Ethel ArredondoPor Ethel Arredondo
Coahuila.- Después de casi 18 años de búsqueda, los restos de José Francisco Juárez Adriano, desaparecido el 26 de octubre de 2008 en Matamoros, Coahuila, fueron identificados y entregados a su familia. Aunque conocer su paradero representa un poco de descanso, sus seres queridos y las organizaciones que los acompañan advirtieron que el caso no está cerrado, pues aún falta esclarecer quiénes fueron responsables de su desaparición y muerte.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios informaron que los restos habían sido localizados en una fosa desde hace más de un año, pero la familia recibió la notificación hasta el pasado 16 de julio.
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“Después de casi 18 años nos regresan a José Francisco. La identificación es un poco de descanso, pero no es el final. ¡Queremos Verdad y Justicia!”, expresó la familia en un mensaje dirigido a medios de comunicación.
Según el comunicado difundido este 21 de julio, la notificación se realizó con tecnicismos que dificultaron la comprensión de la información en un momento especialmente sensible. Las organizaciones consideraron que este procedimiento incumplió el Protocolo Nacional de Actuación de Notificación y Entrega Digna de Persona Identificada y ocasionó una nueva victimización.
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También señalaron que el dictamen elaborado por el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) “Blanca Isabel Martínez Bustos” se encontraba disponible desde mayo, sin que las asesoras de la familia fueran notificadas oportunamente.
A las irregularidades se sumaron dificultades para organizar el funeral. De acuerdo con las organizaciones, personal de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas contactó a la familia para que eligiera un ataúd mediante fotografías enviadas por teléfono. El féretro llegó en una camioneta deteriorada y tuvo que solicitarse su cambio, lo que retrasó la inhumación hasta las 10:00 de la noche del sábado 18 de julio en el panteón municipal.
FUUNDEC-M y el Centro Fray Juan de Larios cuestionaron además que el Programa de Familias de Personas Desaparecidas tenga un límite de 19 mil 999 pesos para atender una situación general, sin especificar los gastos funerarios. Cuando la cantidad requerida supera ese monto, explicaron, el apoyo debe ser sometido a la decisión de un comité.
José Francisco Juárez Adriano desapareció junto con Javier Burciaga el 26 de octubre de 2008. Diez meses después también desapareció Luis Carlos Burciaga Ramos. Las organizaciones sostuvieron que, pese al tiempo transcurrido, no existe una investigación que permita conocer quiénes participaron material e intelectualmente en los hechos ni establecer posibles responsabilidades por omisiones institucionales.
Entre sus exigencias se encuentra continuar la investigación sobre la desaparición de José Francisco y mantener la búsqueda de Javier Burciaga. También pidieron investigar administrativa y penalmente las actuaciones u omisiones de servidores públicos que hayan impedido el cumplimiento de los protocolos obligatorios.
Solicitaron además que todas las autoridades estatales apliquen íntegramente el Protocolo Homologado de Investigación y el Protocolo Nacional de Actuación de Notificación y Entrega Digna, así como abordar sus deficiencias dentro del Mecanismo Estatal de Seguimiento previsto en la legislación sobre desaparición.
Otro de los planteamientos es garantizar la autonomía técnica, científica y operativa del CRIH frente a las áreas responsables de la investigación penal y publicar la convocatoria para seleccionar a su titular con criterios técnicos y científicos.
Las organizaciones demandaron reconocer formalmente al Centro Fray Juan de Larios como representante elegido por las víctimas para brindar acompañamiento jurídico, técnico y psicosocial, además de informar por escrito a la familia sobre las medidas adoptadas para garantizar la debida diligencia, su participación efectiva y la no repetición de las irregularidades.
“La identificación es un poco de descanso, pero no es el final”, insistió la familia, que exige una investigación para castigar a los responsables materiales e intelectuales y a quienes, por acción u omisión, permitieron los hechos.
El pronunciamiento fue dirigido al gobernador Manolo Jiménez Salinas; al secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; al fiscal general Federico Fernández Montañez; al fiscal de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera Cepeda; al comisionado de Atención a Víctimas, Ricardo Martínez Loyola; a la comisionada local de Búsqueda, Gabriela Noguez Sandoval, y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, José Ángel Rodríguez Canales.
También fue enviado al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. La familia y las organizaciones reiteraron que mantendrán su exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
