Ana CastañuelaPor Ana Castañuela
Saltillo, Coahuila.- Ante la creciente ola de vandalismo que afecta el suministro de agua y los servicios básicos en Torreón, la diputada Olivia Martínez Leyva presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para castigar de forma severa a quienes dañen o saboteen la infraestructura hídrica y de servicios públicos esenciales.
Hasta ahora el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón ha registrado más de 20 ataques a infraestructura hidráulica en lo que va del año.
La legisladora señaló que el problema ha escalado drásticamente, pues lo que comenzó como robo de cables eléctricos en pozos de agua, derivó en una modalidad de daño “por el simple hecho de causar maldad”.
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“Ya no se llevan el cable para su venta para su uso, hoy el daño es a los equipos de los cárcamos de bombeo (…) Estas alteraciones dolosas desencadenan consecuencias masivas que impactan simultáneamente la movilidad, la salud pública, la protección civil y la prestación de múltiples servicios públicos”, enfatizó la legisladora.
La iniciativa busca adicionar el artículo 474 Bis al Código Penal de Coahuila para estos actos dejen de tratarse como “daño en propiedad ajena”, pues resulta insuficiente frente al impacto social que genera.
Tipifica como delito penal autónomo el sabotaje a infraestructura hídrica y servicios esenciales como el agua, drenaje, electricidad, recolección de residuos.
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Las sanciones aumentar hasta en una mitad cuando la afectación impacte a hospitales, escuelas o zonas de alta marginación; se provoquen inundaciones, derrames o riesgos sanitarios; la interrupción del servicio dure más de 24 horas; y cuando la conducta la realicen servidores públicos o contratistas con acceso a las instalaciones.
La diputada recordó que Coahuila, particularmente la Región Laguna, enfrenta condiciones de estrés hídrico estructural, agravadas por la sobreexplotación de acuíferos.
En este contexto, considera que los pozos, tuberías y plantas de tratamiento de agua constituye la “columna vertebral” para garantizar el derecho humano al agua.
“Tipificar el sabotaje como delito envía un mensaje claro: en Coahuila, el agua no es una mercancía cuya distribución pueda ser perturbada impunemente. Proteger esta infraestructura es proteger la salud y la dignidad de las familias”, concluyó la diputada.
La iniciativa, trabajada en coordinación con el Poder Ejecutivo, será turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y posterior dictamen.
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