Redacción El CoahuilenseLa Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) presentó una denuncia contra el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE, Luis Antonio García Calderón, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de limpieza identificado con el folio LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025.
El escrito, recibido en la Oficialía de Partes durante la primera semana de agosto, señala que García Calderón habría instruido a funcionarias del Área de Responsabilidades del OIC, Janet Citlali Ramírez y Guadalupe Montserrat Ángeles Gómez, para que el fallo favoreciera a las empresas Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales y Aseo Privado Institucional.
Entre los señalamientos se destaca la presunta omisión de documentación financiera obligatoria en la propuesta presentada.
“La documentación presentada no está completa, pues la misma no adjuntó ni contiene los estados financieros que la integran y que marca la ley para poder considerar el documento solicitado como completo”, indica el documento entregado a las autoridades.
La ACUEC añadió que, a solicitud de las compañías, el fallo se repitió sin que mediara una nueva evaluación legal o técnica, situación que, según la organización, otorgó ventajas indebidas a las proveedoras de servicios de limpieza.
El historial de licitaciones del ISSSTE muestra que, en procesos anteriores, la propuesta de Armot Seguridad Privada fue rechazada con base en el inciso I) del numeral 10.15, que establece como motivo de descalificación la existencia de información que genere inconsistencias o dudas sobre el servicio. En aquella ocasión, la institución argumentó que la cotización presentada no incluía costos indirectos como insumos, maquinaria ni equipo para el personal.
Asimismo, los registros comparativos de concursos reflejan que la oferta de Armot en 2024 fue mil 336 pesos más alta que la presentada en el proceso de este año.
La organización solicitó que, “una vez comprobada la manipulación dolosa en que incurrieron los funcionarios responsables”, se impongan sanciones administrativas y se investigue el patrimonio de los servidores públicos señalados para determinar si recibieron beneficios económicos derivados de la licitación.
