Redacción El CoahuilenseEl pasado viernes, una noticia en medios nacionales sorprendió por lo poco que del tema se hablaba en Coahuila. De acuerdo a lo informado por Milenio Televisión, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), de Federico Fernández Montañez, habían desalojado un centro deportivo donde pernoctaban atletas paralímpicos de diferentes localidades.
Los hechos referidos habrían ocurrido en la Unidad Deportiva “Santiago V. González”, concretamente en el Centro de Alto Rendimiento / Albergue Cultural y Deportivo. El alcalde Jacobo Rodríguez, se dolía de lo ocurrido en entrevista y, aunque admitía problemas con la propiedad, concentraba sus dichos en la falta de humanismo con que la FGE trató a los atletas foráneos alojados en el inmueble.
Pero ya salió el peine. Resulta que el dicho centro-albergue, está adjudicado al DIF estatal por cedencia del Instituto Estatal del Deporte. Ahí, el DIF que preside la señora Liliana Salinas, implementó programas sociales ampliando la función del albergue a la atención de grupos vulnerables desde diciembre pasado.
De repente, el 26 de febrero, Jacobo Rodríguez pidió el espacio, pero no se le autorizó lo que (ya sabemos cómo se las gastan allá) llevó al munícipe a realizar una toma por la fuerza, incluida la fuerza pública, de las instalaciones. Así, desalojó al personal del DIF.
Tratándose de la institución que preside la madre del gobernador Manolo Jiménez, el lance fue un auténtico desafío, una provocación que, sin embargo, fue respondida por la vía judicial. Un juzgado revisó las documentales y concluyó que debía restituirse al DIF. Así que, con orden judicial, los agentes de la FGE acudieron al centro-albergue.
Ahí descubrieron que había un evento de atletas paralímpicos y decidieron esperar, no ejecutar la orden hasta que concluyera el evento y las delegaciones se hubieran retirado, lo que ocurrió a la medianoche del 22 de marzo. Entonces sí, tomaron posesión del inmueble desalojado ilegalmente por el ayuntamiento.
No hubo lesionados, ni intervención violenta ni incursión ilegal. Lo que parece ser una provocación del alcalde quedó sin efecto y ya nada más le dio para hacerse la víctima, correr a medios nacionales, exponer una versión engañosa de los hechos y luego, irse tan campante a la reinauguración del Estadio Azteca.
El gobierno de Piedras Negras con su alcalde, una vez más inician la semana con una primera polémica encima y, a estas alturas, la duda natural es hasta dónde está dispuesto a llegar.
Los dichos de Mery
Un litigio de tipo familiar que ha escalado entre las partes, llevó al magistrado presidente, Miguel Felipe Mery Ayup, a explicar lo que comúnmente ocurre en el ámbito de la justicia: las chicanadas. Una serie de estrategias, malintencionadas, para alargar litigios que a las partes les resultan costosas. Al mismo tiempo, activar la maquinaria judicial que implica costos de operación en el Poder Judicial.
La andanada fue unánime con colegios y asociaciones de abogados de Torreón y Saltillo que reclamaron por lo expuesto por Mery y que, en honor a la verdad… quizás no sea para tanto.
Veamos: no miente aquel que asegura que hay médicos que se aprovechan de los pacientes a partir de los seguros de gastos médicos; tampoco, si alguien dice que los profesionales de la construcción, arquitectos o ingenieros, nunca atinan en sus presupuestos y el cliente termina con frecuencia pagando mucho más de lo presupuestado y con tiempos de entrega rebasados; no engaña el que diga que hay medios de comunicación que buscan ganar dinero a partir de vender publicidad comprometiendo su línea editorial.
Podemos afirmar que, en la discusión pública local y nacional, hay afirmaciones similares prácticamente cada semana y a veces a diario, sobre ese u otros gremios. Y que esas afirmaciones no provocan una reacción gremial y mucho menos ciudadana.
Entonces ¿cuál es el problema?
Parece ser que detrás de eso hay una intención política dirigida desde alguna parte para debilitar al magistrado Mery Ayup.
El gremio silencioso
Hasta ahora, poco se ha visto del gremio judicial, expuesto con frecuencia a los vaivenes políticos. Basta observar lo que ocurre con el Registro Público de la Propiedad, que dirige Óscar López Elizondo, desde hace tiempo:
Cerrón a la consulta pública; software deficiente y caídas del sistema que se prolongan por días; trabas para realizar consultas; corrupción (desde la ventanilla y, en ascendente, por la cadena de mando burocrático) que se habla por lo bajito y, en el primer trimestre de este año, un tortuguismo inaudito que lleva hasta cinco meses la inscripción de un instrumento legal.
