Redacción El CoahuilenseCDMX.- Cuatro presidentes de la República, siete gobernadores y más de 500 presidentes municipales han desfilado por Michoacán desde 2006, año en que se lanzó el primer operativo federal que buscaba destronar a las bandas delictivas que han impuesto una gobernanza criminal en la entidad.
Más de 21 mil 700 personas han sido asesinadas, mil 248 han sido secuestradas y otras 32 mil 300 han denunciado extorsión en Michoacán desde 2006, año en que se desplegó el primer intento federal por recuperar el control territorial que mantienen los grupos del narcotráfico.
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Después de casi dos décadas de intentos fallidos por pacificarlo, Michoacán no sólo está en el top 10 de los estados con mayor número de asesinatos, sino que se ha consolidado como uno de los centros de “innovación” criminal, con el empleo de drones y nuevas tecnologías, control de las cadenas de producción agroindustrial, blindaje de vehículos y métodos extremos de aniquilación.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta este domingo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia conjunta que busca, por cuarta vez en 19 años, devolverle la gobernabilidad al estado, frenar las extorsiones contra los productores de aguacate y limón, detener los homicidios, desterrar la corrupción policial, ofrecer opciones educativas y culturales, y restaurar el Estado de derecho.
El reto es monumental, pero hay escepticismo. “Tú no puedes generar estabilidad, tú no puedes generar condiciones óptimas de vida para los ciudadanos, si primero no extirpas la parte más importante que es la gobernanza criminal que hay en Michoacán”, destaca Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad, estrategias policiales y movimientos sociales.
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“El crimen organizado en Michoacán ha mermado al Estado, y eso no lo puedes combatir con mesas de diálogo, con tropas ni con programas sociales. Eso lo tienes que desarticular con un esquema de inteligencia tanto criminal como financiera para saber cómo se mueve el dinero”, agrega Guerrero Baena, moreliano y director de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos (ILEES).
A unas horas de que la presidenta haga el anuncio formal de su estrategia para frenar la degradación política, social y de seguridad de Michoacán, el especialista en inteligencia para la Seguridad Nacional, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, subrayó que un factor que la Presidenta no puede decir de manera explícita, pero que se tiene que abordar, es el desmantelamiento del pacto político-criminal que prevalece en el estado.
“Se deben erradicar los pactos de los alcaldes, funcionarios estatales, mandos policiacos y liderazgos empresariales con los diferentes grupos delictivos en Michoacán. De no ser así, el plan federal será sólo un paliativo”, agregó Rodríguez Sánchez Lara, quien es académico y consultor del Colegio de Defensa, del Centro de Estudios Superiores Navales y del Centro Nacional de Inteligencia de México.
Tú no puedes generar estabilidad, tú no puedes generar condiciones óptimas de vida para los ciudadanos, si primero no extirpas la parte más importante que es la gobernanza criminal que hay en Michoacán
Alberto Guerrero Baena, especialista en política de seguridad
Cuatro sexenios, cuatro recetas
Tras la consternación que causó asesinato del alcalde de Uruapan, el carismático Carlos Manzo Rodríguez, el pasado 1 de noviembre durante una festividad popular en una plaza pública, Michoacán se volvió a convertir en termómetro de la seguridad nacional y laboratorio del gobierno federal para evitar que la entidad donde se originó la guerra contra el narcotráfico se vuelva un Estado fallido.
A finales de 2006, después de un llamado de auxilio por parte del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel (hoy jefe de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum), el gobierno de Felipe Calderón lanzó el llamado Operativo Conjunto Michoacán, que consistía en un despliegue masivo del Ejército y la Policía Federal para enfrentar a La Familia Michoacana y recuperar el control territorial.
Las acciones más visibles fueron cientos de cateos, detenciones y decomisos, pero los efectos a mediano plazo derivaron en la atomización de los cárteles de la droga y la militarización cotidiana.
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