AgenciaSaltillo, Coahuila.- A unos días del arranque formal del Proceso Electoral 2026 en Coahuila, la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázarez, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, presentó un exhorto para que las autoridades de los tres niveles de gobierno refuercen la coordinación interinstitucional ante los riesgos de desinformación y manipulación mediante inteligencia artificial.
La legisladora solicitó al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de Coahuila, a las fiscalías especializadas en delitos electorales federal y estatal, así como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que implementen acciones de prevención, monitoreo y atención de contenidos falsos generados con nuevas tecnologías.
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“La apertura formal del proceso electoral 2026 representa un momento de enorme relevancia democrática. Debemos garantizar condiciones plenas de legalidad, equidad y certeza para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto con libertad e información veraz”, expuso Guerrero Cázarez.
La diputada advirtió que el crecimiento de herramientas accesibles de inteligencia artificial permite replicar voz, imagen y video con alta precisión, lo que abre la puerta a la fabricación de declaraciones falsas en cuestión de minutos.
“Hoy es técnicamente posible fabricar declaraciones falsas de candidatas o candidatos, lo que exige capacidades institucionales igualmente rápidas para detectar, desmentir y, en su caso, sancionar”, señaló.
Subrayó que la desinformación electoral no solo afecta a partidos o aspirantes, sino directamente el derecho ciudadano a recibir información veraz y participar en condiciones de igualdad, derechos consagrados en los artículos 6°, 35 y 41 constitucionales.
La diputada aclaró que la propuesta no busca limitar la libertad de expresión. “No se trata de censurar la crítica política. Se trata de impedir que tecnologías emergentes se conviertan en instrumentos para distorsionar la voluntad popular”, puntualizó.
Guerrero Cázarez destacó que, si bien el INE y el IEC cuentan con atribuciones en fiscalización y vigilancia de propaganda, la dimensión tecnológica exige colaboración con instancias especializadas en seguridad digital.
En ese sentido, consideró fundamental el papel de las áreas de policía cibernética federal y estatal, así como de las fiscalías electorales, para establecer protocolos claros, canales de denuncia accesibles y mecanismos ágiles de respuesta.
“La democracia se defiende también en el entorno digital. Nuestra entidad no puede esperar a que un caso de manipulación genere una crisis de confianza para reaccionar”, afirmó.
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Con información de Noticias NRT
