Redacción El CoahuilenseEl Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se encuentra en la mira por presuntamente intervenir de manera directa en el proceso de adjudicación de un contrato de limpieza institucional, de acuerdo con una denuncia formal presentada por la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC).
La acusación se presentó al director de Denuncias y Atención Ciudadana “A” del ISSSTE, Martín Rubio Millán, en la que se solicita investigar la actuación del titular del OIC, Luis Antonio García Calderón, así como de dos funcionarias del Área de Responsabilidades.
El procedimiento en cuestión corresponde a la licitación pública nacional con número LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025, cuyo objeto es la contratación de servicios especializados de aseo, higiene y desinfección para inmuebles y unidades médicas del instituto.
Según el expediente, el 21 de julio el OIC resolvió un “incidente por defecto” relacionado con el recurso de inconformidad 006/2025. En dicha resolución, ordenó declarar como económicamente solvente a la empresa Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, S.A. de C.V., e instruyó omitir cualquier revisión adicional en materia técnica o jurídica. La instrucción fue acompañada de una advertencia dirigida a los servidores públicos responsables del procedimiento.
La oferta de Armot había sido desechada inicialmente con base en el numeral 10.15, inciso L, de las bases de la licitación, que establece criterios para rechazar propuestas que presenten elementos ambiguos o contradictorios sobre la prestación del servicio.
El contrato se asignó originalmente el 12 de febrero a Ocram Seyer, S.A. de C.V., en participación con Wilk S. de R.L. de C.V., luego de cumplir con los requerimientos técnicos y económicos establecidos en el concurso.
En el recurso presentado, la ACUEC advierte sobre posibles inconsistencias en la evaluación de Armot, entre ellas la falta de estados financieros completos del ejercicio 2023 y el uso de facturas canceladas como prueba documental de capacidad técnica y operativa. A pesar de estas observaciones, la empresa habría recibido 59 puntos sobre 60 en la evaluación técnica.
Además de García Calderón, el escrito involucra a Janet Citlali Ramírez Estela y Guadalupe Montserrat Ángeles Gómez, funcionarias del Área de Responsabilidades del OIC, a quienes se señala por presuntamente omitir acciones frente a las inconsistencias detectadas. Se solicita también una revisión de su situación patrimonial.
El caso plantea cuestionamientos sobre el alcance de la intervención del OIC en los procedimientos de contratación del ISSSTE, encabezado actualmente por Martí Batres.
