Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
En Coahuila habrá en 2025 alternancia política en 17 ayuntamientos. En ese contexto, varios municipios iniciaron procesos de despidos masivos con el argumento de “falta de recursos económicos” y con el fin de realizar la entrega de “finanzas sanas” para las administraciones entrantes.
Sin embargo, estas acciones, lejos de beneficiar a las nuevas administraciones, únicamente generan deudas y vulneran los derechos laborales de los trabajadores que operan en los municipios.
Tan sólo en el municipio de Múzquiz hubo 300 despidos injustificados, en Nava alrededor de 100 y en San Juan de Sabinas otros 150. Sin embargo, hasta el momento ningún empleado ha sido liquidado.
El “despecho político” de Tania Flores
Después de las elecciones del pasado 2 de junio, en Múzquiz más de 300 trabajadores de la planilla municipal fueron despedidos sin previo aviso y de manera injustificada por la alcaldesa Tania Flores, quien no logró la reelección durante la contienda electoral.
El 24 de junio los exempleados se manifestaron frente a la Presidencia Municipal con diversos carteles en protesta porque no recibieron el pago de su liquidación y de su última quincena previa a su despido. Además, trabajadores que sirvieron al ayuntamiento durante más de 10 años expusieron que trataron de finiquitarlos con únicamente dos mil pesos.
Según el regidor Antonio Wislar, la mayoría de los afectados pertenecía a los Servicios Primarios Municipales, lo que ha causado que el municipio no tenga servicios de limpieza y cuidado de espacios públicos.
“Hoy te das una vuelta por nuestro municipio, y el Pueblo Mágico que supuestamente debe de ser se está convirtiendo en un pueblo gris, y prácticamente todo está en el olvido. Hay zacatal por todos lados y bulevares con los árboles completamente secos, pues no hay atención por parte de ninguna autoridad ya que no hay el personal que se requiere”, expone el regidor.
Wislar señala que la situación se dio tras la derrota de la alcaldesa en la contienda electoral, pues “todo iba muy bien (…) hasta que se creó una ruptura entre el equipo que la apoyaba y los trabajadores de la administración”.
“Claramente se mira como un despecho de la alcaldesa hacia las personas que no dieron el apoyo cuando participaron en las elecciones”.
Los afectados ya presentaron diversas demandas y han intentado dialogar con la alcaldesa. Sin embargo, hasta el momento no se les ha liquidado como corresponde y no han logrado llegar a un acuerdo.
El regidor de Múzquiz asegura que Tania Flores realizó estas acciones con el fin de “afectar a la administración municipal entrante”, encabezada por Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, del PRI, quien logró el triunfo en las elecciones, pues busca que sea su equipo quien reciba las demandas y liquide a los empleados.
“Ella lo que dice es que se solucione en la siguiente administración (…), dejando ver que lo que está tratando de hacer es perjudicar las finanzas de la siguiente administración como una venganza o un despecho político”, reitera Wislar.
Múzquiz no fue el único municipio en el que se dieron despidos masivos e injustificados de trabajadores municipales tras los resultados electorales.
En San Juan de Sabinas y Nava trabajadores de esos ayuntamientos denunciaron despidos arbitrarios por parte de las administraciones municipales encabezadas por Mario López y María del Pilar Valenzuela, respectivamente.
Los trabajadores aseguraron que los despidos ocurrieron tras no mostrar su apoyo a las candidaturas de los alcaldes de esos municipios, quienes al igual que Tania Flores también buscaban la reelección.
En Sabinas los trabajadores se manifestaron de manera colectiva, pues no se siguieron los procedimientos legales y no fueron liquidados tras su despido.
Mientras que en Nava los trabajadores y la administración llegaron a un acuerdo, según informó Norma García Mariscal, diputada local de Unidad Democrática de Coahuila (UDC).
“No me apoyaste, te vas”
Como resultado del proceso electoral del 2 de junio último en el que se votó por la renovación de los 38 ayuntamientos del Estado de Coahuila en 2025, en 17 municipios habrá transición de un partido político a otro diferente.
