Redacción El CoahuilensePor Gonzalo Villanueva Ibarra // CEDIL
Cualquier mañana de un día hábil en Saltillo en algún punto de la unidad Camporredondo de la UAdeC, en el Instituto Tecnológico Nacional de Saltillo, en la Universidad Tecnológica de Coahuila, o en cualquiera de las decenas de universidades particulares que han crecido en torno del bulevar Venustiano Carranza, hay alguien que entra al aula a dar la primera de cinco clases del día, probablemente en dos campus distintos, y a quien sólo se le pagará por la hora frente al grupo. Sin cubículo asignado. Sin tiempo institucional para tutoría. Sin contrato anual. Sin sabático. Sin garantía siquiera de que el próximo semestre vuelva a tener carga, pero con la certeza de que tendrá que trabajar tiempo extra sin paga para revisar tareas y preparar clase semana a semana.
Esa figura, la del docente por asignatura, dejó de ser excepción y se volvió norma. El Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030, publicado en el Diario Oficial el 14 de abril de 2026, lo reconoce con franqueza inusual para un documento oficial. De acuerdo con la Subsecretaría de Educación Superior con base en el Formato 911 de la SEP-DGPPyEE, para el ciclo 2024-2025, en México 469 mil 811 personas dan clases en educación superior; sólo 106 mil 98 tienen contrato de tiempo completo. Otras 332 mil 297 trabajan por horas o asignatura. Es decir, 70.7% del cuerpo docente nacional sobrevive por hora-clase.
La intensidad varía según el sostenimiento. En las universidades públicas 59% del personal académico es contratado por asignatura. En las particulares la proporción se vuelve abismal: 84% del cuerpo docente del sector privado vive de la hora pagada. Y la jerarquía académica no protege: en las universidades públicas del país 56 mil 278 profesores que dan clase a nivel maestría y 17 mil 169 a nivel doctorado están contratados por horas. El conocimiento más especializado del país, el que forma a futuros investigadores, lo enseña, en buena medida, gente que cobra por hora clase.
Coahuila no es la excepción. Es, de hecho, una pieza clave del rompecabezas. Según el propio Programa Nacional de Educación Superior (Prones), la entidad supera 50% de tasa bruta de cobertura en educación superior, lo que la coloca junto con la CDMX, Nuevo León, Sinaloa y Puebla entre los estados con mayor expansión del país.
El Concentrado Estadístico del Sistema Educativo Coahuilense 2024-2025, publicado por la Secretaría de Educación del Estado, confirma que 112 mil 673 alumnos cursan educación superior en modalidad escolarizada en la entidad; las cifras del Anuario ANUIES, que incluyen no escolarizada, suben la matrícula a 147 mil 361 estudiantes, 77 mil 678 mujeres y 69 mil 683 hombres en el ciclo. Es una expansión real sobre un cuerpo docente mayoritariamente eventual.
El Prones no sólo enuncia el problema a escala nacional. Mete a Coahuila explícitamente entre las entidades con baja participación financiera en sus universidades públicas estatales. Mientras estados como Morelos, Querétaro, Nuevo León y Sonora concentran una alta proporción de IES públicas con subsidio estatal igual o superior a 50 %, el documento federal apunta a Durango, Colima y Coahuila como entidades donde la aportación local es “sustancialmente menor”.
Sin recursos estatales, no hay basificación posible. Sin basificación, la hora-clase seguirá siendo el contrato dominante.
La UAdeC, donde estudia y trabaja la mayor parte de la población universitaria de Saltillo, opera con la misma estructura tripartita prevista en su Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico: profesores de tiempo completo (40 horas reloj), de medio tiempo (20 horas) y de asignatura o por horas. El reglamento, además, prevé categorías específicas como “Asignatura Enseñanza Superior A” y “Asignatura Enseñanza Superior B”, con requisitos académicos cada vez más exigentes, pero sin una promesa real de tránsito a plaza.
Las cifras lo dicen sin ambigüedad. En la UAdeC la hora-clase de licenciatura se paga en cerca de 97 pesos. En instituciones particulares de la ciudad como la Universidad Vizcaya de las Américas o la Universidad Carolina, la tarifa ronda los 120 pesos por hora. Idealmente, impartir clase en una universidad exige estudios de posgrado, maestría como mínimo, doctorado en ciertos niveles, lo que agrava la precariedad: a más formación acumulada, mayor inversión personal en años de estudio cuya retribución por hora apenas roza el salario mínimo profesional. Un profesor con posgrado y 18 horas semanales en la UAdeC ronda los siete u ocho mil pesos al mes. En periodo vacacional, sin pago.
Lo que para la institución es eficiencia presupuestal, para el docente saltillense es vida laboral fragmentada: ingresos inestables, prestaciones limitadas o nulas, ningún derecho efectivo a periodo sabático, vacaciones sin pago, una carrera profesional sin antigüedad acumulable y, en muchos casos, doble o triple adscripción para alcanzar un ingreso digno. Para la o el estudiante, el modelo se traduce en docentes que entran, dan su clase y se van, sin tiempo institucional para tutoría, asesoría de tesis o seguimiento académico real. La SEP lo reconoce con todas sus letras: el régimen por asignatura “limita de manera significativa” la participación del profesorado en investigación, vinculación, tutoría, formación continua e innovación educativa.
El Prones 2026-2030 aspira a dignificar y profesionalizar al personal académico, buscando incrementar el número de profesores de tiempo completo. Sin embargo, esta meta ha sido enunciada sin el respaldo de un presupuesto.
Esto plantea un dilema político crucial para Coahuila, y en particular para Saltillo, que concentra una parte significativa de la matrícula universitaria estatal. La pregunta es: ¿Es viable mantener una cobertura superior a 50%, acercándose a la meta nacional de 55% para el final del sexenio, dependiendo de docentes que cobran por hora?
La respuesta que ha dado el sistema hasta ahora es afirmativa, aunque la respuesta lógica sugiere lo contrario. La brecha entre ambas reside, literalmente, en la cantidad que el gobierno estatal decida destinar al subsidio ordinario de las universidades públicas coahuilenses.
