Redacción El CoahuilensePor Daniel Cárdenas y Andrés Interial // CEDIL
Hay cosas cuyo valor resulta evidente porque aparece en contratos, inversiones o cifras de ingresos. Otras, en cambio, sólo parecen adquirir importancia cuando existe la posibilidad de perderlas. El pasado 8 de junio fue colocada la primera piedra de la nueva planta de amoniaco y urea, denominada Fermachem, en el Cañón de Fernández dentro de la región de La Laguna. Esto ha generado la llegada de un nuevo debate entre los habitantes de la zona, la cual incluye municipios como Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros y Francisco I. Madero.
El debate surge de la preocupación por el impacto ambiental que tendría esta planta sobre el patrimonio natural de la región, pues el Cañón de Fernández no es un sitio más, sino que se encuentra registrado oficialmente como un sitio Ramsar desde 2008, convirtiéndolo en un humedal de importancia internacional. Según el propio organismo, los humedales que poseen este título son “representativos, raros o únicos, y abarcan los sitios de importancia internacional para la conservación de la diversidad biológica” por lo cual se busca su conservación y uso racional.
Es entonces que emerge la pregunta, ¿cuánto valor tiene un ecosistema para la comunidad?. “La gente del municipio de Lerdo y de toda la región dependemos del Cañón no sólo como un recurso ambiental, sino como parte crucial de nuestra identidad”, expresan los inconformes agrupados en la petición “Protejamos el Cañón de Fernández de Durango”, del portal change.org. El Cañón no sólo aporta biodiversidad, también representa identidad regional, recreación y un punto de conexión entre los laguneros y la naturaleza. Sin embargo, esta perspectiva parece diferir de la que tienen las empresas.
Ese conflicto de perspectivas sobre el Cañón de Fernández no es un caso aislado en México. En diversas regiones surgen tensiones cuando los habitantes priorizan la conservación de ecosistemas, el acceso al agua y su identidad comunitaria, mientras los desarrolladores se enfocan en la inversión y el crecimiento industrial. La disputa trasciende lo ambiental para cuestionar quién debe decidir sobre la transformación de un territorio y qué intereses deben prevalecer.
Pese a que la empresa ha declarado cumplir con las regulaciones necesarias para trabajar sin un impacto ambiental significativo, los colectivos ambientales expresan su preocupación por las posibles afectaciones al ecosistema que, según la descripción del sitio de Ramsar, alberga aproximadamente 348 especies de flora y fauna, incluyendo especies sujetas a distintos niveles de protección debido al deterioro de sus hábitats. Además de otras afecciones relacionadas con el consumo de agua y generación de residuos industriales.
La preocupación adquiere mayor relevancia en una región históricamente marcada por el estrés hídrico; considerando que, de acuerdo con el reporte de sequía del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), para mayo de 2026 puntualmente la zona de La Laguna se encuentra en la categoría D0 (anormalmente seco). Es por eso que los ambientalistas temen que proyectos de este tipo aumenten el nivel de sequía y limiten el acceso al agua.
El Cañón de Fernández funge como un punto de captación y abastecimiento de agua por el cuál corre el Río Nazas, mismo que a partir del proyecto Agua Saludable Para La Laguna de la Conagua, en 2021, ha adquirido un papel fundamental como fuente de vida para la Comarca Lagunera, que durante generaciones ha alimentado los acuíferos de los que dependen ciudades como Torreón, Lerdo y Gómez Palacio.
Además, el caso del Cañón de Fernández evidencia la creciente preocupación ciudadana por participar en decisiones que antes parecían exclusivas de gobiernos, especialistas o empresas. Cada vez más personas exigen acceso a la información, estudios ambientales transparentes y mecanismos reales de consulta.
Comunidades, actores activos
Este caso ilustra un fenómeno recurrente en el norte del país: comunidades que buscan inversión y empleo, pero enfrentan la degradación de ecosistemas esenciales para su calidad de vida e identidad. Más allá del dilema entre progreso y protección, el debate debe priorizar la transparencia, la evaluación rigurosa de impactos y la participación activa de los afectados.
El conflicto que rodea al Cañón de Fernández evidencia una transformación social de gran calado que resuena con fuerza en diversas latitudes del territorio nacional. Existe un consenso ciudadano cada vez más sólido respecto de que la gestión y el destino del hábitat no deben ser prerrogativas exclusivas de las esferas gubernamentales o de los grupos de inversión. De hecho, la reciente suspensión de desarrollos turísticos con serios cuestionamientos ecológicos, tal como ocurrió con el proyecto Perfect Day en la entidad de Quintana Roo, pone de manifiesto que la resistencia civil y la opinión pública han logrado consolidarse como actores con una capacidad de incidencia tangible en las resoluciones que transforman su entorno.
Aunado a eso, una parte importante de las protestas no se centra únicamente en el impacto ambiental, sino en la percepción de que la población no fue suficientemente informada o consultada antes del avance del proyecto, pues apenas se conoció el caso una vez que fue anunciada la colocación de la primera piedra.
Tal vez esta sea la enseñanza fundamental que arroja el conflicto en el Cañón de Fernández. Independientemente de los fallos técnicos o legales que se dictaminen próximamente, el debate ha subrayado una interrogante que resuena con fuerza en diversas latitudes de la nación: ¿en quién reside la facultad de decidir sobre el territorio? Frente a un panorama definido por el estrés hídrico, la expansión de las manchas urbanas y la urgencia del crecimiento industrial, los ciudadanos muestran una resistencia creciente a ser meros observadores de resoluciones que impactarán su hábitat por décadas.
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