Redacción El CoahuilenseEl proyecto de transporte público que operarían las empresas Sunwin de México y Grupo Loialt se encuentra detenido en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, debido a un impago de 300 millones de pesos. El caso puso bajo el reflector la estructura empresarial de su accionista, José Ramón Abraham Matuk, quien cuenta con un largo historial en el sector de la comercialización de vehículos y el blindaje.
La parálisis afecta a una flotilla de más de 100 autobuses propiedad de Sunwin de México. La entrega de estas unidades destinadas al mercado nacional quedó interrumpida por diferencias financieras y de operación relacionadas con el esquema de financiamiento que otorgó la financiera Cetelem, institución que opera bajo la denominación de Autoexpress Inbursa y funge como socia de MG Financial Services en el país.
El resguardo prolongado de los activos en los patios del puerto ya provocó pérdidas materiales directas. Según fuentes cercanas al caso, unas cinco decenas de autobuses sufrieron daños derivados de inundaciones en la zona.
Debido a que las unidades afectadas carecen de cobertura de seguro, su distribución hacia los clientes finales permanece suspendida, mientras tanto, otros 60 vehículos continúan varados a la espera de que se liquide el saldo pendiente.
Grupo Loialt, conocida por ser distribuidora de MG Motor en México, ya había enfrentado un revés en el sector transporte en 2024, cuando quedó fuera de una licitación de la RTP para la adquisición de autobuses eléctricos en la CDMX. Su propuesta por 79.2 millones de pesos fue descartada por incumplimientos técnicos y el contrato se asignó a Yutong de México por 474.2 millones.
Por otra parte, la trayectoria de José Ramón Abraham Matuk, socio en los negocios involucrados, cuenta con menciones en diversas investigaciones periodísticas. Dichos reportes asocian sus contratos de arrendamiento de vehículos y blindaje durante los años en que Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino tuvieron participación en el gobierno.
En el plano judicial, el empresario promovió el pasado 4 de marzo un amparo indirecto para solicitar protección contra posibles actos de autoridad relacionados con búsqueda, localización, comparecencia, presentación, detención o aprehensión. No obstante, un juzgado federal desechó el recurso un día después de su presentación, al determinar una causa manifiesta e indudable de improcedencia.
