Redacción El CoahuilenseLa licitación para la contratación del “Servicio integral para la conservación de instalaciones (jardinería, fumigación y limpieza especializada)” en la Cámara de Diputados ha generado cuestionamientos entre proveedores y fuentes internas, quienes señalan la existencia de candados en las bases que limitarían la libre participación.
La etapa de visita obligatoria, llevada a cabo el 17 de octubre de 2025 y encabezada por Lucero Estrella Martínez Martínez, subdirectora de Licitaciones y Concursos, registró una baja asistencia. Solo tres compañías acudieron al acto: Racso Proyectos Industriales, S.A. de C.V.; Soluciones Tecnológicas Integrales para la Salud Hersan, S.A. de C.V.; y WILK, S. de R.L. de C.V. La visita es un requisito de contratación que permite a las empresas conocer las condiciones de los espacios donde se prestarán los servicios.
Fuentes cercanas al proceso HCD/LXVI/LPN/05/2026 refieren que las bases incluyen requisitos que no son comunes para este tipo de servicio, tales como la licencia sanitaria de Cofepris y cinco certificados de competencia laboral EC0146 en manejo de plagas urbanas.
Especialistas consultados indican que estas condiciones restringen la participación y podrían beneficiar a compañías con experiencia previa en el recinto legislativo.
De hecho, fuentes del sector sugieren que solo una de las participantes, Racso Proyectos Industriales, S.A. de C.V., tendría posibilidades reales de adjudicarse el contrato. Esta empresa pertenece a la familia Sanromán, conocida por su presencia en el sector de servicios de limpieza y mantenimiento a través de firmas como Joad Limpieza, la cual ha operado en distintas áreas de San Lázaro durante años.
Versiones internas refieren que la familia Sanromán mantiene una relación cercana con el diputado morenista y titular de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, cuyos operadores estarían interviniendo directamente en el proceso.
El señalamiento contrasta con los principios del partido, encabezada por Luisa María Alcalde Luján de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” que impulsa la dirigencia nacional de Morena.
La licitación deberá resolverse conforme a los criterios técnicos y económicos establecidos por la Dirección de Adquisiciones. Sin embargo, otras instancias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrían intervenir en caso de detectarse irregularidades o denuncias durante la adjudicación.
