina bajo la advertencia de que irían a prisión si no acataban la citación.
La autoridad judicial les aclaró de inmediato que tal amenaza era falsa: “A los afectados les dijimos que no teníamos por qué meterlos a la cárcel, que eso está fuera de toda posibilidad”.
López Campos describió la operación de los agiotistas: se aprovechan de “la extrema necesidad e ignorancia de las personas” para hacerles firmar pagarés, en ocasiones en blanco, y luego intentan usar al Poder Judicial como brazo cobrador cuando el deudor no cumple.
El magistrado estableció una línea jurídica clara: “Nosotros no podemos ser copartícipes de un cobro que proviene de un delito, porque la usura es un delito”.
Ante la pregunta de por qué se permitió esta situación, el funcionario –que asumió el cargo en septiembre– declaró no tener una respuesta, pero afirmó que se actuará para impedir que la institución se use para fines impropios.
Como medida correctiva, López Campos ya instruyó a los jueces civiles y mercantiles para que examinen minuciosamente el origen de cada demanda.
Su indicación es que, “si se percibe que están usando al estado para satisfacer una demanda que provenga de un delito como la usura, deben de razonarla y tener la habilidad jurídica para negarla”.
Reiteró el mensaje dirigido a las víctimas de estas prácticas: se les ha garantizado que “por supuesto que no se les va a meter a la cárcel por no pagar la deuda que tienen con financieras y agiotistas”.
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Con información de Periódico Zócalo
