Redacción El CoahuilenseA partir de un pronunciamiento público del gobernador Samuel García, el conflicto entre su administración y la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) volvió a escalar, luego de que el mandatario desestimara el amparo federal obtenido por la compañía.
El señalamiento fue difundido por la revista Proceso, que dio cuenta de la frase “para mí no vale” utilizada por el gobernador para referirse a la resolución judicial, así como de las implicaciones legales y políticas del caso. En el mismo reporte, García negó que exista un intento de extorsión contra la empresa, pese a la difusión de un audio en el que el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, aparece como intermediario para gestionar un “pago fuerte” a cambio de permitir la operación de la pedrera.
Desde la perspectiva del Gobierno estatal, el origen del conflicto se limita al cobro del impuesto ambiental y a presuntos adeudos de la compañía. Al respecto, el gobernador declaró: “No hay nada de corrupción, no hay nada de extorsiones. Desgraciadamente un juez que ya salió, antes de salir en agosto amparó a algunas (pedreras) ilegalmente y ahorita algunas, excusándose que tienen una suspensión, dejaron de pagar”.
Las suspensiones otorgadas por el Poder Judicial fueron uno de los elementos que detonaron mayor inquietud. Al abordarlas, García indicó que el Gobierno estatal decidió desconocer sus efectos al considerar que fueron concedidas de manera irregular, aun cuando la empresa presentó documentación oficial en la que la Tesorería estatal certificó que no tenía incumplimientos fiscales.
En referencia a las consecuencias financieras del caso, el mandatario expuso: “De repente en diciembre traíamos adeudos de 500, 600 ó 700 millones por un supuesto amparo”, añadió, “¿qué pasó?, que hablamos con todas y les dijimos: oigan, ese amparo para mí no vale”.
El debate se vio reforzado por el perfil académico del titular del Ejecutivo estatal. Samuel García es licenciado en Derecho y Finanzas, cuenta con una maestría en Derecho Público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y posee doctorados en Política Pública y Administración Pública, así como en Derecho Fiscal; aun así, su postura fue interpretada por actores del sector empresarial como una señal de confrontación con el marco jurídico y una fuente de incertidumbre para la inversión.
Al entorno legal y administrativo se añade un contexto nacional marcado por hechos de violencia. Durante el fin de semana se registraron bloqueos y enfrentamientos en diversas entidades del país tras la captura y abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
De acuerdo con especialistas, un contexto de violencia y los conflictos entre autoridad y empresas convergen para generar una percepción de riesgo que preocupa, cuando se aproxima el Mundial de la FIFA, del que Nuevo León será sede.