Después de las elecciones en algunos de los municipios en los que habrá alternancia política se iniciaron diversos procesos de “ajustes” en las planillas de trabajadores municipales, bajo el argumento de la falta de recursos económicos y con la finalidad de llevar a cabo la entrega de “finanzas sanas” a las administraciones entrantes.
Sin embargo, estas acciones están lejos de beneficiar a las administraciones entrantes y vulneran los derechos laborales de los trabajadores que operan en el municipio.
La diputada Norma García Mariscal explica que los despidos masivos en los municipios son una práctica “muy común”, especialmente cuando la administración cambia a otro partido político.
“Esto de los despidos injustificados después de una elección es una práctica que tienen toda la vida: ‘No me apoyaste, te vas’”.
Durante estos procesos “irregulares y llenos de opacidad”, las administraciones entrantes heredan litigios y pasivos, lo que compromete la capacidad operativa y el desarrollo de las agendas de gobierno, además de vulnerar los derechos laborales de los trabajadores por contextos políticos, explica la legisladora García Mariscal.
“Para las administraciones que entran es el problema. Las que se van si no liquidan, pues no pasa nada y se van. Nada más que hay que tomar en cuenta que todo queda ahí documentado, pero legalmente quien toma la responsabilidad es la administración que entra y le dejan un activo bien canijo”, explica.
Las administraciones salientes le heredan la responsabilidad a las entrantes para que se hagan cargo de las demandas laborales y las deudas acumuladas, pese a que la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila señala en su artículo 5 que, si bien la entrega de recursos libera a la administración saliente de su responsabilidad administrativa respecto del acto de entrega-recepción, no la libera de las faltas en las que se hayan incurrido durante el ejercicio de sus funciones.
“El deber ser de las administraciones municipales es generar las condiciones necesarias para desahogar una transición ordenada, donde el proceso de entrega-recepción cuente con legalidad y orden (…) con proyectos en fase de implementación en dado caso y no con pasivos, cargas o litigios, ya que derivado de una centralización evidente de los recursos, los municipios enfrentan como primer respondiente grandes retos con recursos limitado”, insiste.
Una situación “inhumana”
Durante estos procesos, no sólo se viola la ley, sino también los derechos de los trabajadores, quienes no tienen certeza jurídica, asegura la diputada García Mariscal.
La legisladora señala que, pese a que se trata de un trabajo formal, los procesos no se hacen conforme a la ley; además los trabajadores desconocen la causa de su despido, y no saben con cuánto dinero los van a liquidar ni en qué momento.
“El problema no sólo radica en que despidan o no de manera injusta a los trabajadores, si no que el proceso no se hace apegado a la ley (…)”.
Subraya también que estas acciones violan los derechos laborales e individuales de los empleados quienes son los más desfavorecidos.
“Se están violando los derechos de los trabajadores y sus derechos individuales (…) El derecho laboral como rama del derecho social demanda que la protección sea prioritaria para los trabajadores, quienes son los más desfavorecidos, ya que, sin distinguir el ámbito laboral, son quienes se encuentran en situación de desventaja al ser despojados de un derecho como lo es el del trabajo”, explica.
Por su parte, el regidor Antonio Wislar advierte que es “inhumana” la situación en la que se están quedando las familias que sustentaban su hogar con el sueldo que les daba la administración.
La diputada explica que, aunque muchos trabajadores se han manifestado respecto de los despidos injustificados, algunos otros no lo hacen por miedo, por lo que muchos de los casos quedan impunes.
Legislar en la materia
El pasado 20 de agosto y tras los casos de despidos masivos en distintos municipios, Norma García Mariscal presentó un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado con el fin de garantizar un proceso de entrega-recepción en 2025 apegado a la ley.
Hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, la Procuraduría de la Defensa del Trabajador Federal; a la Secretaría de Trabajo y Subsecretaría de Justicia Laboral de Coahuila, así como a las contralorías de los 38 ayuntamientos del estado para que garanticen una transición ordenada y apegada a derecho en los próximos cambios de administración, para salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores municipales.
“Es entendible que exista siempre una contienda y una competencia sanas para generar convencimiento en el electorado. Lo que debe excluirse del ámbito político es el revanchismo, la venganza y el uso faccioso del poder para reprimir a quien disiente de quien dispone discrecionalmente del mismo”, expone la diputada.
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