Redacción El CoahuilenseEl Congreso de Nuevo León aprobó solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación sobre los presuntos actos de extorsión denunciados por la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar), en un conflicto que involucra a funcionarios del gobierno estatal encabezado por el gobernador Samuel García y al dirigente local de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos.
El exhorto se dirigió a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos y se sustenta en la relevancia pública del caso, así como en lo dispuesto por la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. El acuerdo también cita el artículo 73 de la Constitución federal, que permite la atracción de investigaciones de competencia local cuando existen implicaciones federales.
La solicitud surgió a partir de un punto de acuerdo presentado por la diputada Armida Serrato Flores, del Partido Revolucionario Institucional, quien preside la Comisión Anticorrupción del Congreso local. Durante la sesión ordinaria que se realizó el 10 de marzo de 2026, la propuesta obtuvo 30 votos a favor de legisladores de PAN, PRI, Morena, PRD y PT.
De acuerdo con lo expuesto en el pleno, la petición se apoya en la difusión de un audio atribuido a Baltazar Martínez Ríos, en el que se menciona la exigencia de un “pago fuerte” a la empresa a cambio de facilitar su operación. En la grabación también aparecen referencias a integrantes del gabinete estatal.
Entre los funcionarios mencionados figuran el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, y el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna. Durante el debate legislativo, Serrato cuestionó además la ausencia de Martínez Ríos en las sesiones del Congreso desde que el audio se dio a conocer. Según lo expuesto, el dirigente partidista habría actuado como intermediario entre autoridades estatales y la empresa extractiva instalada en el municipio de Cerralvo.
El conflicto entre Matrimar y el gobierno estatal se originó en 2025, cuando la pedrera enfrentó inspecciones, auditorías y clausuras administrativas vinculadas con el llamado impuesto ambiental. Este gravamen, vigente desde 2022, aplica a emisiones contaminantes, descargas y extracción de materiales pétreos.
La empresa sostiene que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales. Autoridades estatales, por su parte, señalan presuntos adeudos millonarios relacionados con contribuciones ambientales. Documentos presentados por la compañía indican que en noviembre de 2025 la Secretaría de Finanzas estatal revisó su situación fiscal y concluyó que cumplía con sus obligaciones; no obstante, después surgieron nuevos requerimientos y cierres operativos.
Matrimar considera que estas acciones constituyen “extorsión institucional” y advierte afectaciones económicas y laborales para cerca de 500 familias que dependen de la actividad de la planta.
La controversia se intensificó a finales de febrero de 2026 tras la difusión de los audios en los que se menciona la solicitud de pagos extraordinarios para permitir el funcionamiento de la empresa. En paralelo, la compañía obtuvo suspensiones judiciales federales contra algunas de las clausuras, situación que provocó un enfrentamiento público con el gobernador Samuel García, quien rechaza cualquier acto de corrupción y sostiene que las medidas del gobierno estatal responden al cumplimiento de la legislación ambiental.
El caso ocurre en un contexto de tensiones entre el sector privado y autoridades estatales. En diciembre de 2025, más de 60 organismos empresariales (entre ellos Coparmex Nuevo León, Caintra y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey) expresaron su rechazo a los incrementos fiscales incluidos en el Paquete Fiscal 2026, al advertir posibles efectos negativos para la inversión y el empleo.
A esas inconformidades se sumó la denuncia presentada en enero de 2026 por la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), que acusó presuntos abusos y cobros indebidos por parte de agentes de tránsito en varios municipios del área metropolitana, con pérdidas económicas millonarias para el sector transportista.
