Ana CastañuelaPor Ana Castañuela
Saltillo, Coahuila.- El diputado del Partido Verde, Jorge Valdés Flores presentó una iniciativa para crear la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones en Coahuila.
La ley tiene el objetivo de establecer las bases de colaboración y coordinación entre el Gobierno del Estado con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para la supervisión de las condiciones operativas de Establecimientos Residenciales Especializados en el Tratamiento de las Adicciones (ERETA) y establecimientos que brinden servicios profesionales de salud mental.
Según el legislador, las disposiciones contenidas en la iniciativa de ley permiten identificar y registrar los establecimientos de este tipo que operan en el territorio estatal, precisa las bases para llevar a cabo, en colaboración con la autoridad sanitaria federal, la supervisión del cumplimiento de los criterios y niveles de cumplimiento determinados, e impulsa el respeto de los derechos humanos de las personas usuarias.
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La propuesta, compuesta por seis capítulos, establece que las personas que estén bajo tratamiento en un ERETA o establecimiento de Salud Mental deberán recibir un trato humano y no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y directivos y personal que laboren en dichos establecimientos deberán respetar los derechos humanos de los usuarios.
Además, deben ser valoradas por personal médico en un periodo no mayor a 48 horas de su ingreso y debe integrarse un expediente clínico bajo los principios de transparencia y acceso a la información en donde se registrará todo medicamento prescrito por un profesional médico.
En el segundo capítulo, se define que el Comité Estatal de Supervisión de Establecimientos Residenciales Especializados en el Tratamiento de las Adicciones y de Establecimientos con Servicio Profesional de Salud Mental, la Secretaría de Salud, el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones y los ayuntamientos de la entidad serán las autoridades competentes para la aplicación de esta ley y se establecen sus facultades.
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Entre las competencias del Consejo destacan la supervisión del cumplimiento de las disposiciones que regulan la operación de los establecimientos ubicados en el Estado en conjunto con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de México (CONASAMA); emitir el diagnóstico respecto a su cumplimiento; el diseño y la integración de un Registro Censal; y la integración y actualización de un Padrón de Alertamiento sobre la ubicación y probable funcionamiento de un ERETA.
A los ayuntamientos les corresponde notificar al Consejo sobre la ubicación y el probable funcionamiento de un ERETA o de un Establecimiento con Servicios Profesionales de Salud Mental, para que lo integre al Padrón de Alertamiento; capacitar al personal municipal en la materia; vigilar el cumplimiento de los requisitos municipales en materia de desarrollo urbano, protección civil y uso de suelo; y la implementación de campañas de difusión.
El Comité debe colaborar con el Consejo en el proceso de supervisión; supervisar la observancia y el estricto apego a la legislación y normatividad aplicable; formular recomendaciones y observaciones que permitan mejorar las condiciones operativas de los establecimientos; y emitir recomendaciones a las autoridades estatales competentes para que adopten medidas de aseguramiento y clausura.
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En sus capítulos cuatro y cinco se establece el funcionamiento y operación de los ERETAs y los Establecimientos con Servicios Profesionales de Salud Mental, quienes deberán cumplir los requisitos conforme a los criterios y niveles de cumplimiento definidos por la autoridad federal competente en la materia, establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, y en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
También se plantea la creación del procedimiento para la presentación y atención de quejas en contra de estos establecimientos.
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