Redacción El Coahuilense
Por Ethel Arredondo
Matamoros, Coahuila- El alcalde de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, conocido como “El Charro”, cuenta con una empresa en la que varios de sus socios son o han sido funcionarios del ayuntamiento.
Incluso, una de sus hermanas, Mariana Ramírez López, es también accionista de la misma razón social registrada como Grupo de Trabajo Los Charros, una sociedad de producción rural con 17 miembros de los cuales el alcalde Ramírez López, recién reelecto, es el socio mayoritario.
El Coahuilense Noticias obtuvo la información a partir de una consulta al Registro Público del Comercio donde se observa que la razón social, creada en 2007, no ha tenido cambios en su estructura accionaria ni en la representación legal que la asamblea de accionistas le confirió al hoy alcalde.
Además, una consulta a la nómina de 2022 a 2024, realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), permitió identificar los nombres de los socios privados que son a la vez funcionarios municipales, así como sus salarios y áreas de adscripción.
Aunque el alcalde Miguel Ángel Ramírez está obligado a registrar sus ingresos y propiedades en sus declaraciones patrimoniales por cada año, éstas no pudieron ser consultadas debido a que tanto la PNT como el registro de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y el propio ayuntamiento remiten a direcciones electrónicas vacías o con vínculos rotos, lo que hace imposible el acceso a dicha información.
Lo anterior cobra especial relevancia debido a que no fue posible consultar si los colaboradores en el servicio público y socios en el sector privado de “El Charro”, o sí él mismo, informaron sobre la sociedad mencionada antes de que se formalizaran sus cargos públicos.
Esta reportera intentó reiteradamente entrevistar al alcalde Ramírez López para conocer su versión al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Socios con salarios del erario
La empresa registrada como Grupo de Trabajo Los Charros tiene en su listado de accionistas a, entre otros, Orlando Galindo Venegas, Ernesto Originales Ortiz, Jesús Enrique Vázquez Arguijo y Carlos Enrique Ayup Insausti, dos de ellos con puestos clave en el ayuntamiento e ingresos de primer nivel.
Carlos Enrique Ayup Insausti es jefe del Departamento de Parquímetros, con un sueldo mensual de 20 mil 230 pesos, y Orlando Galindo es jefe de Tenencia de la Tierra, con un pago mensual neto de 25 mil 667 pesos, según el documento relativo a la nómina de la Presidencia Municipal de Matamoros, correspondiente al pasado mes de junio.
Además, otras personas que aparecen en el acta de la empresa y están en la nómina municipal son María del Refugio Velador Salazar y Mariana Ramírez López, esta última es la mencionada hermana del alcalde, quien ya no se registra actualmente con pago vigente en la nómina disponible en las páginas de Transparencia, pero cuyo último sueldo durante 2023 fluctuaba entre los 18 mil 229 pesos y 19 mil 188 pesos mensuales.
Asimismo Saúl Garibay Ayup aparece en el acta de la empresa, aunque no figura en la nómina del Ayuntamiento. Sin embargo, sí se encuentra en la nómina una persona con sus mismos apellidos: Danais Garibay Ayup.
Los Charros
Son cinco los nombres en la lista de socios del Grupo de Trabajo Los Charros S.P.R de R.L, conformado en 2007 -pero aún en activo pues no existe constancia registral de baja ni asamblea de accionistas en la mencionada razón social- que coinciden con los que aparecen en la nómina del ayuntamiento de Matamoros, Coahuila.
La falta de transparencia y el conflicto de intereses reflejados en el caso de la administración de Miguel Ángel Ramírez es una de las situaciones de riesgo descritas en la Guía para identificar y prevenir conductas que puedan constituir conflicto de interés de los servidores públicos, difundida por la Secretaría de la Función Pública federal.
El riesgo, de acuerdo con el mencionado documento, es por la posible colusión entre funcionarios municipales que pueden tener consecuencias como favoritismo en la contratación de servicios y obras públicas, desvío de fondos públicos para beneficio personal y pérdida de confianza en la gestión pública.
