Redacción El CoahuilensePor Valeria Cämun
En medio de una histórica crisis en materia de derechos humanos –con más de tres mil 600 desaparecidos en el estado, delitos cometidos contra migrantes, abusos policiacos y de recomendaciones desatendidas–, la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) goza de suntuosos privilegios que resultan incomprensibles para la realidad de las víctimas.
El presupuesto otorgado por el Congreso del estado para el ejercicio fiscal 2025 de la AIDH, adscrita a la máxima casa de estudios pero con autonomía en su administración, fue de 39 millones 600 mil pesos, mientras que para la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila fue de 35 millones 276 mil pesos.
Esos casi 40 millones anuales son más de lo otorgado a la Comisión de Búsqueda del Estado, que recibió casi 25 millones; y más que los 24 millones presupuestados para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Pero lo realmente dispar es lo lejano que están esos 39 millones 600 mil pesos anuales de la Academia respecto de lo aprobado para el Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión de Búsqueda, que apenas recibe un millón 640 mil pesos.
Creado a partir de lo hecho
Diana Iris García tuvo el último contacto con su hijo Daniel Cantú Iris el 21 de febrero del 2007. A partir de ahí empezó su calvario.
Pensó que era la única madre que buscaba a su hijo, pero descubrió que las desapariciones masivas en Coahuila iniciaron ese año, y los familiares, sumidos en la desesperación y la inoperancia de las autoridades, comenzaron a buscarlos por su cuenta.
El 19 de diciembre de 2009 las familias fundaron el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), convirtiéndose en uno de los primeros grupos de búsqueda en el país.
Entre 2010 y 2011 el estado registró el pico más alto de desapariciones: mil 40 en ambos años, y la entonces Fiscalía General de Coahuila, a cargo de Jesús Torres Charles, estaba totalmente rebasada.
En 2014 Luis Efrén Ríos Vega, director de la Facultad de Jurisprudencia y cercano al gobernador Rubén Moreira, contactó a FUUNDEC y, del trabajo que ellos le presentaron, propuso la creación del Instituto de Investigaciones Jurídicas que, en teoría, daría seriedad al diálogo entre autoridades y familiares de desaparecidos para obtener resultados concretos.
Al principio sólo era una oficina dentro de la Facultad de Jurisprudencia, pero la habilidad del hoy magistrado Ríos Vega hizo que en el 2015 se creara la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), y le cedieron el edificio del antiguo Instituto Coahuilense de Cultura (ICOCULT), ubicado en la esquina de Hidalgo y Juárez, en el Centro Histórico de Saltillo, que hoy sigue perteneciendo a la AIDH.
En 2017 Ríos Vega fue destituido de la dirección de la Facultad de Jurisprudencia por presuntos actos de corrupción en los gastos de remodelación de oficinas, que ascendieron a casi 300 mil pesos.
Por esas fechas, recuerda Diana Iris, la Academia les ofreció un diplomado con costo, con expertos internacionales en el tema de la desaparición forzada. Ella egresó de la primera generación.
“Ese es el único beneficio que pude yo haber recibido de la Academia, de todo el presupuesto espantoso que hasta el día de hoy recibe”, afirma la activista. “Después hicieron unas mesas diálogo de las que tenemos con el gobierno del estado para la atención integral para familiares de personas desaparecidas; hicieron un estudio de actualización y de criterios, y de monitoreos, de cómo se debería llevar y qué es lo que se debería hacer, pero claro que esto se le pagaba, no era sin costo alguno”.
De 2017 a 2019 Ríos Vega, además de ser director de la AIDH, también era miembro del Grupo Autónomo de Trabajo para el Diálogo entre el gobierno del estado y las familias de personas desaparecidas, por lo que percibía dos sueldos, además de las asesorías y talleres que otorgaba a los grupos.
Casa morada con cancha de pádel
En una entrevista previa, Diana Iris explicó que, aunado al profundo sentimiento de angustia por no conocer el paradero de sus seres queridos, los familiares de los desaparecidos se enfrentan a la terrible realidad: los cuantiosos gastos económicos que implica su búsqueda, y que muchos de los que ya no están, eran el sostén de sus familias.
“La desaparición va junto con la pobreza –dijo–. Las familias nos empobrecemos por buscarlos, por saber dónde están. Nuestro patrimonio se viene abajo. No hay un marco jurídico de las personas desaparecidas”.
Una encuesta realizada por la organización A Dónde Van Los Desaparecidos revela que las familias pueden gastar entre 500 y 4 mil pesos diarios para transporte, alimentos, herramientas de excavación, alojamiento y copias para realizar trámites.
En contraste está el presupuesto irreductible para la Academia Interamericana de Derechos Humanos, bajo la dirección general de Irene Spigno desde el 2019, quien también es integrante honorífica del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Coahuila.
