Redacción El CoahuilenseLa banda criminal a la que presuntamente pertenece Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, llegó a acumular hasta 160 millones de pesos en propiedades dentro de la Ciudad de México, mismas que eran obtenidas mediante despojos inmobiliarios, colusión con autoridades locales y escrituras fraudulentas.
La banda, dirigida por un sujeto identificado como Jorge Alberto N, localizaba inmuebles deshabitados o con irregularidades en la Ciudad de México, para después invadirlos y cambiar chapas; esto mientras realizaban trámites de escrituras fraudulentas para “legalizar la propiedad”.
Una vez “legalizados”, los ponían a nombre de empresas de seguridad —utilizadas por esta banda para este y otros delitos— y finalmente hipotecaban los inmuebles o solicitaban préstamos millonarios. Las autoridades señalan que llegaron a reunir aproximadamente 160 millones de pesos en propiedades.
Así consta en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024, donde la Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Rocha Cantú y otras 12 personas más, de formar parte de una banda criminal que opera tráfico de armas, huachicol, venta de droga, lavado de dinero y despojo inmobiliario en territorio mexicano.
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En este último delito, la FGR utiliza el informe SSPC/CONASE/AI/0326/2025 como prueba documental para exhibir que el presunto líder de la banda, Jorge Alberts N, junto a Sergio Abrahán N, “se dedican al despojo de inmuebles para posteriormente con la ayuda de influencias y/o sobornos obtener documentación de las propiedades y ponerlas a su nombre o de alguna de las empresas de seguridad de Jorge Alberts”.
Inicialmente, Sergio Abrahan N, alias Lara, buscaba inmuebles abandonados o propiedades con dueños ausentes o vulnerables, como el caso de una mujer que estaba en un asilo cuando la despojaron de su vivienda.
Además, la banda identificaba los inmuebles por medio de sus conocidos, los cuales les brindaban información a cambio de dinero.
Para asegurarse de realizar el despojo y obtener dinero de las propiedades, la organización utilizaba apoyo de autoridades corruptas para verificar la situación legal de la propiedad.
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Posteriormente, relatan las indagatorias, Lara se encargaba de la logística para introducir personas de forma ilegal a los inmuebles, quienes permanecían dentro unos días.
Incluso, los presuntos operadores de este delito realizaban trabajos de pintura o elaboraban contratos de arrendamiento falsos para simular que no se trataba de una invasión irregular de los domicilios.
Asimismo, la FGR acusa a la organización de tener contactos corruptos dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, como un presunto policía identificado como Delta Chávez que, a cambio de dinero (les solicitaba una cuota de dos mil pesos semanales), les daba apoyo para los despojos.
Luego de incursionar en los inmuebles, la banda realizaba trámites fraudulentos para intentar legalizar los domicilios y ponerlos a nombre suyo o de sus empresas de seguridad.
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A través de intervenciones telefónicas, autoridades detectaron que, con sobornos, lograban conseguir escrituras desde notarías públicas y personal del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Ciudad de México, que acreditaran que las casas eran suyas.
Según la información, llegaron a pagar cuotas desde siete mil 500 pesos para conseguir créditos de propiedad y demás documentos que avalaran la legalidad.
Una vez que conseguían los títulos correspondientes, tramitaban todos los documentos con la finalidad de que ellos aparezcan como propietarios para posteriormente regularizarlos. En algunos casos, se buscaba escriturar a nombre de las empresas de seguridad de Jorge Alberts N.
El objetivo final del despojo era la obtención de ganancias millonarias, y para ello, se acusa a la banda de hacer uso de hipotecas y créditos bancarios.
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Es decir, utilizaban los inmuebles obtenidos ilícitamente para “pedir préstamos millonarios, dejando en prenda el inmueble”, abunda la indagatoria.
Algunos inmuebles más eran utilizados como “centros de operación”, como una bodega que se planeaba acondicionar como “centro de monitoreo y guardar ahí carros”.
Según las intervenciones telefónicas y las pruebas obtenidas por la FGR, mediante este esquema, Jorge Alberts N y su banda “ha logrado reunir un aproximado de 160 millones de pesos en propiedades”.
Este modus operandi se enfocaba principalmente en la Ciudad de México, y en la carpeta de investigación se mencionan propiedades específicas que fueron objeto de despojo o que estaban en proceso de ser adquiridas ilícitamente dentro de la capital del país y zonas aledañas.
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Uno de ellos era una propiedad en Río Guadalquivir 25, en la alcaldía Cuauhtémoc, que fue identificada como un inmueble despojado y era el “cantón” (casa) de Sergio Abrahan N. Esta era la casa de una persona identificada como María de los Ángeles.
En la alcaldía Miguel Hidalgo, se ubicó un departamento en Río Ebro 88; así como otro en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Asimismo se hace mención de otros domicilios en la calle Popocatépetl 474 y avenida México Coyoacán 321.
Los domicilios llegaban hasta zonas de alto poder económico, como Jardines del Pedregal en Coyoacán, donde se ubicaba una residencia más.
Igualmente, mediante las intercepciones telefónicas, autoridades se percataron de que la banda tenía más domicilios objetivo, como una casa en Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, así como otra en Río Danubio, en Cuauhtémoc.
En el caso del domicilio de Río Guadalquivir, la banda criminal descubrió que la dueña, referida como “la maestra”, se encontraba en un asilo.
Posteriormente, Lara le informó a Jorge Alberts que la maestra falleció y afirmaron que era “mejor para ellos”, ya que no habría nadie que reclamara la casa, pues el único hijo que tenía había muerto un año y medio antes.
Se trata de uno de los delitos que esta presunta banda criminal efectuaba y por lo cual un juez de control en Querétaro libró una orden de aprehensión, en la que se incluyó a Jorge Alberts y Lara, así como a Raúl Rocha Cantú, señalado por financiar a este grupo criminal y estar directamente relacionado con los delitos de huachicol.
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