Redacción El CoahuilenseCiudad de México.- El Senado de la República aprobó este miércoles en lo general y particular la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poner un límite a las llamadas “pensiones doradas” en el servicio público.
Por unanimidad, el pleno avaló con 116 votos a favor el dictamen que reforma el artículo 127 de la Constitución, con el propósito de establecer que las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos no puedan exceder el monto máximo de remuneración que recibe el titular del Poder Ejecutivo federal, en concordancia con el principio constitucional de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente.
La reforma plantea que las pensiones del personal de confianza del sector paraestatal no podrán exceder el 50 por ciento de la remuneración de la persona titular de la Presidencia de la República, lo que actualmente equivaldría a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
De acuerdo con estimaciones presentadas durante el debate legislativo, la medida impactaría a alrededor de seis mil 297 exfuncionarios y extrabajadores del sector público que actualmente perciben pensiones superiores a ese monto.
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Entre ellos se encuentran principalmente jubilados de Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y algunas instituciones financieras del Estado.
Legisladores del oficialismo señalan que, de aprobarse totalmente la reforma, permitiría un ahorro cercano a los cinco mil millones de pesos anuales para el erario.
Morena defiende fin de privilegios y oposición señala inconsistencias
Durante la discusión, el senador de Morena Óscar Cantón Zetina sostuvo que la reforma busca poner orden en el sistema de jubilaciones financiadas con recursos públicos.
“Estamos convencidos de que cuando se trata de defender el interés público y fortalecer la justicia en el uso de los recursos de la Nación, este Senado demuestra que está a la altura del pueblo de México”, señaló Óscar Cantón Zetina, senador de Morena.
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El legislador subrayó que el objetivo no es eliminar las pensiones, sino evitar que existan jubilaciones desproporcionadas financiadas con recursos públicos.
Aunque votaron a favor del dictamen, legisladores de oposición plantearon diversas reservas sobre el diseño de la reforma.
Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, señaló que es necesario corregir las desigualdades en el sistema de pensiones, pero advirtió que la reforma podría generar problemas jurídicos si afecta derechos previamente adquiridos.
“Existen miles de personas que reciben pensiones de tres o cuatro mil pesos al mes, mientras otras reciben cientos de miles de pesos pagados por el mismo Estado. Esa desigualdad debe corregirse”, expresó Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de MC.
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Sin embargo, cuestionó que la reforma excluya a las Fuerzas Armadas y advirtió que vincular el tope al salario presidencial podría generar incertidumbre.
A si vez, su compañera de bancada, la senadora Alejandra Barrales, reconoció que la iniciativa puede generar ahorros importantes, pero advirtió que el sistema de pensiones en México enfrenta un problema estructural mucho mayor.
Según explicó, actualmente uno de cada cinco pesos del presupuesto federal se destina al pago de pensiones, mientras que el pasivo pensionario del país podría alcanzar 11.4 billones de pesos en las próximas décadas.
PRI advierte posible uso político
Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano expresó preocupación por la posibilidad de que la reforma tenga efectos retroactivos que afecten derechos laborales adquiridos por trabajadores jubilados.
También cuestionó que la iniciativa no incluya a otros sectores del Estado, como el Poder Judicial o ciertos regímenes especiales, y sugirió que el proyecto podría responder a cálculos políticos.
“La Constitución no puede usarse como herramienta de propaganda ni para ajustar cuentas políticas”, sostuvo Carolina Viggiano, senadora del PRI.
Tras su aprobación en el Senado, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.
Al tratarse de una reforma constitucional, en caso de ser avalada por San Lázaro deberá posteriormente ser aprobada por al menos 17 congresos estatales antes de su promulgación y entrada en vigor.
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