El caso Evangelina Alcalá, “una victoria amarga”

noviembre 24, 2025
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Por Kristel Reyes

El feminicidio de Evangelina Alcalá Valero, habitante del ejido Puebla, municipio Saltillo, es un caso que muestra una vez más la violencia de género, así como los retrasos y fallas en el sistema de justicia en Coahuila.

Ocho años después del crimen, su familia volvió a sentarse frente a un tribunal, y aunque el 11 de noviembre último finalmente se dictó sentencia definitiva contra su agresor, Josafat “N”, por feminicidio y ocultamiento de cadáver, para la familia de la víctima representó un cierre parcial para una herida que jamás podrá curarse.

El 14 de diciembre de 2017 Evangelina fue vista por última vez tras terminar su jornada laboral. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el agresor esperó y rastreó a Evangelina hasta una parada de autobús y después fue asesinada.

Fue hasta el 19 de enero de 2018 cuando su cuerpo fue hallado en una fosa de un terreno baldío en el kilómetro 34 de la carretera libre a Torreón. Posteriormente, en marzo de 2023, las autoridades reportaron que el sospechoso, Josafat “N”, fue detenido en Estados Unidos por una multa de tránsito, ahí se le identificó como prófugo de la justicia, fue deportado e inició su proceso penal en Coahuila.

Así, del 5 al 6 de noviembre de 2025 dio inicio la audiencia donde el Tribunal de Saltillo declaró penalmente culpable a Josafat. Para el 10 de noviembre último se programó la audiencia de individualización de la pena, para definirle su castigo y el “monto de la reparación del daño”, pero se pospuso.

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Finalmente, 11 de noviembre pasado se dictó 50 años de cárcel y una multa de un millón 269 mil 370 pesos contra el agresor.

Durante los años que duró el proceso el caso sumo aplazamientos, revisiones y pausas.

“Justicia lenta no es justicia” 

Durante el proceso, colectivos feministas y familiares de víctimas acompañaron el caso de Evangelina. Entre ellas, Sandra Soto, quien forma parte de la fundación “Serymar Reconstruyendo vidas” que además es hermana de una de las primeras víctimas de feminicidio en Coahuila. Soto compartió que durante todo el proceso las familias se ven obligadas a aprender de leyes, con el único fin de que sus seres queridos tengan justicia.

“Tenemos que ser peritos y ser de todo para lograr esta sentencia. Nosotras nos dedicamos a compartir las fotos de los responsables en redes sociales, los identificamos y es de esa manera que apoyamos un poco a las autoridades para que puedan hacer su trabajo”, dice.

Para la familia de Evangelina, la resolución representa un cierre parcial pero no una verdadera reparación. Su hija mayor, Alondra, quien ha acompañado el proceso desde el inicio, describió la sentencia como “una victoria amarga”.

“La sentencia no es justa, pero en ese momento así se regía la ley y ya no pudimos apelar para una pena más alta. Nunca voy a decir que voy a estar conforme. Queríamos una explicación de dónde estaba ella, y ahora, después de ocho años, se dice justicia, pero justicia lenta no es justicia”, denuncia Alondra.

La joven relató que, desde el momento del crimen, el camino hacia la verdad ha sido devastador para su familia.

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“Con esto no solamente la mató a ella, mató a la familia completa. Ver a mis hermanos así me mataba en vida, más que nada porque queríamos una explicación de dónde estaba ella, pero nunca la tuvimos hasta que lamentablemente se encontró el cuerpo. El proceso fue muy largo”.

“La justicia está llegando” 

Durante el desahogo de las pruebas se presentó como testigo Blanca Azucena “N”, quien rindió su declaración y declaró que años atrás mantuvo una relación sentimental con el acusado, dijo que Josafat la privó de la libertad bajo amenaza de arma de fuego, la violento sexualmente y posteriormente intentó llevarla al monte para asesinarla y enterrarla.

De acuerdo con su testimonio, ella pudo salvarse porque él se quedó dormido en estado de ebriedad.

Ese antecedente fortaleció la acusación de que el agresor actuaba con un modus operandi contra las mujeres.

También ayudó la intervención de un perito en antropología forense, clave para que la sentencia fuera otorgada.

Por parte de la Fiscalía, en el juicio se presentaron pruebas de geolocalización de los teléfonos de Evangelina y Josafat que los ubicaron juntos en el momento de los hechos.

En entrevista con El Coahuilense Noticias, la titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, Katy Salinas, explica que el largo proceso judicial se debió principalmente a la fuga del responsable, lo que obligó a las autoridades estatales a coordinar esfuerzos con autoridades internacionales.

“Estos hechos ocurrieron hace algunos años, cuando priva de la vida a la víctima, oculta el cuerpo y huye posteriormente a Estados Unidos. Derivado de las gestiones de la Fiscalía con departamentos como Interpol, se detiene finalmente y se logra continuar con un proceso penal aquí en Coahuila”.

En cuanto al fallo condenatorio, Salinas considera que representa un mensaje claro sobre la búsqueda de la justicia: “Sabemos que nada repara la pérdida de una persona, pero es fundamental que se llegue hasta las últimas consecuencias cuando se agrede a una mujer”.

Expuso que en lo que va del año todos los casos de feminicidio registrados en Coahuila han sido resueltos y los imputados se encuentran detenidos y procesados. 

De acuerdo con datos de la propia Fiscalía, los feminicidios en 2025 han disminuido en 56% respecto del año anterior, donde durante el mismo periodo ya se habían registrado 18 casos. 

Salinas explicó que, además, por parte de la Fiscalía de la Mujer, existe un programa de apoyo para víctimas indirectas de feminicidio, que incluye becas educativas y apoyo económico para los hijos de las mujeres víctimas.

“Se les acompaña en la parte jurídica durante todo el proceso, es muy difícil enfrentar un proceso penal en estas condiciones” agrega.

Para la Fiscal, el caso de Evangelina Alcalá representa un precedente importante en el estado, pues asegura que “la justicia está llegando” y que los feminicidas deben entender que habrá consecuencias. “Quiero decirle a la ciudadanía en general que confíe en las autoridades, que denuncie los hechos de violencia”.

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