Ana CastañuelaPor Ana Castañuela
Saltillo, Coahuila.- Diputados de la Alianza Coahuila solicitaron a la Secretaría de Educación Pública Federal reforzar las acciones de supervisión, control, vigilancia y seguimiento de las obras de infraestructura educativa del programa “La Escuela es Nuestra”, luego de que la caída de una estructura financiada con el programa federal en una primaria de San Pedro provocó la muerte de un menor.
Los legisladores señalaron que la obra se realizó sin la autorización ni validación del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, ni de la Secretaría de Educación estatal o de alguna otra dependencia de Protección Civil, y no contó con asistencia técnica ni de seguimiento de alguna instancia pública federal responsable, lo que evidenció diversas faltas en el proceso de supervisión de las obras.
“Lo ocurrido en un ejido del municipio de San Pedro, Coahuila, en la que una estructura financiada con recursos del PLEEN se desplomó, evidencia omisiones en los procesos de supervisión, control y validación de obras ejecutadas bajo este esquema”, señalan.
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Expusieron que si bien, el Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), quien se encarga de recibir el dinero del programa social y ejecutarlo en cada institución, tiene la facultad de solicitar asesoría o capacitación en alguna instancia federal de manera gratuita, no se contempla como una obligación.
Por ello, consideran que el CEAP debe contar con la participación de alguna instancia de la Administración Pública Federal o un organismo público responsables de la infraestructura física educativa durante la ejecución de las tareas, además de informar a la autoridad educativa local sobre las obras que planean llevar a cabo.
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“Debemos garantizar que toda obra financiada por La Escuela Es Nuestra cuente con la validación de instancias técnicas competentes y que se respeten los estándares de seguridad estructural.
La participación ciudadana debe ir acompañada de responsabilidad institucional, y es el Gobierno quien debe asegurar que los recursos públicos se ejerzan con eficiencia, transparencia y con seguridad”, expresan.
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