El objeto social de la empresa, según detalla su acta constitutiva, es extenso y abarca diversas actividades, incluyendo: organización, administración y establecimiento de centros de consumo, compra de maquinaria y equipo, instalaciones, aperos, canales de comercialización, bodegas, mercados, fábricas, plantas, implementos, insumos, oficinas, granjas, invernaderos y cualquier otro centro de venta.
También explotación colectiva de las pequeñas propiedades de los socios para constituir una sola unidad económica; programación y realización de actividades para la explotación colectiva de tierras, incluyendo infraestructura básica, obras de irrigación, programación de cultivos, y uso de invernaderos.
De acuerdo con su acta, se dedica además a la compra, venta, importación, exportación y explotación de toda clase de ganado de leche y carne, así como el establecimiento, adquisición, arrendamiento y operación de industrias agropecuarias y agroindustriales para fabricar, elaborar o transformar artículos alimenticios.
Es larga la lista de actividades del grupo incluidas en su objeto social pues además se menciona la importación, exportación, adquisición y producción de productos y la producción de carnes, frutas, verduras y legumbres, incluyendo procesos como corte, limpieza, empaque, congelado, enlatado y curado.
En dicha acta constitutiva se menciona a los siguientes socios principales: Miguel Ángel Ramírez López, mexicano por nacimiento, mayor de edad, casado, originario de Matamoros, Coahuila, nacido el 20 de octubre de 1979; Petra López Aguilera, mexicana por nacimiento, mayor de edad, originaria de Viesca, Coahuila, nacida el 5 de marzo de 1947; Mariana Ramírez López, mexicana por nacimiento, mayor de edad, originaria de Saltillo, Coahuila, nacida el 20 de julio de 1983; Jesús Enrique Vázquez Arguijo, mexicano por nacimiento, mayor de edad, originario de Matamoros, Coahuila, nacido el 4 de diciembre de 1971 y Carlos Enrique Ayup Insausti, mexicano por nacimiento, mayor de edad, originario de Matamoros, Coahuila, nacido el 27 de diciembre de 1979.
Antecedentes negativos
La situación en Matamoros no es aislada. Casos similares de conflicto de interés han surgido en diversas administraciones municipales a lo largo de México, poniendo en entredicho la transparencia y la ética en la gestión pública. Lo mismo pasa en el caso de administraciones municipales anteriores de Matamoros.
Por ejemplo, el exalcalde Juan Carlos Ayup Guerrero enfrentó en su tiempo (2016-2018) señalamientos de conflicto de intereses y corrupción durante su administración. Horacio Piña Ávila, alcalde de este municipio de 2019 a 2021, acusó a Ayup de favorecer a empresas vinculadas a sus familiares y amigos en la adjudicación de contratos públicos.
Además, hubo denuncias sobre el uso indebido de recursos municipales para beneficio personal y de su círculo cercano. Estas acusaciones, aunque no siempre resultaron en acciones legales, sembraron dudas sobre la integridad de su gestión y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El 26 de julio de 2023 el exalcalde Piña Ávila presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción del Estado por el desvío de más de 8.1 millones de pesos durante la administración de Ayup Guerrero.
La denuncia señala que estos recursos, destinados al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores municipales, fueron descontados pero no transferidos a la Secretaría de Hacienda. Esta irregularidad se detectó entre abril y diciembre de 2018.
Además de esta cantidad, Piña destacó que las deudas pendientes dejadas por Ayup Guerrero sumaron más de 14 millones de pesos, afectando la ejecución de obras y la prestación de servicios en el municipio.
Piña afirmó que se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para evitar el congelamiento de las cuentas del ayuntamiento y que se habían realizado pagos para regularizar la situación.
Según el Código Penal Federal, el uso indebido de funciones y la colusión para obtener beneficios económicos personales se castigan con penas de prisión y multas considerables.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su artículo 8 señala que «habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión».
Igualmente, en el mismo artículo se establece que todo servidor público deberá «excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte».
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