AgenciaSaltillo, Coahuila.- La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (Propaec) inició un expediente administrativo relacionado con el caso del perro Rocky, cuyo fallecimiento también es investigado por la Fiscalía General del Estado. La dependencia analiza imponer la sanción económica más alta contemplada en la legislación estatal, equivalente a un millón 173 mil pesos.
Mientras la Fiscalía desarrolla la investigación penal en contra de Liliana N por presunto maltrato animal, la Propaec avanza en un procedimiento distinto, ya que la normativa estatal prevé responsabilidades administrativas independientes de las penales.
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La procuradora Claudia Elvira Rodríguez Márquez explicó que ambas instituciones mantienen coordinación para atender el caso, aunque cada una actúa dentro del ámbito de sus atribuciones legales.
La funcionaria señaló que la Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes del Estado de Coahuila permite a la Procuraduría intervenir como tercero interesado mediante la facultad de atracción, con el propósito de proteger el bienestar de los animales de compañía, principalmente perros y gatos.
Precisó que el Artículo 22 de esa legislación obliga a las personas responsables de un ser sintiente a garantizar un trato humanitario, además de proporcionar condiciones higiénicas y de cuidado acordes con las necesidades de cada especie.
En materia administrativa, la ley establece sanciones económicas cuando se acredita maltrato animal. Si la conducta provoca la muerte de la mascota, la multa puede ubicarse entre 25 y 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Con el valor vigente de la UMA, el monto de la sanción oscila entre 2 mil 932 pesos y un millón 173 mil pesos, cantidad que la Propaec busca aplicar en este caso si el procedimiento determina la responsabilidad correspondiente.
Con información de El Diario de Coahuila
