Redacción El CoahuilenseCDMX.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron este martes, de manera unánime, el dictamen de reforma al artículo 127 de la Constitución que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” en el sector público, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El proyecto establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración mayor a la asignada a la persona titular del Ejecutivo federal, y fija además un límite para las jubilaciones y pensiones del sector público.
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De acuerdo con el dictamen, las pensiones de funcionarios y personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos y entidades paraestatales no podrán exceder la mitad de la remuneración presidencial, lo que en la práctica implicaría un tope cercano a los 70 mil pesos mensuales.
La reforma también prevé que ningún funcionario pueda percibir ingresos iguales o mayores a los de su superior jerárquico, salvo en casos específicos como la acumulación de varios empleos públicos o remuneraciones derivadas de trabajos técnicos especializados.
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Quedan excluidas de estas disposiciones las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales del sistema de retiro, los sistemas complementarios financiados por sindicatos y la pensión universal para adultos mayores prevista en el artículo cuarto constitucional.
MC respalda reforma, pero alerta riesgos
Durante la discusión, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, respaldó el objetivo de eliminar pensiones desproporcionadas, al considerar que resulta “indefendible” que el Estado pague jubilaciones millonarias mientras millones de trabajadores reciben pensiones insuficientes.
Sin embargo, advirtió que la reforma plantea riesgos jurídicos importantes, entre ellos la posible retroactividad en perjuicio de personas que ya reciben una pensión.
“Reducir una pensión ya devengada representa un incumplimiento unilateral por parte del Estado frente a quienes cumplieron su parte del contrato social”, señaló.
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