Ana CastañuelaPor Ana Castañuela
Saltillo, Coahuila.- Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos un acuerdo de la Junta de Gobierno que permite la extensión de funciones de los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) del Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral y la Fiscalía General del Estado, cuyos periodos concluyeron este jueves 4 de junio, tal como lo anunció la columna Círculo Rojo de El Coahuilense Noticias.
Con esta decisión, María Eugenia Mazorra Alvarado, Everardo Zúñiga Rodríguez y Juan Antonio González del Bosque permanecerán en sus cargos de manera indefinida hasta que el Poder Legislativo realice el proceso de convocatoria y la designación de sus sucesores.
El diputado Antonio Attolini, quien votó junto a la bancada de Morena en contra el acuerdo, calificó la medida como un acto que se encuentra fuera de la legalidad, y argumentó que la figura de “prórroga” no está contemplada en el marco constitucional.
Durante el debate, el legislador sostuvo que el Congreso carece de facultades para extender nombramientos cuyo plazo ya venció.
“El debate de hoy no es sobre personas, es sobre facultades. Lo que hoy se pretende no es una designación, sino una prórroga, y esa figura simplemente no existe en nuestra Constitución”, señaló Attolini.
El legislador enfatizó que el nombramiento es particularmente crítico en el Tribunal Electoral, debido a que su naturaleza jurídica cambió tras la reciente reforma judicial que lo integra como un órgano especializado del Poder Judicial.
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Señaló que la continuidad automática de estas estructuras bajo un modelo institucional obsoleto genera “dudas constitucionales” graves que debieron ser analizadas con profundidad.
“Se los digo en lo personal, nos vamos a meter en un problema serio como Congreso. La 63 legislatura va a entrar en un proceso de litigio por esto que estamos haciendo, es un precedente terrible. Esto nos demerita, nos rebaja, nos hace ver improvisados”, advirtió.
El diputado sentenció que el Congreso incurriera en una omisión al no haber previsto la sucesión con antelación.
Ante los cuestionamientos, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, María del Mar Treviño, admitió que los tiempos legales los superaron, sin embargo, justificó la medida bajo la necesidad de evitar que los órganos de control no queden titulares.
“Es obligación de los 25 diputados estar pendientes de esta fecha. Lo que se propone es que no queden acéfalas estas áreas mientras continúa el proceso de convocatoria”, afirmó la legisladora.
La postura fue rechazada por Attolini, pues aseguró que la responsabilidad jurídica y administrativa del Congreso no recae en todos los diputados del pleno, sino en la Presidencia de la Mesa Directiva y sus órganos auxiliares, quienes debieron estar atentos al proceso, pero lo omitieron.
“Le pediría que funde cuál es la norma concreta para establecer una prórroga más allá del encargo constitucional que se estableció en el decreto de 2019”, concluyó.
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