Redacción El CoahuilenseCiudad de México.- El Pleno del Senado de la República aprobó este viernes, alrededor de las 2:30 de la madrugada, la reforma constitucional que adiciona un inciso a la Base VI del artículo 41 de la Constitución para incorporar una nueva causal de nulidad electoral por intervención o injerencia extranjera.
Sin embargo, durante el debate, la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, advirtió que la reforma fue avalada sin legislación secundaria, lo cual evitaría definir y aplicar jurídicamente la nueva causal.
Al anunciar el voto en contra de su bancada, sostuvo que la modificación constitucional “va a quedar vigente, pero sin su ley reglamentaria”.
“Es, más que una norma, un arma de discurso”, señaló la senadora Carolina Viggiano Austria.
La legisladora explicó que el diputado Ricardo Monreal retiró en la Cámara de Diputados la reforma secundaria que debía establecer qué se entiende por injerencia extranjera, cómo acreditarla y bajo qué procedimiento podría sancionarse.
Según Viggiano, la ausencia de estas disposiciones impedirá que la reforma pueda aplicarse en la elección de 2027, debido a que el artículo 105 constitucional establece que cualquier modificación electoral debe publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral.
“La norma no servirá para litigar, pero sí servirá, y mucho, para sembrar la duda y no reconocer derrotas”, señaló.
La priista advirtió que, aun sin posibilidad de aplicarse jurídicamente en 2027, la sola incorporación de la figura en la Constitución permitirá al oficialismo utilizar el concepto de “injerencia extranjera” como herramienta política y propagandística.
“El oficialismo sabe que puede perder en varios estados y no querrá reconocer la victoria ajena”, añadió la senadora Carolina Viggiano Austria.
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También cuestionó el artículo transitorio que obliga a armonizar el marco normativo antes del 5 de junio de 2026, al considerar que el plazo es “jurídicamente imposible” de cumplir, ya que la Cámara de Diputados concluyó su periodo extraordinario y la minuta secundaria fue retirada.
Viggiano acusó además que el discurso sobre soberanía nacional busca encubrir señalamientos contra figuras de Morena relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Defender a México no es proteger a presuntos delincuentes detrás de la palabra soberanía, ni legislar al vapor dejando normas que nacen muertas”, sostuvo.
Por su parte, la coordinadora del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía Gutiérrez, afirmó que los supuestos contemplados en la reforma son “ambiguos” y “peligrosamente discrecionales”.
La panista advirtió que incluso pronunciamientos públicos de periodistas, empresarios, observadores internacionales o actores políticos extranjeros podrían ser utilizados para solicitar la nulidad de una elección.
“Sin ánimo de exagerar, un tuit puede ser motivo de anulación de un proceso electoral”, declaró.
Murguía consideró que la reforma otorga al Tribunal Electoral facultades de interpretación “sumamente amplias” y acusó que el verdadero objetivo es construir un “blindaje electoral” para Morena.
En defensa del dictamen, el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que la reforma busca garantizar que “las elecciones las decida el pueblo y nadie más”.
El legislador sostuvo que la causal de nulidad sólo podrá acreditarse mediante pruebas “objetivas, materiales y suficientes”, y cuando la intervención extranjera sea grave, dolosa y determinante para el resultado electoral.
Cantón Zetina afirmó que actualmente las formas de injerencia extranjera incluyen financiamiento opaco, campañas de desinformación, manipulación digital, ciberataques y redes de propaganda financiadas desde el exterior.
“México no acepta injerencias. México no admite tutelajes. México no se arrodilla ante intereses extranjeros”, expresó.
El senador morenista rechazó que la reforma vulnere la libertad de expresión y aseguró que, por el contrario, fortalece la democracia y protege la autenticidad del sufragio.
Tras la aprobación del dictamen, el Pleno del Senado inició de inmediato la discusión de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas, con la que se propone crear una Comisión Electoral destinada a impedir el registro de presuntos “narcocandidatos”, según el oficialismo.
Sin embargo, legisladores de oposición advirtieron que la medida podría abrir la puerta a mecanismos de censura y al uso político de las candidaturas por parte del Gobierno federal.
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