Redacción El CoahuilenseHay momentos, digámoslo así, socialmente emotivos que ocurren cuando una serie de situaciones confluyen, como en el caso del perro Rocky: un hecho de crueldad inadmisible, una perpetradora de clase acomodada y con posibles conexiones políticas, en una ciudad que en los últimos meses se ha visto expuesta a otros casos de crueldad contra animales evidenciados en redes sociales por grupos de personas interesadas, preocupadas y activas en la defensa de lo que ahora se ha dado en llamar “seres sintientes”.
El brote de indignación consecuente, podemos decir, forma parte de un proceso natural en las sociedades democráticas y para expresarse, suele recurrirse a la denuncia pública, la protesta en callejera, el plantón, la intervención urbana, e inclusive, el sabotaje de determinadas funciones públicas o privadas relacionadas.
Pero sucede que, en ese proceso natural de la sociedad, hay quienes intentan aprovechar para estimular, de manera sutil o no, una agenda personal, con matices mercantiles o bien, por motivación política. Luego, la autoridad, en este caso la Fiscalía General del Estado, de Federico Fernández Montañez, informa que la persona señalada fue detenida, pero una voz, la que sea, afirma sin más que es falso; otra suelta la idea de que cambiaron a la perpetradora, a la víctima o que todo forma parte de un gran encubrimiento, avivando una imaginaria cuestión de clase “porque así es la banda de billete”.
En el Poder Judicial de Miguel Felipe Mery, se decidió no admitir el alegato de salud mental de la presunta perpetradora y no parece que eso vaya a cambiar. Pero alguien desde el fondo del aula virtual grita que la van a mandar a un psiquiátrico y después a liberar. Entonces surgen réplicas que dan por cierta la versión.
Por ahí se acusa de protector al presidente municipal, Javier Díaz; alguien más, describe la proximidad con el diputado federal, Guillermo Anaya. Y esas voces empiezan a tener una extraña y antinatural réplica en las mismas redes, en las que la desinformación cunde y llega la protesta con carga pseudoideológica, exacerbada y con escasa noción de la justicia civilizatoria, a una protesta donde cualquier agente sin legitimidad, orienta la consigna contra la figura de poder que se le ofrece para el escarnio aunque ni competencia tenga en el asunto.
Sucede que el proceso natural termina manipulado, usado por actores ajenos al propósito inicial que era pedir justicia y, con figuras de influencia conmovidas, alimentando las hordas digitales, o bien, azuzando con medias verdades o mentiras completas a los auténticos y justamente indignados.
La cosa de leyes
Por ejemplo, tres influencers de tipo ambiental, no exentos de denuncias por trata de especies, acoso de género y políticamente vinculados, tomaron el mando de la protesta frente a Palacio de Gobierno. El más destacado (y el más controversial), Arturo Islas.
Fue quien exigió la presencia del alcalde Javier Díaz y motivó las consignas; fue quien se mostró intransigente al momento de informar la detención; fue el que organizó la comisión que entraría a diálogo y luego se fue a Monterrey, para reunirse con el aspirante a la gubernatura de Nuevo León, su muy cercano amigo, el emecista Miguel Flores, para presumir que impulsarían en ese estado penas más severas contra el maltrato animal de hasta 12 años.
Pocos saben, por ejemplo, que Coahuila es el segundo estado con penas más severas, que van hasta 8 años de prisión, el primero es Veracruz con 12. Así, usada la indignación para generar una tendencia nacional y entregársela a un político con aspiraciones.
De los mercenarios al oportunismo
El mercenarismo influenciador, capaz de gastar enormes sumas para estimular protestas no es todo. Porque el mismo miércoles se supo que el diputado federal Tony Castro, estaba haciendo llamadas para pedir que se apoyara la protesta. La senadora Cecilia Guadiana hizo un posicionamiento y desde el PT, se quisieron mezclar las denuncias de naturaleza electoral con el caso de Rocky.
Ni la senadora ni el diputado (quien además pidió propuestas para legislar al respecto) repararon en la realidad que a ellos compete, por ejemplo, en el sentido de que desde la aprobación de la generalidad de una ley contra el maltrato, ellos y sus pares camerales son omisos en las legislaciones secundarias, lo que hace imposible la generalidad.
Así, sin hacerse cargo de su propia omisión, el oportunismo político.
El tufo petista
Bien vale la pena detenerse un momento en la posición del PT, expuesta por la zacatecana Geovanna Bañuelos, quien orientó el asunto a lo electoral porque, según ella, Coahuila es un estado sin ley y eso se demuestra con el perro Rocky y con la elección de junio.
Pero la persona que agredió al perro está detenida y la elección se está resolviendo en los cauces jurisdiccionales, a los que apuntó la presidenta Claudia Sheinbaum como la única vía de resolución de alguna controversia.
Eso es irrelevante cuando la lucha política demanda otra actuación. Luego, en la protesta, “la señora del sombrero”, logra colarse en la comisión para el asunto Rocky, es la que ahora trae agenda animalista pero también induce en las consignas aunque sin mucho éxito el asunto electoral y es la misma que inició en dos ocasiones el sabotaje al trabajo legislativo.
Ahí está la persona, Karen Castillo, quien interpeló a la diputada Edna Dávalos en la sesión del 4 de junio motivando la suspensión de la sesión. Y fueron ellas las que estuvieron ahí, como alfiles de los Flores Guerra, para violentar el parlamento el último de junio, cuando el morenista Antonio Attolini y el panista Gerardo Aguado, tuvieron que poner el cuerpo para proteger a la presidenta de la Mesa Directiva, Marimar Treviño.
El conjunto de personalidades, acciones y motivaciones, hay que dejarlo claro, no tiene carácter ilegal pero es inmoral debido a que, la legitimidad de la movilización ciudadana ajena a partidos y proyectos políticos, indignada por un acto de crueldad, termina siendo manipulada o, cuando menos, utilizada por actores políticos y reventadores profesionales sin escrúpulos.
Cuestiones incómodas
¿A quién se le escapó la enorme pitón que se recuperó ayer en el Centro Histórico de Saltillo? ¿Alguna novedad sobre los seis perros envenenados en San Antonio de las Alazanas? ¿Alguna protesta por el infante arrastrado y botado por un motociclista en Parras? ¿Alguien dijo alguna cosa más, precisamente en Parras, por el operativo mata perros del alcalde Fernando Orozco de hace unos meses? ¿Alguien sabe dónde está la secretaria del Medio Ambiente, Susana Estens? ¿Cómo va el proceso del asesino serial de perros?
A propósito de la elección
En la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE México aprobaron resoluciones de quejas en materia de fiscalización -de los informes ordinarios- y los dictámenes de las campañas electorales del Proceso Electoral Local de Coahuila.
Además, se fiscalizaron ingresos por 92.2 millones y 91.9 millones de gastos de partidos políticos y coaliciones.
Y a su vez se dieron el tiempo de imponer su primer multa al Partido Nuevas Ideas, de reciente creación, con 380 mil pesos.
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