El desastre, sin embargo, no ha motivado ni la menor queja de los notarios ni de los abogados relacionados con la materia, un gremio silencioso y aguantador. A la luz de eso, un dicho de Miguel Mery y el gremial reclamo en respuesta, obliga a preguntar ¿de parte de quién?
Van por el INE
La carrera por tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) ya inició y con la publicación de la lista de 395 nombres de aspirantes, empieza a tomar forma el proceso para el relevo de Dania Ravel, Beatriz Zavala y Jaime Rivera, quienes cumplen su período en el consejo general.
Desde Coahuila, varios electoralistas conocidos han alzado la mano para involucrarse en un proceso que, además de conocimientos técnicos y electorales, demanda un buen cabildeo en la Ciudad de México.
Los inscritos de este lado del país son, la consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Leticia Bravo Ostos quien, como la también consejera e inscrita, Madeleyne Figueroa, hicieron carrera previa en el INE.
Además, aparecen inscritos Larissa Pineda y Juan Carlos Cisneros, quienes formaron parte del IEC y ya terminaron su período.
Sin embargo, el registro que más ha llamado la atención es el del consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, quien cumple más de un año al frente del organismo luego de la salida de su antecesor, Rodrigo Paredes.
Rodríguez Fuentes ha construido buenas relaciones en la Ciudad de México, tanto en el sistema electoral como en diferentes instancias públicas, por lo que no hay que perderlo de vista en las próximas semanas que, en una de esas, exportamos un coahuilense al INE.
Se anota otro tanto
El que anda de plácemes es Blas Flores, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, quien ya vio aterrizar la tercera aerolínea en Saltillo en menos de un año.
Como se recordará, el aeropuerto “Plan de Guadalupe”, no contaba con vuelos comerciales y, en junio del año pasado, inició operaciones Aerus, una compañía con destinos regionales.
Siguió, en octubre pasado, el vuelo Saltillo – Ciudad de México, que tanto se esperaba en la región, lo que ya de por sí reponía las condiciones que hace años dejó de tener Saltillo.
Este fin de semana, el aeropuerto registró la operación del vuelo Saltillo – Cancún y, para el verano, se espera entre en operación el vuelo Saltillo – Guadalajara.
No sobra decir que, con esa oferta de destinos (habrá quien diga que son pocos), la capital coahuilense no había estado tan conectada. Y de todas esas gestiones se hizo cargo Blas.
El PAN y la macalota
Ya el PAN nacional se dejó claro: la apertura a las candidaturas ciudadanas está en curso pero para 2027.
Si alguien se hacía la idea de que en Coahuila, para las elecciones de junio próximo, habrá condiciones de competencia ciudadana, ni la más remota esperanza porque, como se lo expusimos aquí en días pasados, ese período de ley para el proceso electoral local ordinario, ya pasó.
Lo que viene es una serie de designaciones de candidatos a diputados locales que serán avalados por el comité nacional panista, asunto este que mete a los militantes más influyentes en una disputa allá en el Eje 8 y avenida Coyoacán, en la Ciudad de México.
El manoteo se ha puesto bueno entre los azules aunque traen pocas canicas para jugar y lo quieren hacer en el mismo círculo distrital. El problema es que van tan tarde y en solitario que, en una de esas, con tan mal tino, les va caer una macalota y pelas.
Los humores de Gustavo
Ya no se dijo más sobre el incidente protagonizado por el director del DIF de Ramos Arizpe, Gustavo Martínez y el alcalde Tomás Gutiérrez. Aquella jornada en la que el funcionario le alzó la voz al presidente municipal, por lo que se sabe, fue superado.
Se dice que el problema surgió de un llamado de atención por una condición que lleva más de un año observándose y es la puntualidad y asistencia de Martínez, quien mantiene su actividad de vendedor de bienes raíces que suele distraerlo de las funciones y agenda propia de su trabajo en el DIF municipal.
El asunto de la puntualidad y asistencia es relevante para el Tomás Gutiérrez, quien al menos en dos ocasiones ha exhibido en transmisiones en vivo la impuntualidad de sus colaboradores, pero en el caso de Gustavo Martínez, el alcalde le hizo un reclamo directo que lo enfureció.
Al parecer llegaron a superar el trance y sólo falta que el funcionario cumpla con aquello para lo que se le paga en Ramos.
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