Redacción El CoahuilensePor Diego García // CEDIL
En semanas recientes la coalición Alianza Coahuila, integrada por PRI, PAN, PRD y UDC, presentó una reforma al Código Electoral para el Estado de Coahuila que, según su argumentación, busca fortalecer la equidad y garantizar la representación de personas en situación de vulnerabilidad.
En teoría, podría parecer una apuesta por la inclusión, pero en la práctica los resultados podrían ser diferentes.
Para profundizar en algunos de los puntos y riesgos de esta reforma, en el CEDIL Saltillo entrevistamos a Rami K. Mejía Cruz, quien pertenece a la colectiva saltillense Red Arcoiris en Resistencia, y quien posee una amplia experiencia en temas electorales relacionados con la población LGBTI+.
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El objetivo declarado de esta iniciativa es garantizar la participación política de personas en situación de vulnerabilidad, obligando a los partidos políticos a incluirlas tanto en distritos de mayoría relativa como en las listas de representación proporcional.
Sobre el contenido de la reforma y su objetivo, Mejía Cruz nos aclara que “lo que dice, grosso modo, es que los partidos políticos pueden dar una candidatura de mayoría relativa donde ellos quieran, y que esa candidatura va a contar para las coaliciones también. Los partidos pueden agarrar a una persona adulta mayor, y les va a contar”.
La reforma se basa en una interpretación amplia y poco delimitada del artículo 81 de la Carta de Derechos Políticos del Estado de Coahuila, que define la vulnerabilidad mediante una larga lista de condiciones (edad, género, discapacidad, pertenencia étnica, orientación sexual y situación económica, entre otras) sin priorizar a los grupos que enfrentan barreras estructurales más severas.
Sobre el problema detrás de tomar de este modo al artículo 81 nos mencionan que “la reforma define como vulnerabilidad la edad, sexo, origen étnico, si eres periodista o algunas otras características asociadas a una condición de vulnerabilidad. Es una acción afirmativa genérica, es para todas las personas, no contempla medidas específicas”.
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Al hacerlo de esa manera, se diluye el sentido de las acciones afirmativas, pues cualquier persona que encaje en alguno de esos criterios puede ser utilizada para cumplir con la cuota, sin que ello represente un avance real en la representación de los sectores históricamente excluidos.
Al respecto Mejía ahonda que “no sólo peligran las acciones afirmativas de las personas LGBTI+, peligran las acciones afirmativas de todas las personas de los grupos de atención prioritaria. Es hacer que las personas en situación de vulnerabilidad compitan por esa cuota.
“Además, no considera a los bloques de competitividad: los ignora. Como sabemos, no es igual una acción afirmativa en Saltillo o Torreón que en otros municipios de Coahuila. Peligran todas las cuotas de acción afirmativa. También la reforma busca impedir que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) pueda emitir lineamientos de acción afirmativa”.
Actualmente en Coahuila apenas hay 18 cargos públicos ocupados por personas LGBTI+, distribuidos entre regidurías y sindicaturas. Aunque ello representa un avance frente a décadas de exclusión, sigue siendo una presencia marginal si se compara con el total de cargos de elección popular en el estado.
Además, al observar los municipios y distritos donde se ubican, es evidente que su alcance geográfico y político es limitado. En este contexto la reforma constituye un riesgo, ya que, al generalizar la noción de vulnerabilidad, pone en el mismo plano experiencias profundamente distintas y borra las condiciones específicas de discriminación que enfrentan ciertos grupos, dificultando aún más su acceso efectivo a espacios de representación.
Además, Mejía profundiza sobre el papel del IEC en esta reforma y en la representación de personas en situación de vulnerabilidad:
“Como hay una cuota de acción afirmativa genérica, el IEC no puede pedir una cuota afirmativa específica. ¿Qué ha estado haciendo el IEC este tiempo? Emitir lineamientos y acuerdos de acciones específicas, es decir, que tengamos cuotas específicas para personas con discapacidad, para personas LGBTI+ con base en las poblaciones que sí necesitan visibilidad en los espacios de representación ciudadana”.
Este escenario implica un riesgo significativo para la representación política efectiva, pues, aunque existe una cuota genérica de acción afirmativa, esta limita al IEC para exigir medidas específicas que favorezcan a grupos con necesidades particulares, como personas con discapacidad o integrantes de la comunidad LGBTI+. Frente a esa restricción, el IEC ha buscado compensar esta limitación mediante la emisión de lineamientos y acuerdos que promueven acciones afirmativas dirigidas a quienes realmente requieren mayor visibilidad en los espacios de representación ciudadana.
Al respecto, Mejía concluye: “Si volteamos a ver quiénes nos están representando, ya podemos ver a personas jóvenes, también las personas adultas mayores están representadas. ¿Quiénes no estamos representadas? Las personas LGBTI+, las personas indígenas o las personas con discapacidad.
“Al hacer cuotas o acciones afirmativas genéricas estás permitiendo que no se representen estos grupos, pues elegir a cualquier persona con características de vulnerabilidad cumplirá con estas cuotas, aunque ya posean representación en los Congresos”.
Podríamos afirmar que esta reforma no garantiza una representación auténtica, pues abre la puerta a la simulación. Generalizar una categoría tan importante como la vulnerabilidad desatiende desigualdades específicas y permite a los partidos mantener prácticas excluyentes. Perpetuar una lógica de cumplimientos superficiales mantiene intactas las estructuras que vulneran y discriminan a las personas, al tiempo que trivializan las acciones afirmativas.
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