Ana CastañuelaPor Ana Castañuela
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 78 millones 878 mil 640 pesos en los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) que ejerció el estado de Coahuila durante el ejercicio fiscal 2024.
En la auditoría de cumplimiento 2024-A-05000-19-0721-2025 el órgano fiscalizador identificó deficiencias en los procesos de contratación y supervisión de obra pública a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) que dirige Miguel Ángel Algara Acosta.
Las irregularidades derivaron en la emisión de un Pliego de Observaciones y una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Contratos irregulares
Durante el ejercicio fiscal 2024, el gobierno de Coahuila recibió mil 45 millones 937 mil pesos del FAFEF, recurso federal que los estados pueden destinar al saneamiento de sus finanzas, la reducción de deuda pública y la inversión en infraestructura física. Para este último rubro, la SIDUM ejerció 90 millones 190 mil 800 pesos.
Tras la revisión de 26 expedientes técnicos de obra pública pagada con recursos del FAFEF, por un monto que en conjunto suma 81 millones 45 mil pesos, la ASF detectó que los contratos fueron adjudicados bajo la modalidad de invitación restringida a cuando menos tres personas. Sin embargo, ninguno de ellos contó con el dictamen de excepción a la licitación pública que la ley exige para justificar esa vía de contratación.
Además, cuatro contratos carecían de la propuesta económica del contratista ganador, y en otros cuatro se identificó que las actividades comerciales registradas en el acta constitutiva del proveedor seleccionado no estaban relacionadas con los trabajos contratados.
Durante el transcurso de la auditoría, el gobierno del estado proporcionó los dictámenes de excepción y las propuestas económicas faltantes, con lo que parcialmente se resolvieron las observaciones.
A la par, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc) del Estado integró además el expediente número SEFIRC/CGIA/IA/FAFEF/04/2025 para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados.
Obras sin ubicación, pagos sin respaldo
El hallazgo más cuantioso del informe se concentra en 25 de los 26 contratos revisados por el órgano fiscalizador.
La ASF determinó que la documentación correspondiente al proceso de contratación, así como de las minutas de visita al sitio de la obra, estimaciones y bitácoras de obra, no especifican el lugar exacto en el que se llevaron a cabo los trabajos.
Esa omisión le impidió a la Auditoría verificar con certeza que los trabajos descritos en los contratos corresponden a los que se ejecutaron y se pagaron. El monto observado por este concepto asciende a 78 millones 599 mil 142 pesos.
A ello se suman irregularidades relacionadas con los convenios para la formalización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales.
En los 25 contratos mencionados se realizaron volúmenes de obra por encima de lo previsto originalmente pese a que no fueron autorizados ni signados por el titular del área responsable de la contratación de los trabajos que alcanzaron los 22 millones 525 mil 346 pesos.
El órgano fiscalizador también señaló la calidad del material utilizado en las obras. En los mismos 25 contratos se ejecutó el concepto de “carpetas de concreto asfáltico compactadas al 95 por ciento elaboradas con cemento PEMEX EKBE SUPERPAVE”, por un valor de 38 millones 484 mil 968 pesos.
Sin embargo, no se presentaron las fichas técnicas del fabricante del producto ni resultados de pruebas de calidad que acreditaran y demostraran que el material adquirido por los contratistas cumplía con las especificaciones requeridas.
Durante la auditoría la propia SIDUM emitió las fichas técnicas correspondientes y no el fabricante, lo que la ASF consideró insuficiente para solventar lo observado.
En cuanto a la evidencia fotográfica, cinco contratos no contaban con los reportes fotográficos o eran insuficientes, por lo que no se pudo acreditar la totalidad de los trabajos en todos los tramos de la obra, equivalente a tres millones 734 mil 342 pesos.
En otros dos contratos las fotografías de la primera proyección se repiten en los cálculos subsecuentes o no existe evidencia visual de la ejecución de los trabajos que en total suman 508 mil 256 pesos.
Obras deficientes
Tras una inspección física a diez de los contratos auditados, la ASF detectó diversas irregularidades. En el contrato SIDUM-2024026-0-0, por el que se pagaron tres millones 81 mil pesos con recursos del FAFEF, el concepto de “guarniciones de concreto” no fue ejecutado conforme a las especificaciones del contrato.
La Auditoría señaló que lo que se realizó corresponde a un “dentellón” o similar, distinto al concepto calculado y pagado.
Además, durante la visita física se observó que los trabajos de “pintura amarilla de tráfico” se encontraban completamente desprendidos, lo que evidenció deficiencias técnicas en la ejecución.
La ASF también señaló la duplicación de conceptos de obra considerados “atípicos” que no estaban incluidos en el catálogo original y a los que no se les dio el tratamiento correcto como trabajos extraordinarios o adicionales. El monto total observado es de un millón 77 mil pesos.
Ante estas irregularidades, la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2024-B-05000-19-0721-08-001, para que el Órgano Interno de Control del gobierno de Coahuila investigue a los servidores públicos que durante su gestión autorizaron los pagos sin presentar la justificación documental del cambio de especificaciones ni la revisión, aprobación y autorización de los trabajos fuera del catálogo original.
Pese a que el gobierno del Estado intentó solventar estas observaciones con minutas de visita, estimaciones, pruebas de laboratorio, fichas técnicas y reportes fotográficos, la ASF consideró los documentos como insuficientes porque, entre otras razones, las minutas de visita al sitio no indicaban el lugar exacto en el que se realizaron los trabajos, no incluían las firmas necesarias de las empresas concursantes y los reportes fotográficos no estaban acompañados del acta de validación física emitida por la Sefirc que acredita la ejecución de las obras.
El órgano fiscalizador determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 78 millones 878 mil 640 pesos, que permanecen pendientes de aclaración y a los que se añadirán los rendimientos financieros generados desde la disposición de los recursos hasta su eventual reintegro a la Tesorería de la Federación.
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