El edificio Derechos Humanos Siglo XXI, la “Casa Morada”, ubicada en Campus Arteaga, fue inaugurada en noviembre del 2023 con una inversión oficial de 40.7 millones de pesos, pero fuentes consultadas afirman que costó más del doble de lo reportado; hoy tienen una cancha de pádel gracias a la afición a este deporte por parte de la directora y del docente investigador Luis Efrén Ríos Vega, quien no aparece dentro del equipo la AIDH, pero sí en casi todas las publicaciones firmando como director.
La Academia tiene cuatro centros que operan al interior y tienen organigramas distintos: Centro de Estudios Constitucionales Comparados (del cual también es directora Irene Spigno); Centro de Educación para los Derechos Humanos; Centro de Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales; y Centro de Derechos Civiles y Políticos.
“La jurista de las emociones”
Spingo, investigadora en Derecho y Economía por la Universidad de Siena, Italia, tiene además un proyecto literario en el que se autodenomina “La jurista de las emociones”, y que ya tiene tres volúmenes impresos: Ser humanos en los tiempos de los derechos; Del derecho a la felicidad, y, el más reciente, Del amor y otros derechos.
“En este volumen nos interrogamos sobre distintos aspectos para que el amor, en su más amplia acepción, inunde nuestras vidas”, posteó Spigno en sus redes sociales.
“Por un lado, la autora dedica sus palabras a la esencia de la felicidad, la identidad y la receta para obtenerla; por otro, la importancia de la magia y los sueños como motor de movimiento, para materializar aquellos a los que aspiramos”, se lee en una reseña de sus libros y en el sitio lajuristadelasemociones.com.
“El trabajo de la Academia lo veo muy alejado. Sólo se centra en ofrecer sus cátedras, en cobrar sus maestrías y doctorados. Sé que esos estudios son caros, sé que los cobran muy bien, que tienen ciertas becas, pero de ahí en fuera, que las familias tengamos algún beneficio por la Academia, no, ninguno”, afirma Diana Iris.
“(Irene Spigno y Luis Efrén Ríos) son dos personas que no son de mi agrado, en primera porque me parece que el doctor Luis Efrén abusó de nuestros temas, se colgó para ir haciendo su Academia, y de ahí brincó a ser magistrado, que desde FUUNDEC, consideramos que es el premio que se le otorga a los funcionarios por, realmente, no hacer su trabajo”.
Investigaciones de papel
La Universidad Autónoma de Coahuila dice destinar alrededor de 40 millones de pesos a sus ocho centros de investigación que tiene en el estado, en donde impulsan más de 670 proyectos, entre ellos, los de la extracción del gas shale, y generan entre 12 y 15 nuevas patentes al año.
Pero no siempre es así: la máxima casa de estudios destina menos de esa cantidad a los centros ubicados en Saltillo, Torreón, Viesca, Cuatrociénegas y Nueva Rosita, por lo éstos tienen que vender sus productos para generar recursos propios, así como aplicar a bolsas concursables que no siempre se ganan.
La Academia no tiene ese problema y esos 39 millones no los tiene que repartir ni justificar con nadie.
“El presupuesto que le dan a la Academia se le podría otorgar a la Comisión Local de Búsquedas para que instale una unidad de análisis de contexto que tanta falta hace, y que está estipulada por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada; y no es tan fácil tenerla porque se necesitan recursos para instalarla”, reitera con indignación Diana Iris.
“Y estamos interesados más en ello porque hemos visto que en los últimos años no se avanza en las investigaciones, y el pretexto es que las desapariciones del colectivo ya son todas de larga data, ya son más de una década, casi dos décadas, y quieren ir a investigar lo mismo como si fuera el primer día. Entonces se necesitan ministerios públicos capacitados para trabajar larga data, análisis de contexto, que no vean caso por caso, sino que vean similitudes, encuentren patrones, desde un enfoque de macrocriminalidad, que son de las cosas que no se quieren trabajar”, explica.
Entre los reclamos de Diana Iris está que la AIDH prometió apoyar a familias de Piedras Negras con la reparación integral con enfoque de lucro cesante, para devolver algo de lo gastado a las familias, pero no le dieron seguimiento y los abandonaron.
Un análisis al Informe de Actividades 2025, presentado por Irene Spigno en marzo, revela que presenta dos y hasta tres veces el mismo proyecto, y que la mayoría de los logros son publicaciones que se quedan en la teoría.
Además, una gran parte del contenido, de 375 páginas, son fotografías de eventos: torneo de ajedrez, taller de lectura, poesía y creación literaria; talent show, torneo de pádel en las instalaciones Club W; el Scary Fest AIDH, donde la comunidad morada muestra sus mejores disfraces, entre otros.
Spigno informó sobre los convenios realizados en 2025 con la Universidad de Génova y la Universidad de Cagliari, en Italia; y las Universidad de León y Granada, en España; y adelanta que “los próximos observatorios, semanarios, conversatorios, etc., serán en la Universidad de Pisa, Italia; en la Universidad de Palermo y en la Universidad de Siena”.
